El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar para este lunes al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados en relación con la presunta financiación ilegal de la formación popular en Madrid que se investiga en la trama Púnica. Se espera que durante la misma, aporte su versión de los hechos y se defienda de las graves imputaciones realizadas contra él por su exsocio David Marjaliza.
Así lo ha asegurado su defensa que ha relatado que Francisco Granados «contará todo lo que sepa» y que «tocará todos los puntos» que le afectan en esta causa, que le llevó a estar más de 2 años y medio en prisión preventiva.
Los puntos en los que puede versar su declaración son todos aquellos que se investigan en Púnica, fundamentalmente, su presunto enriquecimiento a través de contratación de obra pública -se le halló un millón de euros en Suiza, otro en casa de sus suegros, y se cree que aún oculta un elevado patrimonio- o la financiación ilegal del PP madrileño que presidía Esperanza Aguirre mediante el cobro de comisiones a las adjudicatarias, práctica también observada en Lezo.
El juez instructor ha fijado para las 9.30 horas la comparencia, accediendo así la petición formulada el pasado mes de octubre por el exconsejero regional. Eso sí, le ha negado el resto de diligencias solicitadas, entre las que se encontraban citar en calidad de investigados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, su sucesor en el cargo Ignacio González, la actual mandataria regional Cristina Cifuentes y a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.
El juez alegó que «no es una cuestión baladí» y que en modo alguno se justifica, ni en su escrito ni en el momento actual de la investigación que dirige, adoptar las decisiones que formula la representación procesal de Francisco Granados. Le recordó además que será el resultado de las diligencias que se siguen practicando en este momento de la instrucción las que determinen el devenir de sus actuaciones.
Granados, que en un primer momento pidió que sus excompañeros de filas declararan en calidad de testigo, formuló su solicitud a tenor de los últimos interrogatorios practicados por el juez al exviceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz y del empresario Marcelino Elosúa sobre las presuntas irregularidades cometidas en las empresas Prisma y Arpegio.
OBRAS DEL METRO LIGERO
En su declaración ante el juez el pasado 17 de enero David Marjaliza, presunto cerebro de la red, reconoció que tanto él como Granados y el empresario Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por hacerse con las obras de Metro de Madrid.
Se refirió a unos trabajos adjudicados en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre, en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.
A tenor de estas declaraciones y de la entrega de facturas por parte del constructor, el juez de la Audiencia Nacional citó en calidad de investigados al empresario y al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Vir el pasado 6 de febrero. Ambos negaron durante el interrogatorio los términos en los que se expresó Marjaliza y se desvincularon de estos presuntos amaños.
En respuesta, Granados apuntó en un escrito dirigido al juez que su imputación en estos hechos se debe al «afán o inquina acusatoria demostrada hasta día de hoy» por Marjaliza, ya que cuando se produjo la adjudicación de las obras del Metro Ligero a Boadilla del Monte en enero de 2005, «no ostentaba ningún cargo fundamental o relevante».
En este sentido,hace unos días, el abogado del exconsejero madrileño presentaba un recurso al juez en el que le preguntaba por qué no había llamado a declarar como investigada a la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, al ser ella la consejera de Transportes de Madrid cuando en 2005 se adjudicó una obra del metro ligero investigada en la causa.(CONFILEGAL/EP)
