La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez Hernández, ha archivado la querella presentada por Felisa Echegoyen Castanedo contra el policía jubilado Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño», a quien acusaba por un delito de torturas por considerar que está prescrito, según el auto facilitado por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo.
Echegoyen Castanedo, miembro de la asociación La Comuna, presentó la querella criminal contra González Pacheco por un delito de torturas cometido en 1974, en un contexto de crímenes contra la humanidad.
El criterio del Fiscal también era favorable a la prescripción.
En el auto, la jueza Sánchez Hernandez señala que no puede considerarse un delito de lesa humanidad «al faltar el requisito de tratarse de un ataque organizado y sistemático contra un grupo de población, por lo que procede declarar prescrito el delito que se persigue y extinguida la responsabilidad criminal».
Sin embargo, según la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) contra crímenes del franquismo, ‘Billy El Niño’ era un miembro destacado de la Brigada Político Social «que sometió de forma sistemática y generalizada a torturas a cientos de personas por el simple hecho de ejercer oposición política al régimen dictatorial».
«Dicho extremo, en sí mismo, constituye delito de lesa humanidad, tal y como se establece en pactos y convenios internacionales y es expresamente reconocido por diferentes Tribunales nacionales e internacionales», ha señalado la coordinadora, que ve «sorprendente y totalmente rechazable» que la jueza «niegue la mayor, esto es, la represión que durante la dictadura franquista sufrieron, de forma organizada, planificada, generalizada y sistemática, todas aquellas personas que se oponían al régimen dictatorial, entre las que se encontraba la querellante».
En este sentido, han recordado que la querella criminal fue acompañada de un informe pericial, firmado por cuatro expertos en Historia, de diferentes Universidades españolas «por medio del cual quedaba totalmente acreditado el elemento de contexto de organizado y sistemático contra un grupo de población civil».
De igual forma, acompañaron a la querella criminal un informe pericial, conforme a Protocolo de Estambul, elaborado por un equipo multidisciplinar, por medio del que se acreditaba la veracidad de los hechos objeto de denuncia (torturas infligidas por Antonio González Pacheco a doña Felisa Echegoyen).
Ceaqua ha criticado que en el auto «no se hace ni la más mínima mención a los dos informes periciales anteriormente citados». «La resolución judicial dictada es sumamente grave, pues por parte de una juez española se niega que la represión ejercida por la dictadura franquista fuera constitutiva de crímenes contra la humanidad, ignorando los principios más básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Penal Internacional e incluso de nuestra norma constitucional», han señalado.
Por todo ello, consideran que la magistrada, como operador jurídico y agente del Estado, «incumple con las obligaciones internacionales contraídas en este ámbito, dejando en la más absoluta indefensión y desamparo a una víctima de graves violaciones punibles de derechos humanos».
Por tanto, la Coordinadora recurrirá el auto, «agotando las instancias que sean necesarias, incluidas las internacionales, pues la situación de impunidad mantenida en relación con los graves crímenes cometidos por la dictadura franquista no es compatible con un Estado democrático».
«Continuaremos con la presentación de querellas, con la tramitación de las ya presentadas y con nuestro trabajo, que no es otro que el conseguir el reconocimiento pleno y efectivo de los derechos humanos que asisten a la víctimas de la dictadura franquista: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición», han añadido en un comunicado. EP.
