Vladimir Kokorev en su casa de Las Canteras, en Gran Canaria.
Vladimir Kokorev en libertad, sin fianza, tras pasar 28 meses en prisión provisional
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01/2/2018 06:15
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Actualizado: 31/1/2018 22:16
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Tras 28 meses en prisión, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, investigado como presunto testaferro del dictador guineano Obiang, ya se encuentra en libertad sin fianza en su vivienda en Las Canteras a la espera de juicio, que se podría dilatar en el tiempo, dado que la investigación aún no ha concluido y no hay un horizonte penal establecido.
En un auto de excarcelación fechado el pasado 19 de enero, al que ha tenido acceso CONFILEGAL, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas admitió el recurso de apelación interpuesto por Vladimir Kokorev contra el auto, del 5 de diciembre de 2017, que fijaba su continuidad en prisión provisional bajo fianza de 600.000 euros.
Además, la Audiencia le impone «la prohibición de salida de la isla de Gran Canaria (medida dicho sea de paso interesada por la defensa en el acto de la vista) y retirada del pasaporte así como con las obligaciones de comunicar al Juzgado cuantos cambios de domicilio realizare y de comparecer «apud-acta» en el Juzgado o en la Sala de la Audiencia Provincial que vaya a celebrar el juicio semanalmente».
Desde el momento en que se impuso la fianza, su defensa subrayó que era imposible el pago, como ahora ha fijado la Audiencia Provincial, porque “tiene todos sus bienes y cuentas embargados sometidos a una prohibición judicial de disponer por el órgano jurisdiccional por lo que si estos no se admiten se le deberían imponer otras medidas cautelares, ya que las económicas son inviables por la propia decisión judicial”.
En en citado auto de excarcelación, del que ha sido ponente el magistrado Carlos Vielba, la Sección basa su decisión en que Kokorev lleva más de 28 meses en prisión provisional, por lo que el riesgo de fuga se ha minimizado.
También alega la Sección que la investigación se ha dilatado, «por lo que el juicio ni tan siquiera se habrá iniciado a la fecha del fin de la prórroga, es por ello que mantener la prisión cuando tal medida ya se habrá necesariamente alzado (sin prestación de fianza alguna) en el momento del juicio».
Como ha asegurado en reiteradas ocasiones uno de los letrado de Vladimir Kokorev, Antonio José García Cabrera, “Por ley, Vladimir Kokorev tendría que haber abandonado la prisión el 9 septiembre de 2018, al cumplirse tres años de prisión preventiva, la mitad de la pena máxima que previsiblemente se le pudiera imponer que son 6 años”.
«No tiene sentido que tras haber cumplido casi dos años y medio de prisión, sobre una pena máxima de seis años, fugarse. Siempre que le condenaran», concluye García Cabrera.
Un hombre con muchos problemas médicos
La defensa de Kokorev insiste en que ahora «lo prioritario para la familia es que se le realice un buen diagnósticos de todas sus enfermedades y que se le de un tratamiento rápido. Es muy importante destacar la parte humanitaria de este asunto».
E insisten también en que «si el juicio se demora años, habría que estudiar que no pueda moverse de la isla de Gran Canaria, puesto que son ciudadanos españoles y que tiene un domicilio en Madrid, se podría plantear a medio plazo que les permitieran desplazarse por el territorio nacional y desplazar su domicilio a Madrid».
Vladimir Kokorev, investigado por ser el supuesto testaferro de Teodoro Obiang,ha pasado mas de 28 meses en prisión provisional.
Detenido desde septiembre de 2015
La familia Kokorev fue detenida en septiembre de 2015 y se le imputa el blanqueo de 26,4 millones de dólares procedentes de una cuenta del dictador Obiang. Algo que siempre ha negado sus defensas alegando que todas las operaciones de los Kokorev están documentadas, con facturas. Es más “ingresaron 27 millones de euros de las transacciones en una cuenta del Banco Santander, no en paraísos fiscales”.
La investigación de este caso comenzó en 2003, cuando el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España detectó que el matrimonio manejaba estas cantidades de dinero, que venían de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial abierta en el Banco Riggs de Nueva York.
Los Kokorev se encuentran en prisión desde que el 9 de septiembre de 2015, fueron extraditados desde Panamá donde fueron detenidos, después de una larga e intermitente investigación que inició en 2008 tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos. Unos hechos por los que podrían ser condenados a 6 años, según sostienen sus letrados.
En septiembre del año pasado el juzgado de Instrucción número 5, decidió prorrogar dos años más la prisión provisional del matrimonio.
Sin embargo, ese mismo mes, la Audiencia de Las Palmas dejó en libertad provisional a Julia, la esposa de Kokorev, y a su hijo Igor, que también estaba en prisión y le impuso a Vladimir Kokorev una fianza de 600.000 euros. Una fianza que ahora no tendrá que abonar, al quedar acreditado que no puede hacer uso de su dinero por tenerlo embargado.
La Sala estimó los recursos de los Kokorev porque “la medida de prórroga de la prisión provisional adoptada, podría vulnerar el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución , y del artículo 5 CEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) , al resultar desproporcionada en razón de la naturaleza del delito objeto de investigación”.
Un ponente polémico por sus declaraciones xenófobas
El magistrado Carlos Vielba, actualmente destinado en la Sección Sexta de lo Penal, de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, ponente de este recurso de apelación de Vladimir Kokorev, es el magistrado que el pasado 23 de septiembre de 2016 realizó comentarios xenófobos contra ciudadanos extranjeros, en especial contra los rusos, rumanos e italianos, lo que motivó el año pasado al Consulado de Rusia en Las Palmas a presentar una queja al Consejo General del Poder Judicial y a pedir que este juez fuera apartado de los recursos que presentara la familia solicitando su libertad.
El Consejo General del Poder judicial archivó en agosto del año pasado las diligencias informativas abiertas contra el magistrado Carlos Vielba por los comentarios realizados hacia los ciudadanos rusos en una conversación que mantuvo con sus compañeros en el “office” de la Audiencia Provincial.
Esa conversación fue grabada por el juez Salvador Alba, que intentó incriminar a su compañero en la reunión que mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez para maquinar una declaración en contra de Victoria Rosell, entonces magistrada en excedencia y diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.
El pasado mes de agosto, el Consejo General del Poder Judicial archivó las diligencia informativas y decidió no incoar expediente disciplinario contra el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Carlos Vielba, como el autor confeso de los comentarios xenófobos vertidos contra rusos, italianos y rumanos. Unos comentarios que el propio Vielba aseguró que fueron realizados “en tono humorístico”.
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