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La Ley de Arrendamientos Urbanos, en el punto de mira de los expertos ante el repunte de los desahucios por alquiler

El informe del Defensor del Pueblo advierte que desde la crisis económica del 2010 ha faltado una política clara de viviendaImagen de una de las últimas manifestaciones de la PAH por vivienda digna y alquiler social.
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El aumento imparable de los lanzamientos derivados del alquiler, que representan ya casi siete de cada diez según los datos publicados esta semana por el CGPJ, hace imprescindible para los expertos un análisis de la última reforma del alquiler y la regulación de los precios en las zonas urbanas.

Desde la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorro y Seguros de España (ADICAE) se pide la modificación urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, responsable de que en el primer trimestre del año se hayan producido más de 10.000 lanzamientos.

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 La asociación considera que se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación directa con el Salario Mínimo Interprofesional, con el nivel de renta por habitante y la tipología de la vivienda.

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Para esta asociación resulta contrario a toda lógica que el precio del acceso a la vivienda, especialmente en alquiler, no se abarate y que los consumidores que quieren acceder a una vivienda se encuentren en las mismas dificultades, o peores, que en tiempos del boom inmobiliario.

También reclaman la dotación de mayores ayudas para el alquiler, especialmente para los consumidores más desfavorecidos.

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Para poder frenar esta burbuja del alquiler, ADICAE propone una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales en España y su revisión periódica de uso y condiciones.

En este sentido, esta asociación pide como imprescindible la creación de una bolsa con viviendas desocupadas para ponerlas en el mercado como vivienda social en alquiler.

Hay que recordar que el parque de viviendas vacías es de unos 3 millones, en manos de entidades bancarias o de fondos de inversión.

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En el caso de las ejecuciones hipotecarias, que representan todavía el 25%, las administraciones deben promocionar e implementar las posibilidades para acceder a mecanismos como la reestructuración de la deuda, posibles quitas y la dación en pago que mejoren los derechos de los consumidores en este ámbito.

Una situación crítica

Por su parte, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se advierte Los datos del primer trimestre de 2019, presentados por el Consejo General del Poder Judicial, reafirman la alarma social que llevamos tiempo denunciando.

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Las cifras son aterradoras y en el primer trimestre de 2019 llevamos ya 15.559 desahucios.

El 65,9 % (10.224) son ya derivados por la creciente burbuja especulativa con los precios del alquiler, eso que no contemplan los desahucios silenciosos, los provocados por no renovación al no poder afrontar las subidas inasumibles, el 27,9 % (4.341) se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 994 restantes obedecieron a otras causas.

Aunque en un principio estaríamos hablando de un descenso del 2’2% respecto al primer trimestre de 2018, cabe destacar que, en comparación con el mismo periodo, los desahucios por alquiler han aumentado un 5,2%.

El descenso viene provocado por la caída de las ejecuciones hipotecarias por decimoquinto trimestre consecutivo. Comparando las cifras con las del primer trimestre del año pasado, se ha producido un descenso del 19,2%.

La PAH advierte que no son cifras alentadoras, todo lo contrario, ya que se producen gracias a la moratoria y a la espera de la sentencia sobre el Vencimiento Anticipado, que tienen archivados y paralizados los desahucios por hipoteca.

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Una moratoria que termina en mayo del 2020, que afecta a más de 100 mil familias y que urge a tomar determinadas medidas.

Desde la PAH se habla de impulsarla aplicación del Dictamen DESC, de la ONU, una modificación de la Ley del Crédito Inmobiliario (LCI) del Vencimiento Anticipado y de la Responsabilidad Limitada o una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que contemple la regulación de los precios del alquiler.

Al mismo tiempo desde la PAH se habla de eliminar los beneficios fiscales a las SOCIMIS y fondos buitre y frenar la venta a estos especuladores de la vivienda en manos de la banca movilizándola para ampliar el parque público de vivienda – en un año estas cifras pasarán a ser terroríficas.

Si desglosamos los datos por comunidades autónomas, Cataluña (con 3.557, un 22,9 % del total nacional) sigue liderando el ranking de los desahucios seguida de Andalucía (2.499), Comunidad Valenciana (2.119) y Madrid (1.730).

Si se tienen en cuenta únicamente los derivados del impago del alquiler, Cataluña ocupa también la primera posición (2.335, el 22,8 %), seguida por Andalucía (1.422), Madrid (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254).

En los derivados de ejecuciones hipotecarias Murcia –la única en la que siguen produciéndose más desahucios por hipoteca que por alquiler-, fue la quinta comunidad con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en esos tres meses (291).

Tras Cataluña (1.092, el 21,4 % del total nacional), Andalucía (1.065), la Comunidad Valenciana (706) y Madrid (415).

Desde la PAH, se insiste en que llevan los últimos diez años denunciando las políticas al servicio de la especulación y la falta de voluntad política de los distintos gobiernos que se han ido sucediendo para revertir la situación, legislar al servicio de las familias, en lugar de dejarlas en la calle.

Sus propuestas siempre han sido claras son claras, de justicia y de sentido común y no vamos a desfallecer hasta lograr una legislación que garantice el derecho a la vivienda para todas y que este deje de ser tratado como una mercancía al servicio de una pocas.

Desde este colectivo ante un nuevo momento de cambio de Gobierno al que exigen la altura política para cambiar las reglas del juego y no quedarse en medidas insuficientes de puro maquillaje como es habitual. 

Para la PAH es el momento de un Plan de Choque frente a la emergencia habitacional o se está con el mercado especulativo.

El Defensor del Pueblo pide una política de vivienda clara

El propio informe del Defensor del Pueblo del 2018, presentado recientemente, denuncia que desde el 2010 se ha vivido un retroceso en política de vivienda que nos ha conducido a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como este.

Lo más grave es el comentario del propio Defensor en funciones que ha llegado a decir que “no habido política de vivienda”.

Esto ha derivado en la realidad actual en la que las administraciones no cuentan con viviendas suficientes para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales más urgentes, como desahucios de unidades familiares con menores de edad.

En este contexto, el Defensor ha pedido a las administraciones que se doten de recursos suficientes y busquen nuevas vías, más rápidas y eficaces, para atender las situaciones de emergencia social, sobre todo cuando hay menores implicados.

Son casos que requieren soluciones inmediatas ya que la necesidad de vivienda y urgencia es mayor.

Además, el Defensor inició en 2018 una investigación con los ministerios de Fomento y de Justicia por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios.

La Institución ha reclamado que ambos departamentos analicen en profundidad y de manera coordinada el Dictamen del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que en 2017 determinó que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa.

Asimismo, preocupan especialmente a la Institución las consecuencias de la venta de vivienda pública a empresas privadas. Por ello, ha pedido que se creen procedimientos específicos de adjudicación de vivienda protegida para los afectados.