Fiscalía Provincial de Valencia ha denunciado la contratación de 22 profesores de Religión que cobraron sin dar clases en colegios de la Comunidad Valenciana. La querella se ha presentado por los delitos de prevaricación, malversación y fraude en subvenciones, aunque no se ha concretado si se dirige contra alguna persona.
En marzo del pasado año el grupo parlamentario Compromís en Les Corts presentó ante Fiscalía una denuncia, que dio a conocer en rueda de prensa la diputada Isaura Navarro, en la que aseguraba que hasta 2014, durante la etapa de gobierno del PP, se produjo el supuesto «nombramiento ficticio» de 22 personas que cobraban de la administración valenciana como profesores de Religión en centros públicos pero que «en realidad trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón».
Según señalaba la coalición este «apaño» podría haber supuesto un desvío de fondos de al menos nueve millones de euros. Compromís indicaba que los hechos se produjeron durante al menos nueve años y hasta 2014, cuando funcionarios de la administración pública detectaron la presunta irregularidad e instaron al Ejecutivo del PP a darle cobertura legal.
En ese momento, los responsables de la Conselleria —dirigida entonces por la ‘popular’ María José Català— formularon un borrador de decreto en el que apuntaban que el personal asesor técnico docente podría derivarse y prestar servicios en otras administraciones públicas o en las diócesis, un hecho que la Abogacía de la Generalitat calificó de «cesión ilegal de trabajadores», según informó en ese momento Navarro.
El decreto fue aprobado en julio de 2015 sin la inclusión de las diócesis y los empleados públicos supuestamente cedidos a las mismas tuvieron que regresar a los puestos de trabajo en los que constaban como profesores de religión en diversos centros públicos de la Comunitat Valenciana. Los docentes que realmente estaban dando clase en los centros educativos fueron reubicados, explicó la parlamentaria en ese momento.
En marzo del pasado año Fiscalía abrió diligencias de investigación y ahora ha decidido llevar al juzgado esa contratación de 22 profesores que cobraban sin dar clases, al entender que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación y fraude en subvenciones. (EP)
