Josu Izaguirre, fiscal jefe de Álava.
El fiscal jefe de Álava asegura que la trama De Miguel actuaba amparada por el «establishment»
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18/1/2018 12:44
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Actualizado: 02/8/2018 13:34
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El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha rechazado los argumentos de la defensa para reclamar la nulidad del proceso por el ‘caso de Miguel‘, en el que están acusados varios exdirigentes del PNV, y ha asegurado que existen pruebas sobre la existencia de una «trama» de corrupción que actuaba con «desvergüenza» y que contaba con el apoyo del «establishment» para reclamar el pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos a empresa privadas.
Izaguirre ha repasado este jueves, en la cuarta sesión del juicio por el ‘caso de Miguel’, las investigaciones realizadas en la fase de instrucción de este procedimiento, en el que hay 26 acusados, entre ellos el ex ‘número dos’ del PNV de Álava y antiguo diputado foral, Alfredo de Miguel, que se enfrenta a una posible pena de 54 años de cárcel.
El fiscal ha rechazado los argumentos planteados por las defensas de los acusados para reclamar la nulidad total del procedimiento por las supuestas irregularidades y la vulneración de los derechos fundamentales de los imputados en la fase de instrucción.
Izaguirre ha defendido el «magnífico trabajo» del juez instructor, así como la «impecable» labor realizada por la Ertzaintza, y ha asegurado que todo el proceso se ha desarrollado de forma absolutamente «garantista» con los derechos de los investigados.
Esta investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en 2009 por la empresaria Ainhoa Alberdi por el «acoso» y «amenazas» que estaba sufriendo para el pago de unas comisiones irregulares por un contrato relacionado con el Parque Tecnológico de Álava que se había adjudicado a la empresa de la que era administradora, según ha recordado el propio fiscal.
«UNA TRAMA REAL»
El representante del Ministerio Público ha subrayado que aquella denuncia estaba acompañada de varios correos electrónicos y grabaciones de sonido que acreditaban las presiones dirigidas contra Alberdi, unas evidencias a las que ha otorgado «veracidad». De hecho, ha subrayado que las pruebas aportadas por la empresaria «ponen de manifiesto que estamos ante una trama real».
Izaguirre ha recordado que la empresaria denunció haber sido víctima de «acoso y coacciones» por parte de De Miguel, el también exdirigente del PNV alavés Aitor Telleria y el exgerente del Parque Tecnológico de Álava, Alfonso Arriola -también imputados en la causa–, con las que estas personas habrían tratado de reclamarla el pago de comisiones ilegales por un contrato que se había concedido a su empresa en relación con la ampliación de este complejo, ubicado en Miñano.
«ACOSO Y COACCIONES»
Izaguirre ha recordado que la empresaria denunció haber sido víctima de «acoso y coacciones» por parte de De Miguel, el también exdirigente del PNV alavés Aitor Telleria y el exgerente del Parque Tecnológico de Álava, Alfonso Arriola, con las que estas personas habrían tratado de reclamarle el pago de comisiones ilegales por un contrato que se le había concedido en relación con la ampliación de este complejo, ubicado en Miñano.
El fiscal ha explicado que, antes de presentar la denuncia y de empezar a registrar con una grabadora las conversaciones que mantenía con estas personas, la empresaria recurrió al presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julian Sánchez Alegría, otro de los acusados en este proceso.
Izaguirre ha subrayado que, en lugar denunciar los hechos, tal y como era su «obligación» como empleado público, Sánchez Alegría se puso en contacto con De Miguel para decirle: «sigue haciendo lo que tienes que hacer; pero, por favor, sé más discreto».
«CALLEJÓN OSCURO»
Alguno de los correos aportados como prueba por Ainhoa Alberdi fueron remitidos desde la cuenta oficial que Alfredo de Miguel tenía como diputado foral de Álava. Izaguirre ha subrayado que las personas que integraban este entramado tenían «el poder, la inconsciencia o la desvergüenza de reclamar las comisiones, no en un callejón oscuro o a través de intermediarios, sino enviando correos desde una dirección oficial de la Diputación Foral de Álava, reclamando sin ningún tipo de vergüenza ni desdoro cantidades concretas a pagar».
