La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, que investigue a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra de Inassa en 2001, entre los que se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo, colaboradores cercanos del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón.
En un escrito remitido al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, la Fiscalía pide también la citación de otras 12 personas en calidad de investigados entre los que se encuentra el entonces director gerente de la empresa pública de aguas, Arturo Canalda y de Pablo López de las Heras, José Antonio de Cachavera por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana que habría supuesto un desfalco de 70 millones de dólares para el Canal.
También pide citar como investigados al consejo de administración de la empresa de aguas en 2001 por votar a favor de esta operativa y que lo integraban Pedro Calvo, Juan Bravo, Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.
Solicita que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos, por haber intervenido supuestamente en «aspectos relevantes» de la compra de la filial colombiana del Canal y a Diego Fernando García Arias, vinculado a Inassa en el momento que se concretó la operativa.
Anticorrupción, que apunta que se desviaron fondos públicos con la operativa, destaca en su escrito la «complejidad de esta investigación y la necesidad de impulsarla al estar en una fase muy incipiente» por lo que en la batería de diligencias que dirige al juez también incluye la petición de documentación a la presidencia de la Comunidad de Madrid sobre el acuerdo de noviembre de 2001 para que la entregue en un plazo no superior a diez días.
“Pudo existir una sobrevaloración» en la compra de Inassa
Para Anticorrupción el resultado de la investigación practicada hasta este momento evidencia la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público Canal de Isabel II de esta sociedad colombiana, centradas principalmente en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad INASSA.
Según recoge el escrito de Fiscalía, existe una constatación de que en el precio de adquisición de Inassa pagado por Canal Extensia SA (empresa del Canal) -73 millones de dólares-, “pudo existir una sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses de CYII, no constando que el ente público adoptara los controles necesarios para asegurarse que las condiciones pactadas -especialmente las económicas- eran ajustadas al valor real que correspondía al objeto de su operación”.
Para el Ministerio Público, se omitieron, entre otras comprobaciones, la realización de actuaciones tan relevantes como la práctica de una valoración interna minuciosa y validada por asesores externos especializados, “limitándose a realizarla con la información suministrada por los trabajadores de CYII que se desplazaron a Colombia, entre los que se encontraban José Antonio de Cachavera, Juan Pablo López, Gregorio Arias y Javier Malia”, respecto de quienes pide su imputación.
A su juicio, éstos sustentaron parcialmente su valoración en las efectuadas por los asesores contratados por Tecvasa y Rothschild, sociedades ambas con intereses contrapuestos a los del ente público. (CONFILEGAL/EP)
