El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no dará a conocer hasta el próximo lunes, 4 de diciembre, si modifica o no la medida de prisión provisional que pesa desde el pasado 2 de noviembre sobre el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros exconsejeros del Gobierno catalán investigados por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, que este viernes han compareciendo ante él para solicitar su puesta en libertad.
Según fuentes judiciales, el juez ha trasladado esa información a los abogados de los diez procesados, los exconsellers y los líderes de Asamblea Nacional y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Estos últimos entraron preventivos en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 16 de octubre también por orden de Lamela, en otra causa por rebelión que ha sido acumulada a la que ahora se instruye en el Supremo.
Las mismas fuentes indican que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers de Exteriores, Justicia y Trabajo Raül Romeva, de RC se han negado hoy a contestar a las preguntas de la Fiscalía.
En la comparecencia, que se produce, a petición de los exconsellers de ERC y PDeCaT encarcelados, así como de los líderes de las entidades independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos ellos solicitan al magistrado Llarena que les deje en libertad provisional mediante unos escritos en los que manifiestan aceptar el artículo 155 de la Constitución y apostar en un futuro por el «diálogo» dentro de la Constitución.
La Fiscalía solicita que sigan en prisión
La Fiscalía ha solicitado este viernes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los siete exconsejeros catalanes y los líderes de ANC y Òmniun Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart continúen en prisión al persistir el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, han informado fuentes fiscales.
Los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han individualizado las responsabilidades de cada uno y se han opuesto a que se les modifique la medida cautelar adoptada para todos ellos «ante la gravedad de los hechos» investigados relacionados con el proceso de independencia de Cataluña.