«No se trata de personas aisladas o de calentones, sino de personas que se encuentran amparadas por todo el ‘establishment’, desde el presidente del Parque Tecnológico de Álava, hasta personas que desde el punto de vista legal tenían la obligación de denunciar (los hechos) y que lejos de hacerlo, intentaron encubrir y amparar», ha manifestado el fiscal.
El representante del Ministerio Público ha señalado que a través de una «deducción simple y sencilla» basada en las evidencias recabadas en la fase de instrucción, se puede determinar que éste no es un caso «concreto y aislado» que afecte a una sola persona, sino que se trata de «una verdadera trama, un grupo con una capacidad y poder muy amplios», que se dedicaba al cobro de «comisiones» a cambio de la adjudicación de contratos públicos a empresas privadas.
«COBRO ILÍCITO»
También ha rechazado los argumentos de las defensas para tratar de invalidar la acusación de asociación ilícita, uno de los numerosos delitos que se atribuye a los imputados. El fiscal ha destacado que los miembros del presunto entramado tenían un «acuerdo» para «el cobro ilícito de comisiones», y ha afirmado que las alegaciones contra la imputación de esta figura penal carecen de «trascendencia».
Por otra parte, ha defendido la validez de las 24 grabaciones de audio realizadas por Alberdi. El fiscal ha subrayado que las defensas que han denunciado que las grabaciones están manipuladas no han indicado en qué consiste la supuesta manipulación.
Además, ha negado que se haya vulnerado la cadena de custodia del dispositivo digital con el que se realizaron las grabaciones, por lo que ha defendido el valor probatorio de estas evidencias. En todo caso, ha recordado que la reciente sentencia del ‘caso Palau’, referida al cobro de comisiones ilegales en Cataluña, señala que el «quebranto» de la cadena de custodia afecta sólo a la prueba en la que no se ha guardado esta garantía, y «en modo alguno» puede interpretarse como una vulneración de los derechos fundamentales de los acusados.
Izaguirre ha recordado que, incluso si no se tienen en cuenta las grabaciones, existen muchas otras pruebas para sustentar la acusación, entre ellas, los correos electrónicos aportados por la denunciante.
«APORTACIÓN VASCA A LA CORRUPCIÓN»
A lo largo de su intervención, el fiscal ha ironizado sobre algunas cuestiones referidas a los hechos investigados. En un momento dado, y en referencia a Kataia Consulting, una de las empresas empleadas por la presunta trama para el cobro de comisiones, ha manifestado que «sólo en nuestra querida tierra, la sede de un entramado corrupto podría estar en una sociedad gastronómica». «Ésa es la aportación vasca a la historia de la corrupción», ha añadido.
En una línea similar, ha manifestado que Alfredo de Miguel, al que considera el máximo responsable de la presunta red, «estaba en todas partes», aludiendo así a la supuesta implicación del exdiputado en las numerosas ramificaciones del entramado que está siendo objeto de investigación.
AL FINAL DEL JUICIO
Por otra parte, el presidente del tribunal que juzga este caso, Jaime Tapia, ha aceptado este jueves la petición de las defensas para que los 26 acusados testifiquen en la parte final del juicio, después de la toma de declaración a los testigos y peritos, así como del análisis de las pruebas documentales. Hasta entonces, y salvó que así lo deseen, los acusados no tendrán la obligación de asistir a las sesiones en las que se tomará declaración a testigos y peritos.
La petición de los abogados, que argumentaban que de esa forma existen más «garantías» para la protección del derecho a la defensa de sus representados, ha contado con el visto bueno de la Fiscalía, que la ha considerado «razonable».
El magistrado también ha anunciado que no se pronunciará sobre la petición de la nulidad del procedimiento solicitada por las defensas hasta que haya concluido el juicio, de forma que su decisión sobre estas alegaciones se plasmará en la sentencia.
El juicio del ‘caso De Miguel’ se reanudará el 19 de febrero. (EP)
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