De izquierda a derecha, Alvaro Pérez, Pedro Crespo Sabarits y Francisco Correa en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional. EP.
El abogado de Correa pide la nulidad de las investigaciones que procedían de las grabaciones ordenadas por Garzón
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04/4/2018 17:25
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Actualizado: 02/8/2018 13:28
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Juan Carlos Navarro, abogado defensor de Francisco Correa, «cabecilla» de la trama Gürtel, en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la condena de la pieza separada relativa al amaño de contratos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ha solicitado hoy la nulidad de las investigaciones contaminadas por las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón cuando era magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5.
De acuerdo con el letrado, expurgar las transcripciones del sumario de las conversaciones entre los imputados y sus abogados no implicó la descontaminación psicológica de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), del magistrado instructor y de la Fiscalía.
A su entender, dichas escuchas permitieron a los investigadores acceder «a una información fundamental y esencial» y no se puede determinar «hasta dónde ha salpicado esa información que afecta al derecho de defensa».
Navarro ha añadido, además, que el «núcleo de la irregularidad» se encuentra en la actuación de los funcionarios de la Policía. Según él, estos «transcribieron y seleccionaron las conversaciones que luego transmitieron al magistrado instructor y a la Fiscalía», provocando una «contaminación psicológica» derivada de «conocer esas conversaciones».
Aquel hecho, la grabación de las conversaciones que mantuvieron en la prisión de Soto del Real, en Madrid, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados defensores José Antonio Choclán y Gonzalo y Pablo Rodríguez-Mourullo, llevó al Supremo a condenar a Garzón a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por interceptar, a sabiendas, el derecho fundamental de defensa contemplado en el artículo 24 de la Constitución.
Por ello, ha solicitado que se aplique las consecuencias derivadas de esa sentencia al caso de Correo, que también afectaría a Crespo. Es, de nuevo, la doctrina del árbol envenenado. De aceptarse dicha petición de nulidad, todas las consecuencias de dichas investigaciones serían también nulas.
Non bis in idem
Navarro, por otra parte, en su turno de 12 minutos de intervención fijado por el tribunal, también ha señalado otra irregularidad: la aplicación del principio del derecho romano que rige hoy día, «non bis in idem». «No podemos ser juzgados dos veces por lo mismo», ha destacado al respecto.
A su entender, existe una «desproporción de la pena» impuesta a Francisco Correa porque en todo el caso Gürtel se le está acusando del mismo delito de malversación de caudales públicos de forma continuada, dependiendo de la «temática» o de la «zona geográfica».
En este sentido, ha hecho referencia a que el caso Gürtel es un «hipermacroproceso que deriva en un macroproceso y que a su vez deriva en causas», debido a las distintas piezas que se formaron para poder enjuiciar todas las actividades realizadas por la trama encabezada por Francisco Correa, y ha recalcado que en varias de ellas se introduce la acusación por la misma figura penal.
Por ello, Navarro ha pedido para su defendido que se elimine la continuidad del delito de malversación, lo que supondría una rebaja de la pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Correa, que se encuentra actualmente en prisión, fue uno de los 11 condenados por las irregularidades cometidas en la adjudicación del montaje del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en las ediciones de 2005 a 2009 de la feria de turismo.
La pena que le cayó fue de 13 años: tres años por asociación ilícita; un año por tráfico de influencias; seis por el delito continuado de malversación de caudales públicos y otros tres por cohecho. La misma que a su mano derecha, Pablo Crespo. A Álvaro Pérez, «el bigotes», se le impuso 12 años de cárcel.
De los 11, son los únicos que están cumpliendo pena en la cárcel.
Las grabaciones de José Luis Peñas
La defensa de Pablo Crespo, por su parte, pidió la nulidad absoluta de las 62 horas de grabaciones de conversaciones realizada por el exconcejal popular de Majadahonda, José Luis Peñas, con los componentes de la red Gürtel, que puso después en manos de la Policía y de la Fiscalía Anticorrupción.
Margarita Crespo, hija del acusado, a quien Miguel Durán, introdujo ante el tribunal, recordó las palabras de Peñas: «Lo grabé para llevarlas a la Policía».
A su entender, las fuentes de prueba aportadas por un particular son nulas porque se vulneran dos derechos fundamentales -el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones- cuando la motivación del particular es colaborar con el estado policial.
En consecuencia, el Supremo debería aplicar la exclusión exculpatoria.
El caso fue investigado inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por el fiscal Antonio Salinas, y tras la denuncia efectuada por ésta en la Audiencia Nacional, fue instruido por el juez Baltasar Garzón, hasta que fue separado del caso tras haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de una denuncia penal.
Repetición del juicio
Javier Vasallo, abogado de Álvaro Pérez, «el bigotes», quien fuera responsable de Orange Marquet, ha pedido al tribunal que ordene la repetición del juicio de la trama Gürtel sobre la adjudicación de Fitur en los años 2005 a 2009.
En opinión del letrado, la sentencia estaba «contaminada» ya que al menos uno de los magistrados perteneció al órgano de apelación que rechazó los recursos de los acusados contra el auto que concluía la investigación.
También ha subrayado que este mismo tribunal fue la que mandó que se ejecutase y que ‘El Bigotes’ y los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, entrasen en prisión.
