Este viernes, 11 de julio, Alvise Pérez ha acudido a declarar ante el Tribunal Supremo, en relación a los 100.000 euros que presuntamente recibió de CryptoSpain, el alias del influencer Álvaro Romillo. Unas declaraciones en las que Alvise ha negado la financiación ilegal de la campaña electoral de Se Acabó La Fiesta (SALF), aunque sí ha reconocido haber recibido ese dinero.
El eurodiputado Luis Pérez, más conocido como Alvise Péres, ha acudido puntualmente a su cita con el alto tribunal, para declarar en la causa abierta por el presunto cobro de 100.000 euros para su formación política.
Una citación voluntaria realizada por el magistrado Julián Sánchez Melgar, a la que el eurodiputado ha acudido. Y en la que ha respondido tanto a las preguntas de su abogado como a las del magistrado instructor. Sin embargo, se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del Fiscal y al resto de partes. Entre ellas, la acusación particular que llevan a cabo desde Aránguez Abogados.
Declaraciones en las que Alvise ha asegurado que no existió financiación ilegal en la campaña electoral de SALF.
Eso sí, ha reconocido que recibió un pago de 100.000 euros por una “charla sobre libertad financiera de unos 30 minutos”. Se lo dieron dos trabajadores de CrytoSpain en sus instalaciones llamadas Centinel, en el centro de Madrid.
Un pago que recibió en metálico, en un maletín negro, en billetes de 50 y 100€, en diez fajos de diez mil euros cada uno. Y que, según explica, llevó a su casas, habiendo gastado aproximadamente la mitad en asuntos personales.
Dinero que ha asegurado ante el alto tribunal que en ningún momento ha gastado en su campaña electoral, que solo le costó un poco más de 30.000€. Por eso los 100.00€ nunca constan en las cuentas de SALF.
Los delitos que pesan sobre Alvise
Unas declaraciones que el eurodiputado ha realizado ante el Tribunal Supremo, que abría causa penal al apreciar indicios de diversos delitos por parte de Alvise.
En concreto, presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Todo ello, según la exposición razonada por la Audiencia Nacional, en relación a los 100.000 euros recibidos, supuestamente, para su campaña electoral con el partido Se Acabó la Fiesta, según indican las pesquisas. Una causa que asumía el Supremo a petición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
Tras las declaraciones de Alvise, se producirán las del empresario Álvaro Romillo. Persona que, según las investigaciones, habría sido quien entregó esa cantidad de dinero al eurodiputado.
