¡Por fin! Tras un largo periplo de 8 años, en el que hemos parado miles de desahucios, negociado miles de daciones en pago y alquileres sociales (hechos ambos que se nos vendían como imposibles por políticos y banqueros) presentado una ILP estatal avalada por 1.5 millones de firmas, promovido ILPs (iniciativas legilativas populares) y leyes autonómicas que siguen pendientes del Tribunal Constitucional, recibido cientos de golpes y porrazos y de multas, por fin el pasado día 10 de enero conseguimos registrar en el Congreso la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Pese a que desde la PAH nos hemos reunido con todos y cada uno de los grupos políticos presentes en el Congreso, la proposición de ley llega al Congreso avalada por los grupos de Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu, con las ausencias de PP, Cs y, la más incomprensible, del PSOE.
Es una ley necesaria, ya que, hasta el tercer trimestre de 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se han iniciado 23.685 nuevas ejecuciones hipotecarias (desahucios en el futuro), y se han producido un total de 45.495 desahucios, de los cuales 16.992 son derivados de ejecuciones hipotecarias y 26.467 de impago de alquiler (Ley de Arrendamientos Urbanos).
La diferencia entre la suma de ambos y el total (2.036 desahucios) corresponden a otros lanzamientos (fincas rústicas, locales comerciales… etc.).
Es necesario tener en cuenta además, que actualmente existen cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria en los juzgados, suspendidos en su tramitación, a la espera de reactivarse cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva 2 cuestiones prejudiciales planteadas por el Supremo sobre las cláusulas de vencimiento anticipado y la de intereses de demora.
Es una ley que, mediante 5 reivindicaciones, pretende hacer frente a la actitud del Gobierno del PP, que, cuando es interpelado en materia de vivienda, despeja balones hacia las Comunidades Autónomas, como titulares de las competencias.
Pero cuando éstas legislan, recurre sistemáticamente al Tribunal Constitucional alegando invasión de competencias, provocando así que las leyes autonómicas no puedan aplicarse en su totalidad.
Pero. básicamente. es una ley estatal de mínimos. necesaria para garantizar el acceso a la vivienda. no como un bien de consumo más, sino como el elemento básico imprescindible para el desarrollo humano en condiciones de igualdad que es, en definitiva: un Derecho Fundamental.
Para lograrlo hemos incluido los siguientes contenidos:
Dación en pago retroactiva
Necesaria para dar cierta justicia a todas aquéllas, de los cientos de miles de familias que fueron víctimas primero de brutales cláusulas abusivas y desahuciadas después en aplicación de una legislación ilegal, según el TJUE, y que aún hoy mantienen deudas impagables y de por vida. Y también para los cientos de miles de procedimientos, hoy suspendidos en los juzgados, pero que se reactivarán una vez el TJUE dicte sentencias en relación con el vencimiento anticipado y los intereses de demora.
Suspensión de todos los desahucios de primera y única vivienda
Sin alternativa habitacional, como vienen reiterando los tribunales europeos, y en coherencia con el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU del pasado mes de junio. Para evitar los 173 desahucios que se ejecutan a diario en España, de los que 11 se llevan a cabo en la región de Murcia.
Obligación de la banca de ofrecer alquiler social
A quienes no puedan hacer frente al pago de su hipoteca.
Garantía de acceso a los suministros básicos
Estableciendo un mínimo vital, y comprometiendo en ello a las empresas suministradoras, suficientemente financiadas por la gente.
Limitar las rentas de alquiler
Estableciendo índices de referencia de precios que impidan los abusos, así como ampliando la duración mínima de los contratos a 5 años para dar estabilidad, pinchando la actual burbuja de alquiler que estamos sufriendo.
También proponemos la creación de un parque público real de vivienda para alquiler que garantice el acceso a vivienda por esta vía. En ese sentido recordamos que existen en nuestro país más de 300.000 viviendas cerradas, sin ningún uso en poder de la banca.
En definitiva, se trata de una ley justa, y absolutamente necesaria para evitar el drama humano que genera la actual legislación en materia de vivienda, para garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos, acabar con la burbuja de alquiler y mejorar sensiblemente las condiciones de igualdad.
La actitud del Gobierno del PP está provocando que la legislación española vaya siendo modificada a golpe de sentencias del TJUE, que van, gota a gota, introduciendo en nuestra legislación los estándares mínimos de derechos de la ciudadanía europea, provocando aún más desigualdad, ya que los derechos de las personas varían en función de cuándo se produce su ejecución hipotecaria, ya que los juzgados las tratan con la legislación o jurisprudencia vigente en cada momento.
La proposición de ley llegará en breve a la Mesa del Congreso, y, a partir de ese momento, el Gobierno dispondrá de un plazo de 35 días para ejercer su opción de veto, si considera que el texto tiene incidencia en los PGE.
Para evitarlo, hemos introducido una disposición adicional que retrasa la aplicación de las medidas que pudieran tenerla.
Aunque la portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, la diputada canaria Ana Zurita, nos reconoció en reunión con su grupo parlamentario que no veía argumentos para ese veto.
Desde la PAH mantenemos una campaña de movilizaciones para evitar ese veto, conscientes como somos de que: ¡Sí se puede!
