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La Audiencia Nacional tumba el nombramiento de la secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias

Eva María Hernández Burgos en su toma de posesión como nueva Secretaría de Gobierno del TSJC (La Provincia).
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La Audiencia Nacional ha dejado sin efecto el nombramiento de la nueva secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Eva María Hernández Burgos, quien tomó posesión del puesto el pasado mes de mayo, designada mediante el procedimiento de libre designación por el Ministerio de Justicia.

Un puesto que ahora deberá abandonar tras el fallo de la titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional, Emilia Peraile, que ha entendido que con dicho nombramiento  se ha vulnerado la ley y las propias bases de la convocatoria.

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Según ha informado el SISEJ en un comunicado “Se trataba de algo tan obvio como que el puesto requería un mínimo de 10 años de antigüedad, y la candidata elegida tenía solo 5 años en la categoría. Además, existían para el puesto otras candidaturas que sí cumplían los requisitos legales, y, pese a ello, el gabinete de Rafael Catalá ​decidió deliberadamente seguir adelante con el nombramiento ahora anulado”.

No tenía los 10 años de antigüedad requeridos

En su sentencia, con fecha 26 de diciembre, la magistrada recoge los argumentos de la denunciante, que interpuso un recurso contra la resolución del Ministerio, y que señala que “a ese puesto de libre designación solo podían optar letrados de la Administración de Justicia “de la categoría primera y de la categoría segunda, con un mínimo de diez años de antigüedad en éste último caso”.

Eva Hernández, con un puesto en la Audiencia Provincial de Las Palmas, tan solo tiene acreditados 5 años de experiencia. Eso no impidió que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias eligiese su nombre entre una lista de aspirantes que sí cumplían los requisitos.

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En la sentencia, la jueza recuerda al Ministerio que la propia convocatoria hace referencia a la necesidad de tener 10 años de experiencia en la categoría segunda consolidada. “No cabe duda que la resolución cuestionada ha vulnerado la normativa de aplicación y la propia convocatoria”, señala.

El fallo contiene además la “expresa condena en costas a la Administración recurrida”, en este caso la Secretaria de Estado de Justicia.

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Para el SISEJ la anulación marca “el inicio del fin de una etapa muy oscura en el Ministerio”

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) insisten en que “pese a que no se trata de una sentencia firme”, entienden “que la anulación del nombramiento de la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias debe marcar el inicio del fin de una etapa muy oscura en el Ministerio de Justicia, caracterizada por una apropiación de las instituciones públicas que son y deben ser de todos y para todos”.

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En este sentido, recuerdan que pese a que el Consejo del Secretariado informó previamente a favor de dicho nombramiento ilegal,  el vocal de la Plataforma conjunta de Letrados de la Administración de Justicia, que integramos las organizaciones SISEJ y UPSJ, votó en solitario oponiéndose a dicho informe por el motivo que ahora estima la Audiencia Nacional.

En una sentencia con fecha de 26 de diciembre, la Audiencia Nacional estima el recurso presentado por una aspirante a la plaza en cuestión y acuerda anular el nombramiento porque la resolución de Justicia “no es ajustada a Derecho”.

Una llamada urgente a la reflexión

El SISEJ valora positivamente la citada sentencia de la Audiencia Nacional y “llama a una seria y urgente reflexión de los poderes públicos y denuncia “la gravedad del uso que está haciendo este Ministerio de Justicia de las instituciones, incluso al margen de la legalidad”.

Recuerdan que el mes anterior a este nombramiento ahora anulado,”la Plataforma Conjunta de Letrados de la Administración de Justicia denunció que el Ministerio de Justicia mantuvo ilegalmente en el cargo a una vocal del Consejo del Secretariado, en concreto a Zayda Sierra, que ya no estaba en servicio activo en el Cuerpo. El propio Ministro se vio obligado a dictar una Orden para sustituir a la vocal ante la repercusión pública de dicha denuncia”.

Otro nombramiento para un cargo de libre designación por el Ministerio de Justicia que “estuvo también impregnado de polémica fue el caso del nombramiento de la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, que recayó en María Asunción Mosquera Loureda, una compañera de pupitre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en detrimento de otro candidato con mejor curriculum y experiencia”.

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Asimismo, insisten en denunciar que “este Ministerio de Justicia impulsó en 2015 a última hora la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que todos los puestos de Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal Supremo fueran de libre designación, y no por antigüedad en el escalafón como hasta ahora”.

A ello hemos de sumar la falta de transparencia, control público y rendición de cuentas en la cobertura de puestos de Letrado de la Administración de Justicia en comisión de servicios, algo muy conocido en nuestro colectivo que está siendo una constante durante toda esta legislatura.