La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha convocado a la Asociación de Fiscales (AP) y a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) para negociar un «catálogo de reivindicaciones» y una «serie de medidas para dar visibilidad al conflicto» que se avecina con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Son tambores de guerra, evidentes.
El Ministerio de Justicia «ha venido desoyendo de manera sistemática nuestras reivindicaciones, continuando empecinadamente por una senda que no ha causado más que perjuicio no sólo a la Carrera Fiscal , sino a la administración de Justicia en general», dicen en un comunicado.
La UPF siente que los fiscales están sufriendo un «progresivo y patente empeoramiento de las condiciones laborales» y una «carencia de los medios necesarios para el desempeño digno de nuestra función jurisdiccional».
Lo que les impide, afirman, «prestar al ciudadano el servicio público que deseamos, que precisa y que se merece».
La asociación de fiscales progresistas achacan al Ministerio que haya desoído los requerimientos efectuados por las asociaciones de jueces y fiscales el 19 y el 31 de enero, «tras el decepcionante resultado de las reuniones preparatorias de la Mesa de Retribuciones, convocándonos de nuevo a otra reunión preparatoria para el día 22 de febrero, sin cumplir ni una sola de las condiciones que habíamos exigido».
En consecuencia creen que ha llegado el momento de exigir «con contundencia» sus derechos y reivindicaciones, entre las que se encuentra la «inmediata convocatoria de la Mesa de Retribuciones prevista en la Ley 15/03, en los términos recogidos en el requerimiento conjunto de fecha 31 de enero, en tanto la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años alcanza la elevada cifra del 15%» y «la mejora de las retribuciones por las guardias de permanencia y disponibilidad semanal, que no satisfacen ni el esfuerzo ni la dedicación ni la responsabilidad que supone este servicio».
También exigen «la derogación del artículo 324 de la LECRIM, que se ha demostrado completamente ineficaz para sus fines y que no ha provocado más que quebrantos en las Fiscalías y en los procedimientos, generando espacios de impunidad»; y «la inmediata paralización de la implantación de la Fiscalía Digital».
El pasado 1 de febrero, las 3 asociaciones de fiscales y las 4 de jueces enviaron enviaron una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro -a este de un modo especial porque es el que tiene la llave de la caja de los dineros del Estado y la decisión final- en la cual les conminaron a convocar, en un plazo de 20 días, la llamada mesa de retribuciones, prevista en la Ley 15/2003, la cual sólo se ha convocado una vez en 15 años.
Y amenazaron con presentar una demanda conflicto colectivo contra el Gobierno.
