Cabalgando en la gran ola de solidaridad creada por los padres de jóvenes y niños asesinados en los últimos años con los dos millones de firmas de apoyo a la permanencia de la prisión permanente revisable, el Gobierno aprobó ayer, en el Consejo de Ministros, un proyecto de ley que propone ampliar en 5 delitos más los delitos penados con este castigo.
Asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos, son los nuevos supuestos que el Partido Popular planteará extender al resto de los partidos políticos con representación parlamentaria en la Cámara Baja, un lugar en el que no disponen de una mayoría para sacarlo adelante.
Según explicó en rueda de prensa el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han decidido impulsar estas medidas porque existe «una demanda social», al tiempo que descartó que el Ejecutivo esté legislando «en caliente».
Una decisión que se asemeja a la apertura de gambito en el ajedrez en la que se ofrece una pieza a cambio de una ventaja importante en el desarrollo de la partida.
Esta propuesta, en este caso, es el gambito, que viene apoyada por encuestas de opinión que muestran un apoyo sustancial de la ciudadanía a la prisión permanente revisable.
Porque con una mayoría de 134 diputados, el apoyo de los 32 de Ciudadanos, los 2 de UPN y 1 de Foro Asturias no llegan a sumar los 176 necesarios (la mitad más uno de los 350 diputados que conforman el Pleno del Congreso) para sacarlo adelante; son 169.
Y si se añade Coalición Canaria (1), 170.
Máxime si PSOE (84), Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (67), ERC (9), PdeCAT (8), PNV (5) Compromís (4), EH Bildu 2 y NC (1) suman 180 votos.
La idea, detrás de esta propuesta, es sacrificarla en la Cámara Baja a cambio de que se retire o se congele la propuesta presentada por el PNV en octubre de 2016, de suprimir la prisión permanente revisable, que permanece «dormida» desde entonces.
Una cosa por la otra.
El ministro recordó que la pena de prisión permanente revisable se introdujo en la legislación española en 2015, pero que entonces el Gobierno fue «prudente» y limitó su aplicación a ocho supuestos -asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por miembro de organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista; homicidio del jefe del Estado o heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros; y genocidio o crímenes de lesa humanidad-.
PRINCIPAL AVAL, LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS
En ese sentido, Catalá señaló que el Gobierno cuenta no sólo con los «avales jurídicos y legales», sino que tiene el «principal aval», que es la «voluntad de los ciudadanos».
«En las encuestas, la opinión pública reiteradamente ha puesto de manifiesto que considera razonable que en Código Penal exista una pena así para los delitos más graves», explicó, al tiempo que remarcó que en este apoyo hay una «cierta identidad ideológica de los votantes» de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.
Además, indicó que la mayoría de países europeos incluye la pena de prisión permanente revisable en su ordenamiento jurídico, con gobiernos de distinto color político.
«Es una cuestión muy consolidada y no conozco ningún gobierno que se esté planteando la revisión», ha manifestado.
«Se trata de avanzar y atender la demanda social y la experiencia acreditada tanto en el ámbito nacional como en el internacional», ha apuntado Catalá, quien ha insistido varias veces en que los nuevos supuestos son «casos muy singulares y extraordinarios».
CONFÍA EN LA REFLEXIÓN
Cuando le preguntaron sobre la viabilidad de sacar adelante esta ampliación, Catalá declaró -rememorando al maestro Zen- que «ya se verá» lo que sucede durante la tramitación parlamentaria. Y aprovechó para recordar que la prisión permanente revisable existe en toda Europa salvo en Croacia y Portugal.
«Confiamos en la reflexión, en que los grupos políticos ejerzamos la función esencial que tenemos, que es la representación de los ciudadanos. Si el 80 por ciento de la población considera que debe existir esta pena, ¿cómo van a estar los grupos tan alejados del sentir social? Las leyes deben parecerse a la sociedad lo máximo posible y es lo que intentamos, legislando también cerca de las víctimas del delito», ha explicado.
Además, remarcó que «no ha sido el Gobierno quien ha puesto encima de la mesa» el debate de ampliar la prisión permanente revisable, sino «los grupos que han propuesto su derogación directa para volver a convertir a España en una isla en Europa».
Por eso, negó una vez más que el Ejecutivo haya aprobado este proyecto de ley «en términos de oportunidad electoral».
Más bien en términos de permanencia de la reforma llevada a cabo en 2015.
