El magistrado que hizo comentarios xenófobos contra ciudadanos extranjeros es Carlos Vielba, actualmente destinado en la Sección Sexta de lo penal, de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, según varias fuentes que lo han identificado, sin ningún género de dudas.
Dichos comentarios se produjeron en el curso de una conversación grabada por el también magistrado Salvador Alba, el 23 de septiembre de 2016, en el «office» de ese órgano judicial.
En la misma participaron Alba, y sus tres compañeros, Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial y de esa Sección, José Luis Goizueta y Vielba.
Durante la conversación este último afirma: «Yo estoy acojonado en el colegio. En el colegio hay rusos. Entra un ruso y tiene una pinta de mafioso… Jovencito».
Cuando uno de sus compañeros le interpela diciéndole que en Rusia habría de todo, este le responde: «En Rusia, sí, pero fuera de Rusia y jovencitos, unos mafiosos. Y todos los italianos del sur. Todos. Mafiosos, todos; de Roma para abajo».
Refiriéndose a las ciudadanas de origen rumano, el magistrado dice: «Y todas las rumanas, putas. ¿Tú pondrías a un albano-kosovar en tu casa, a cuidar de tus hijos? ¿No? Pues lo mismo».
Recientemente el Consulado Honorario de la Federación Rusa en Canarias presentó una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y otra ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las deplorables manifestaciones xenófobas y contra los ciudadanos de origen ruso realizadas por ese magistrado, desconocido hasta hoy.
Y solicitó al TSJC que fuera identificado.
Sin embargo, TSJC ha negado la solicitud argumentando que carecen de competencias para ese fin.
Esto ha llevado a los abogados del citado Consulado a presentar una segunda queja, esta vez ante el CGPJ, pidiendo expresamente que se identifique al magistrado en cuestión, que se da la circunstancia de que ha sido el ponente del tribunal que ha negado hasta en tres ocasiones la libertad provisional al empresario de 65 años, Vladimir Kokorev, su esposa, también de 65 años, Julia Kokoreva, y su hijo Igor, de 35 años, quienes llevan ya 21 meses en prisión preventiva.
Recusación
La representación diplomática rusa quiere conocer la identidad del magistrado para recusarlo en todas los asuntos en los que estén encausados ciudadanos de su país.
Según José Antonio Penichet, letrado que representa al citado consulado, también es necesario “conocer qué procedimientos ha llevado ese magistrado, y analizando caso a caso, ver si eran casos sobre los que decidía él solo o formaba parte de un tribunal colegiado”.
Desde su punto de vista, este tipo de declaraciones vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, contemplado en el artículo 24.1 de la Constitución Española.
Esta segunda queja, presentada hace 10 días, ha influido para que la Comisión Permanente del CGPJ ordenara al promotor de la Acción Disciplinaria reabrir la investigación sobre las grabaciones llevadas a cabo por Alba, que éste había archivado.
La primera fue la citada conversación en el office de la Sección de la Audiencia Provincial y la segunda era una conversación con un abogado.
El promotor acordó el archivo de la diligencia informativa al considerar que en la primera de las grabaciones no se revela ningún hecho conocido en el ejercicio de la función judicial, sino que se trata de conversaciones informales sobre temas personales y profesionales; y que la segunda también trata de hechos ajenos a la función judicial, que afectan a la esfera privada de algunas personas, por lo que carece de relevancia disciplinaria.
Ahora el asunto está en el tejado del CGPJ.
