El magistrado Salvador Alba, quien presentó el pasado viernes ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, por tratar de presionarle para que retirara una denuncia contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, también señala a 2 compañeros de la Audiencia Provincial de Las Palmas como «amigos» del también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y a otros 2 como amigos de Victoria Rosell, la magistrada exdiputada de Podemos, a la que han favorecido en la instrucción que lleva sobre Ramírez.
Los «amigos» de Ramírez son sus compañeros, Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial y de la Sección Sexta, y Carlos Vielba, donde el magistrado presta sus servicios hasta ahora.
Los de Victoria Rosell son los magistrados de la Sección Primera del mismo órgano judicial, Miguel Ángel Parramón y Pedro Herrera.
Sobre los dos primeros, Alba dice en su denuncia -a la que ha tenido acceso Confilegal- que «ambos magistrados han dictado resoluciones más que favorables a las pretensiones de don Miguel Ángel Ramírez en varias causas penales».
Y cita específicamente el archivo de un auto por el que archivaron parcialmente el proceso por delito fiscal contra Ramírez, la ampliación del proceso por delito contable y la causa por delito contra los trabajadores. «Esto cuando menos es irregular y permitido por la Fiscalía de Canarias», afirma el magistrado.
Además, señala a Vielba como la persona que le propuso hacer desaparecer la grabación de la conversación que el magistrado mantuvo con el empresario el 16 de marzo de 2016 -realizada al parecer por este-, y que estaba analizando la Guardia Civil, a cambio de que retirar la denuncia contra Ramírez.
Sobre Parramón y Herrera, Alba afirma que también se les menciona en la copia del audio entregado adjunto a la Fiscalía General del Estado.
Y recuerda que ambos, «reconocidos amigos» de la exdiputada de Podemos, acaban de desestimar la recusación presentada por la Fiscalía para intentar apartar a Victoria Rosell de la instrucción de la causa sobre Ramírez.
El magistrado Alba fue el instructor que investigó a Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas y de Seguridad Integral Canaria, la empresa que tenía la contrata de seguridad de la Ciudad de la Justicia de esa ciudad.
El hoy denunciante sacó a la luz la relación del empresario con el periodista Carlos Sosa, pareja de la magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de esa ciudad, Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, que investigó a Ramírez durante dos años sin hacer casi nada, antes de marcharse a la política.
Sosa alquiló una frecuencia de radio por 300.000 euros a la productora Unión Deportiva Las Palmas, participada mayoritariamente por Ramírez.
De acuerdo con Alba, la relación entre la pareja de Rosell y el empresario no es puntual sino que se remonta hasta 2006 y revela que Ramírez ha sido socio en varias empresas del periodista.
El magistrado denuncia, precisamente, que Rosell, con esa carga de relaciones, siga instruyendo la causa contra Ramírez, donde la imparcialidad queda en tela de juicio.
Por otra parte, el magistrado, en su escrito de 14 folios, critica la inacción de la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria, que, teniendo constancia de estos acontecimientos, no ha hecho nada.
Alba adjunta una copiosa documentación que sustenta sus alegaciones y que, sin duda, tendrá su impacto en la judicatura canaria.
