La Fiscalía Anticorrupción solicita sendas penas de más de 10 años de prisión para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, por favorecer, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
El ministerio público les acusa de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en esta causa derivada del llamado ‘caso Brugal’.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha presentado hoy, en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital provincial su escrito de acusación provisional contra los dos políticos, el propio Ortiz y los otros seis procesados en estas diligencias.
Castedo y Díaz Alperi también se enfrentan a peticiones de inhabilitación de 29 años y 3 días para empleo o cargo público que implique los cargos de alcalde, teniente de alcalde o concejal de cualquier corporación local.
En cuanto al empresario Enrique Ortiz, el fiscal pide inicialmente para él penas que suman ocho años y tres días de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
Además de las penas privativas de libertad el ministerio público ha solicitado multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con el de prevaricación.
«Íntima amistad» que mantenían los políticos con el empresario
El escrito del fiscal Briones, al que ha tenido acceso CONFILEGAL, consta de 560 páginas y desgrana la relación de «íntima amistad» que mantenían los políticos con el empresario, como muestra las «permanentes comunicaciones telefónicas», entre ellos, «de contenido privado, sin importar cuál fuera la hora ni el día; el conocimiento recíproco de sus respectivas familias; las reuniones que mantenían en los domicilios particulares de los otros y los viajes de ocio que compartían».
Sin embargo, según el fiscal «ellos procuraban que no «trascendiera al exterior, encubriéndola en tales ocasiones como meramente institucional».
Ortiz ofreció presuntamente a los políticos entre 2008 y 2010 dádivas que «no se materializaban en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido, sino en un ofrecimiento permanente en cuanto pensara que sería del agrado de aquéllos, o dando satisfacción a los intereses conforme le eran demandados», sostiene.
Supuestas dádivas
La acusación pública cifra el importe de esas supuestas dádivas en 453.157 euros a favor de Díaz Alperi por un viaje en jet privado a la isla de Creta, aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo.
En el caso de Sonia Castedo, la cifra estimada por el fiscal rondaría los 260.000 euros por diversos viajes de ocio, un coche o una chaqueta, entre otras cosas.
Según Anticorrupción, los dos políticos deberían haberse abstenido de todos los expedientes que afectaran al constructor por su amistad con él.
«Máxime cuando, según declaración judicial de la propia Sonia Castedo, Enrique Ortiz tenía intereses en el 70% del suelo del término municipal de Alicante objeto de los trabajos de revisión del Plan General. Añadiendo Castedo en su declaración que no conocía a nadie con más suelo en Alicante que Ortiz»
Sin embargo, ambos se prevalieron presuntamente de sus cargos para proporcionarle información reservada, vulnerando «sistemáticamente» la confidencialidad de los trabajos de revisión del Plan General «en favor de los inmensos intereses urbanísticos» del promotor.
Esa supuesta «connivencia» permitió al empresario y a sus empleados «marcar las pautas que más le beneficiasen y minimizar cuanto pudiera perjudicarle», adelantarse a la adquisición de terrenos que iban a ser recalificados en un futuro, siempre según la versión acusatoria.
Papel fundamental de otros dos acusados
En esta presunta trama de corrupción desempeñaron, según el fiscal, un papel fundamental otros dos acusados, los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, el primero antiguo concejal socialista y el segundo hermano de la exalcaldesa.
Para ellos, Anticorrupción reclama penas de diez años de cárcel, multas e inhabilitación tras acusarles de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
La fiscalía pide provisionalmente para los otros cuatro acusados (dos empresarios y dos directivos de las sociedades de Ortiz, uno de ellos su hermano Virgilio) penas de entre tres meses y un año y medio de prisión por delitos de corrupción de autoridades o funcionarios.
