El Parlamento Europeo pedirá explicaciones a la justicia española por el caso Kokorev
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29/9/2017 06:05
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Actualizado: 29/9/2017 10:09
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La Eurocámara se dirigirá a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo para que se pronuncien, investiguen o tomen medidas en cuanto a la posible vulneración de derechos humanos de la familia Kokorev, acusada de ejercer como presuntos testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, a través de la empresa Kalunga.
El Parlamento Europeo acogió este jueves un debate sobre el cumplimiento de los derechos humanos y las garantías procesales en la causa penal abierta en Canarias contra los Kokorev. Un encuentro que responde a una carta traslada por los letrados de los Kokorev a la Comisión de Derechos Humanos de Parlamento Europeo.
Tres miembros de esta familia fueron detenidos en 2015 en el aeropuerto de Panamá y extraditados a España por blanqueo de capitales. Pese a muchas peticiones por parte de sus letrados, hasta febrero del presente año no tuvieron acceso al sumario.
Este y otros motivos han hecho que el italiano Fulvio Martusciello, miembro del Partido Popular Europea, lidere una reclamación a la Justicia española en relación a las condiciones humanitarias de Vladimir Kokorev, un ciudadano hispano-ruso, de 67 años.
A Vladimir se le ha detectado diabetes, con frecuencia sufre desmayos debido a su desgaste físico y psicológico, y ha perdido la movilidad en una pierna, como él mismo aseguraba en un manuscrito al que tuvo acceso CONFILEGAL.
Además, Bruselas exigirá también explicaciones por la demora en la instrucción de esta causa, la prórroga de la prisión provisional -una medida excepcional- y por qué se ha impedido a los abogados defensores acceder al material informático intervenido en la investigación, entre otros asuntos.
«Es vergonzoso, antisemita y una afrenta a los valores básicos de la UE», subraya Martusciello
Durante su intervención, Martusciello avanzó que expondrá el caso en el próximo pleno de la asamblea. «No es para nosotros decidir si el señor Kokorev es culpable o inocente de los cargos en su contra, es decir, que un tribunal decida. Pero lo que debe preocuparnos a todos es el hecho de que a él, a su esposa y su hijo se les niega la Justicia y el debido proceso legal», aseguró el eurodiputado, para quien el tratamiento a Vladimir Kokorev «es vergonzoso, antisemita y una afrenta a los valores básicos de la UE».
Durante el acto en Bruselas el embajador de Guinea Ecuatorial ante la UE, Carmelo Nvono-Ncá, confirmó la relación comercial «real y legal» de Kalunga con el Gobierno guineano.
El caso avanza poco a poco en España
Precisamente este miércoles, como publicó CONFILEGAL, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas decretó la libertad provisional de Yulia Maleeva, ya en la calle, y rebajó de dos millones a 600.000 euros la fianza impuesta por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria a su esposo Vladimir Kokorev, quien permanece en prisión preventiva en Juan Grande, en Gran Canaria, al igual que su hijo Igor, aunque se espera que pueda salir en libertad la semana que viene si aceptan “las propiedades de los Kokorev, entre las que se incluye su vivienda habitual”.
Los abogados también confían en que el hijo Igor, pueda salir pronto por el precedente que ha sentado esta Sección.
La citada Sala revocó sendos autos dictados el 1 de agosto por la magistrada instructora, Ana de Vega, para prorrogar por dos años la reclusión de Yulia y Vladimir. Es más, advertía que la prórroga de la prisión «podría vulnerar» el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución y del 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, «al resultar desproporcionada en razón de la naturaleza del delito objeto de investigación».
Dos años en prisión sin juicio
Los Kokorev llevan dos años entre rejas sin ser juzgados. Su situación se ha abordado este jueves en el Parlamento Europeo, donde Antonio José García Cabrera y Álvaro Campanario, abogados de esta familia, expusieron su queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos por la dilatada investigación de este caso y alertaron del grave estado de salud de Vladimir Kokorev, ciudadano hispano-ruso, de 67 años, origen judío.
La propia Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas reconocía en sus escritos en que este procedimiento, cuya instrucción se inició en 2009, “no tiene un horizonte que nos marque su fin, máxime cuando por un auto de 13 de septiembre de 2017 esta misma Sala ha estimado un recurso que interesaba una serie de diligencias, cuya práctica de alguna de las cuales requerirá la tramitación de la correspondiente comisión rogatoria”.
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