El juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas ha acordado la apertura de juicio oral contra Vladimir Kokorev y otras cinco personas, entre las que se encuentran su mujer y su hijo, por blanqueo de capitales en el conocido caso Kokorev.
En un auto, con fecha del pasado 19 de agosto -al que ha tenido acceso Confilegal-, la magistrada Ana Isabel de Vega Serrano acuerda imponer una fianza que suma 881 millones de euros. La cuantía más alta, 321 millones, la tendrá que afrontar el empresario ruso nacionalizado español.
La Audiencia Provincial será el tribunal encargado de juzgar el caso, que comenzó a investigarse en 2008 tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos.
En concreto, los kokorev están acusados de ejercer de presuntos testaferros para el dictador guineano, Teodoro Obiang Nguema.
La familia Kokorev fue detenida en septiembre de 2015 y se les investiga por el presunto blanqueo de 26,4 millones de dólares procedentes de una cuenta del dictador, algo que siempre han negado.
La investigación de este caso comenzó en 2003, cuando el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España detectó que el matrimonio manejaba grandes cantidades de dinero que venían de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial abierta en el Banco Riggs de Nueva York.
Ingresaron en prisión provisional en Canarias en septiembre de 2015 tras ser detenidos y extraditados desde Pánama tras una larga investigación, que no ha terminado hasta ahora. Desde principios de 2018 se encuentran en libertad provisional.
El Ministerio Fiscal solicita para Kokorev ocho años de prisión y una multa de 240 millones de euros, para el resto de los acusados pide entre 5 y 6 años de prisión y multas que oscilan entre los 150 millones y los 10 millones de euros.
La acusación popular pide las mismas penas de multa, pero eleva la de prisión a nueve años para el empresario.
Indicios de blanqueo de capitales en el comercio corrupto de material militar de defensa y doble uso
La magistrada señala que «las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad a determinadas personas que se concretan en la acusación», por lo que procede acordar la apertura.
Estos indicios, explica, se basan en «las investigaciones y diligencias practicadas durante la instrucción de esta causa, las distintas pruebas documentales, resultado de las entradas y registro, incautación a los investigados, de las distintas comisiones rogatorias y ordenes europeas de investigación libradas, así como las periciales practicadas».
También apunta que de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación popular se infieren «indicios» de que los acusados han cometido delitos de blanqueo de capitales en el comercio corrupto de material militar de defensa y doble uso.
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