El Colegio de Abogados de Girona pone un lazo amarillo en su página web, en solidaridad con los encarcelados
Sobre estas líneas el lazo amarillo que figuraba en la página web del Colegio de Abogados de Girona; luego le unieron uno morado, para disimular, a la izquierda, su decano, Carles McCragh, que ha renovado para un tercer mandato de cuatro años.

El Colegio de Abogados de Girona pone un lazo amarillo en su página web, en solidaridad con los encarcelados

|
20/3/2018 19:39
|
Actualizado: 20/3/2018 19:49
|

El Colegio de Abogados de Girona (ICAG), del que es decano Carles McCragh Prujá, ha colocado un lazo amarillo en la portada de su página web, en solidaridad con los encarcelados, abandonando la neutralidad obligada que, como corporación de derecho público debería haber adoptado en respeto a las diferentes sensibilidades políticas de sus miembros.

Adoptando el lazo amarillo de manera tan pública el Colegio de Abogados de Girona se adhiere, de forma evidente, a la tesis independentista de que los cinco presos preventivos son «presos políticos».

Paradójicamente, McCragh Prujá es vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y, como tal, la representa en los viajes internacionales que se organizan para tal fin.

Esta mañana McCragh Prujá tomó parte en la reunión que celebró el Patronato de la Fundación, en Madrid.

Confilegal se puso en contacto con dicho Colegio esta mañana, después de recibir quejas telefónicas de varios colegiados de Girona.

Tras diversos avatares, nos recomendaron que enviaramos un e-mail a la cuenta de la Secretaría del Colegio y que de «allí recibiríamos la respuesta conveniente».

Lo hicimos, pidiendo que contestaran a las dos preguntas siguientes: Primera, «¿La decisión [de colocar el lazo amarillo en la web del Colegio] fue tomada en Junta de Gobierno? Y si es así, ¿en qué Junta -fecha- y con qué resultados de votación?»; y segunda, «Si la decisión no ha sido producto de una Junta de Gobierno, ¿podrían aclararme si fue tomada por el decano y en qué fecha?».

El envío de la simple misiva se produjo al mediodía y al ponerse el día de hoy habían dado la callada por respuesta.

MENSAJES AL CGAE

Por otra parte, a la lo largo de la mañana la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, ha estado recibiendo misivas de colegiados informándole de la existencia del lazo amarillo en la web del ICAG e instándola a intervenir.

Misivas que llevaban el siguiente contenido:

«He tenido ocasión de visitar la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Gerona <www.icag.cat> y he tenido la desagradable sorpresa de comprobar que en la página de inicio hay un símbolo político: el lazo amarillo», dice uno de los mensajes enviados.

«Como saben actualmente el lazo amarillo simboliza la petición de liberación de los llamados, por algunos, «presos políticos»  que se encuentran en prisión preventiva por los hechos sucedidos en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017″.

«Por ello, teniendo en cuenta, primero, que la función de todo Colegio profesional es la defensa de los intereses de todos sus colegiados; segundo, que los Colegios profesionales han de ser neutrales políticamente, especialmente aquéllos en los que la colegiación es obligatoria para ejercer la profesión, tal y como ha establecido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre de 2016; y tercero que los Colegios de abogados tienen como especial función la defensa del Estado de Derecho y velar por el cumplimiento de la legalidad vigente por parte de sus colegiados», solicita, «insten al Decano del ICAG a que retire de la página web y de cualquier establecimiento colegial todo símbolo de carácter político».

UN COLEGIO PRO INDEPENDENTISTA

La posición adoptada por el Colegio de Abogados de Girona no es extraña.

El 19 de septiembre del año pasado, en pleno conflicto independentista, dicha corporación hizo público su «Manifiesto del Ilustre Colegio de Abogados de Girona en relación a la convocatoria de referéndum del día 1-0″, en el que afirmaba que “las leyes deben ser interpretadas de acuerdo con la voluntad popular”. 

En el mismo se afirmaba que “a lo largo de los siglos, Cataluña ha manifestado una voluntad de mantener su identidad propia”.

Por ello ahora “a las puertas del 1-0” se ofrecía a asistir a todos aquellos que se vieran afectados por la respuesta del Estado que, a su juicio, es “incompatible con el anhelo de la ciudadanía”.

Y añadían su perplejidad ante la “rapidez” con la que el Estado “ha ido formulando instrucciones y querellas en relación con las personas vinculadas a la preparación del referéndum del 1-0, desde cargos electos a periodistas”.

El Español lo puso blanco sobre negro: “El Colegio de Abogados de Girona se pone al servicio de la causa independentista”.

AL DÍA SIGUIENTE SE DESCUBRIÓ «ENFOCATS»

Un día después, el 20 de septiembre, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ordenó la detención de 20 personas y la entrada y registro en 40 despachos y domicilios.

En uno de ellos, el de Josep María Jové se encontró «Enfocats», la hoja de ruta para la independencia, y la agenda con las reuniones de los involucrados que ha servido de base al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para mantener en prisión al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior, Joaquim Forn y los presidentes de ANC y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. 

El Manifiesto del Colegio de Abogados de Girona incurría en el mismo error que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) cuando, en 2013, se adhirió al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) obligó al ICAB a abandonarlo, mediante la mencionada sentencia de 2016 por vulnerar “la libertad ideológica, de expresión y de asociación” de los colegiados.

El TSJCat consideró que el Pacto partía “de un posicionamiento ideológico claro”: que el pueblo de Cataluña era un sujeto político y jurídico y soberano, y por eso, con derecho a decidir sobre su futuro político colectivo.

“Dado que la colegiación es obligatoria para quien ejerce la abogacía, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional ha asumido”, sostuvo el TSJCat, corrigiendo a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Profesionales