El nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid comienza su mandato con una “patata caliente” sobre la mesa

El nuevo decano del Colegio de Abogados, José María Alonso, con los protagonistas de su patata caliente: Sonia Gumpert, su antecesora en el cargo, y Alejandro Pintó. Confilegal.
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José María Alonso, el vencedor en la recientes elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, toma hoy posesión de cargo como nuevo decano de los colegios del Foro con una “patata caliente”, muy caliente, sobre su mesa.

Porque está obligado, junto con su Junta, a tomar una postura pública y oficial sobre supuesta  la agresión que sufrió su antecesora, la decana saliente, Sonia Gumpert, la noche electoral, el pasado 13 de diciembre, por parte de Alejandro Pintó y dos personas más en uno de los cuatro ascensores del Novotel Madrid Center de la capital.

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Todo el mundo tiene muy presente la inacción de la Junta de Gobierno que presidió Antonio Hernández-Gil -y de la que formó parte Alonso- en el caso de la querella contra el entonces magistrado Baltasar Garzón por prevaricación.

Querella que finalmente materializaron Ignacio Peláez, José Antonio Choclán, y Pablo Rodríguez Mourullo.

El caso es mucho más grave que aquel, que dejó tocado gravemente en su credibilidad a aquella Junta, porque sucedió, precisamente, en la “cocina electoral”, porque la agredida fue la decana del Colegio en ese momento y porque, a efectos legales, es una autoridad.

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Su categoría equivale a la de presidente de Sala del Tribunal Supremo, de ahí la importancia del caso. La pena para este tipo de delitos va de 1 a 4 años de prisión.

No puede haber “pasapalabra”

Por eso, Alonso -exsocio director de Garrigues, exsocio director y presidente de Baker & McKenzie, conocedor del valor de la jerarquía y la autoridad en la que se basa- no puede expresarse en plan “pasapalabra”.

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Todos los ojos están puestos sobre la decisión que van a tomar él y los suyos en la reunión que celebre la primera Junta. Máxime cuando el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ya apoyó expresa y públicamente a su vicepresidenta. 

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La cosa, para ellos, es desagradable, hay que reconocerlo, porque el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), del que Pintó fue fundador -y con el que no tiene relación ahora, según fuentes de ese instituto-, apoyó expresamente a Alonso.

Dos de sus profesores formaban parte de su candidatura y ahora son diputados del mayor colegio profesional de Europa.

Medidas

Las medidas a tomar contra Pintó en esta fase del conflicto, según fuentes legales consultadas, tendrían que ser de dos clases: disciplinarias y penales.

Desde el punto de vista disciplinario, la nueva Junta de Gobierno del ICAM podría abrir una información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso.

Aunque lo más probable, ya que el caso se conoce bien porque es de dominio público, es que pasara directamente a la apertura del expediente disciplinario, cuya instrucción correspondería al propio decano, a uno de los diputados o a la Comisión de Deontología, lo que decida la Junta.

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Javier Íscar, el cabeza de la candidatura que quedó en segundo lugar -al que apoyaba Gumpert-, instó a la futura Junta de Gobierno de Alonso, al día siguiente de las elecciones, tras conceder la victoria, a abrir un expediente disciplinario a Pintó.

Esa medida, sin embargo, sería la que menos conflicto produciría porque desde el minuto uno de la apertura del expediente su tramitación tendría que suspenderse por la existencia del procedimiento penal, resultante de la querella presentada por la decana saliente y de cuya instrucción es responsable la magistrada del Juzgado de Instrucción 45 de Madrid, e María Luisa Prieto Ramírez.

Una querella por lesiones, amenazas y atentado contra la autoridad, acusaciones que niega Pintó. 

“Pesos pesados” por ambas partes

La decisión más difícil para Alonso y su Junta de Gobierno será la de personarse, o no, como acusación popular contra Alejandro Pintó en el procedimiento.

Es un auténtico dilema. Lo que decidan marcará el devenir de su mandato y hará que los cinco años de gobierno sean más o menos pacíficos.

Un asunto que podría haberse desactivado en las primeras horas de la mañana con un café entre las partes -con unas disculpas sinceras y apelando al bien mayor que supone la imagen y la reputación del Colegio- ha devenido en una instrucción, y un futuro juicio que posee los ingredientes del mejor de los espectáculos mediáticos.

Cada parte, además, ha escogido a pesos pesados de la jurisdicción penal para que los representen.

Sonia Gumpert a Javier Gómez Bermúdez, magistrado en excedencia, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ahora socio del conocido despacho Ramón y Cajal Abogados -en colaboración con el penalista José Antonio Tuero-.

Alejandro Pintó a Pau Molins, socio director del despacho de Barcelona Molins & Silva, quien defendió a la Infanta Cristina en el caso Nóos, y que tiene entre sus clientes al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y al presidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez. 

A estos hay que sumar ahora otro peso pesado, como acusación popular: Nicolás González-Cuéllar, socio director de González-Cuéllar Abogados, que, desde el minuto uno, apoyó a Gumpert.