La Unión Progresista de Fiscales (UPF) reclama la aplicación de las 213 medidas recogidas «en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de septiembre de 2017, pero a las que aún no se ha dotado de efectividad ni presupuesto».
Dicho Pacto incluía una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en 5 años.
La UPF también insiste en la obligación de Españade acoger en su totalidad las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul, porque fue allí donde firmó en 2011.
«Sólo con medidas eficaces de sensibilización y prevención, asistencia y protección, y con la dotación a la Justicia de los medios necesarios para ofrecer una respuesta penal ágil y contundente, podremos acabar con esta ominosa realidad», afirman en un comunicado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Reafirmamos nuestro compromiso con los «valores de la igualdad, que recordemos no sólo es un derecho fundamental sino también uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico consagrado como tal en el artículo 1.1 de la Constitución».
BRECHA SALARIAL Y TECHO DE CRISTAL
El Secretariado de la UPF recuerda que «en el ámbito laboral y profesional las mujeres todavía se enfrentan a una injusta brecha salarial y a un ‘techo de cristal’ que dificulta sus legítimas aspiraciones. Pese a la excelente formación y capacitación y al arduo esfuerzo de tantas y tantas mujeres, aún estamos lejos de alcanzar el objetivo de lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la mayor parte de los sectores».
«Y por ello tenemos que seguir recordando que el 64% de la Carrera Fiscal está en la actualidad formada por mujeres, pero que los cuadros directivos siguen estando ocupados en un 65% por hombres, y ello pese a que encontramos mayoría femenina hasta la franja de edad de los 55 años, según los últimos indicadores sociológicos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado», afirman.
Por último, reclaman medidas que permitan la conciliación de la vida personal, profesional y familiar.
Para ello es imprescindible dotarnos de un «nuevo Reglamento que desarrolle, entre otras materias, las disposiciones del artículo 52 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de permisos y licencias para conciliar, facilitar la movilidad geográfica mediante un calendario reglado de concursos, garantizar que las licencias por maternidad y paternidad queden efectivamente cubiertas mediante sustitución externa -incluido el periodo vacacional subsiguiente- y lograr el reconocimiento a los fiscales de un permiso de paternidad de 30 días del que ya disfrutan el resto de trabajadores públicos y privados de este país, respetándose así el principio de igualdad ante la ley del artículo 14 de la Constitución».