«No goza garantía de la imparcialidad», ha destacado Vasallo.
Por otro lado, ha criticado que el tribunal hiciese una «reproducción» de la acusación de la Fiscalía y no haya tenido en cuenta que su defendido «sólo hizo funciones dentro del mundo creativo, del mundo de la producción», tal y como declararon los ‘cabecillas’ de la trama, otros acusados y testigos.
«No tenía nada que ver con el mundo contable», ha añadido el abogado.
Además, Vasallo ha coincidido con las defensas de Correa y Crespo en la nulidad de la causa por las irregularidades cometidas en las escuchas ordenadas por el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, apartado de la carrera judicial, y las aportadas por el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que dieron inicio a la investigación.
Por otro lado, la exconsejera de Turismo de la Comunidad Valenciana y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, penada con nueve años de prisión, ha pedido su absolución porque no ha quedado acreditada su participación en el amaño de contratos para el ‘stand’ institucional de Fitur.
Su abogado ha afirmado ante el Supremo que no «hay prueba que sustente» la supuesta relación «fluida» con ‘El Bigotes’ y que la resolución del Tribunal Superior de Justicia valenciano no hace casi referencia a ello. «Presuntamente se regaló un reloj pero no cita nada más en la sentencia», ha aseverado la defensa de Martínez.
La Fiscalía del Tribunal Supremo: Una pena justificada
Para Javier Zaragoza, fiscal del alto tribunal «está perfectamente justificada la condena» porque se trata de una «trama criminal que se dedicaba a saquear las arcas públicas en la Comunidad Valenciana» y ha añadido que su actividad era «permanente en el tiempo» y que también se realizaba en «otras partes de la geografía española».
Zaragoza ha centrado gran parte de su exposición en la responsabilidad de los responsables políticos y los funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) en la adjudicación del montaje del ‘stand’ en Fitur en las ediciones de 2005 a 2009. «Estaba perfectamente integrados en este grupo», ha dicho.
Según ha explicado, los líderes de la Gürtel no son los únicos responsables de los amaños en la contratación, ya que tenían estrechas relaciones con políticos valencianos.
Sobre todo el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ con la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y con su jefe de Gabinete, Rafael Betoret.
«Todos los que trabajaban para Correa formaban parte de la trama», ha dicho y precisado que algunos de ellos tenían «papel secundario», como podía ocurrir con la administradora Isabel Jordán o la empleada Mónica Magariños. Lo mismo ocurre con los trabajadores de la Consejería de Turismo y de la AVT, a los que considera como «cooperadores necesarios», ha apuntado.
El fiscal ha continuado explicando que la trama tuvo una «profunda penetración» en las instituciones valencianas y que sus funcionarios hicieron «mucho más que mirar para otro lado», pues siguieron «órdenes de forma permanente y reiterada durante un espacio de cinco años».
El Ministerio Público no recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero sí impugnó todos los recursos de los condenados.
En este sentido, ha solicitado al tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta que no acepte las alegaciones de dichos escritos sobre la nulidad de la causa por las irregularidades de las escuchas y grabaciones que dieron lugar al caso Gürtel porque no vulneraron ningún derecho fundamental.
No obstante, la Fiscalía sí que presentó ante el Tribunal Supremo un recurso para pedir la modificación de las penas impuestas por el delito continuado de malversación de fondos públicos para nueve de los condenados, ya que la sala fijó penas «inferiores al mínimo legalmente imponible».
El fiscal Javier Zaragoza ha resaltado el «daño irreparable» ocasionado al «prestigio u organización» del servicio público ya que durante años pasó a estar «en manos privadas».
Las penas se podrían ver incrementadas con respecto a los años de inhabilitación, como ocurre con Correa, Crespo y ‘El Bigotes’, que aumentaría de 10 a 15 años. No obstante, a Betoret, Magariños, Guarro y Vidal sí que les afectaría en las penas de prisión impuestas, en un máximo de dos años.
Tal y como ha indicado el fiscal, Magariños y Betoret podría ver su condena por malversación de caudales públicos aumentada en un año, mientras que a los funcionarios de la AVT se les sumarían dos años.
Condenas impuestas por el TSJCV:
Francisco Correa, cabecilla de Gürtel: 13 años de prisión
Pablo Crespo, número dos de la red: 13 años y tres meses años de prisión
Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama: 12 años y tres meses de prisión
Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo: 9 años de cárcel, 10 años de inhabilitación y 5.000 euros de multa
Angélica Such, exconsejera de Turismo: absuelta
Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo: seis años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta
Isaac Vidal, ex jefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo: siete años de cárcel, 10 años de inhabilitación absoluta
Jorge Guarro, ex jefe de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo: cuatro años de cárcel y 10 años de inhabilitación absoluta
Juan Bover, ex jefe del servicio jurídico de la Agencia Valenciana de Turismo: absuelto
Ana Grau, excoordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo: tres años de prisión y cuatro años de inhabilitación especial
Cándido Herrero, empleado de Orange Market: cuatro años y cuatro meses de cárcel
Mónica Magariños, empleada de Orange Market: tres años de prisión
Isabel Jordán, directiva de Special Event: seis años cárcel. Con información de EP.
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