El exjuez y exsenador, Santiago Vidal, cuyas declaraciones fueron el origen de la instrucción que llevó a cabo en el Supremo el magistrado Pablo Llarena.
Las declaraciones de Santiago Vidal provocan la apertura de dos expedientes sancionadores de la APDCAT
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04/4/2018 06:15
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Actualizado: 02/8/2018 13:28
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La Agencia Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha comprobado que se produjeron irregularidades en los tratamientos de datos por parte de la Generalitat tras las declaraciones vertidas por el entonces senador por ERC, Santiago Vidal, y el secretario de Hacienda del gobierno autonómico, Lluis Salvadó, a lo largo del ciclo de conferencias que realizaron como ponentes en distintos puntos de Cataluña en los últimos meses de 2016 y en las que afirmaron que la Generalitat había obtenido datos fiscales de forma ilegal.
Por ello, la APDCAT -16 meses de que Vox interpusiera la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos- ha iniciado dos procedimientos sancionadores, uno contra la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y otro contra el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalidad.
Esta denuncia de Vox fue presentada en enero de 2017 de forma paralela a la querella contra Vidal, que recayó en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, cuyo titular es el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Esa instrucción es precisamente el punto de origen del auto de procesamiento dictado el 23 de marzo pasado por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, contra los miembros del anterior gobierno autonómico catalán -con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al frente- la mayor parte de la anterior Mesa del Parlament, la secretaria general de ERC, Marta Rovira -huida-, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, actualmente en prisión preventiva, por los delitos de rebelión y/o malversación de fondos públicos.
El entonces senador tuvo que abandonar su cargo un día después de que El País publicara sus declaraciones en diferentes charlas, que fueron grabadas, en las que aseguraba a los escuchantes que «la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales».
«Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal», o que «el Gobierno catalán ha hecho un trabajo de campo», donde, según él, se ha determinado «de los 801 jueces españoles en Cataluña, cuáles comparten nuestros sueños e ideales», declaró Vidal.
El entonces secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, por su parte, explicó en diciembre de 2016, en en una conferencia en Terrassa organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que la Generalitat está «cruzando 130 fuentes de información» para «tener una base de datos solvente para afrontar el minuto uno de la independencia».
CONFRONTACIÓN DE LA «HACIENDA CATALANA» CON LA ESPAÑOLA
El escenario dibujado por Salvadó preveía una Hacienda catalana enfrentada a la española y que le disputara la recaudación de impuestos en la comunidad.
La Ley de Protección de Datos establece que los datos recopilados «no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos».
VOX solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos que se adoptaran todas las medidas que en derecho procedan para prohibir la posible cesión o uso ilegal de datos por parte de los denunciados.
Que se investigara la posible elaboración de listas de perfiles ideológicos de jueces por parte de la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña de la que Santiago Vidal era asesor y, por último, que se determinara si habían existido o existían posibles cesiones ilegales de datos para facilitar la labor de asociaciones, fundaciones, empresas, partidos políticos, instituciones u organismos públicos y Administraciones Públicas, que pretenden la ruptura del marco constitucional, por parte de la Generalidad, o por parte de organismos dependientes de la Generalidad o por parte de Ayuntamientos adheridos al proceso de secesión.
TRES INFRACCIONES
En relación con el procedimiento iniciado contra la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se atribuyen tres infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) relativas a la conservación de datos, la contratación de empresa tercera sin el contrato señalado por el artículo 12 de la LOPD y deficiencias en cuanto al sistema de contraseñas de acceso a los datos Tributarios de los Ciudadanos.
Y en relación con el procedimiento iniciado contra el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalidad, se señala por parte del área de inspección de la APDCAT la infracción por la trasmisión de datos sin que se hubiera articulado el instrumento jurídico preceptivo con el contenido señalado por el artículo 12 de la LOPD.
De acuerdo con Ricardo Chamorro, asesor técnico en materia de Protección de Datos del departamento jurídico de Vox y autor de las denuncias, «como ya decíamos en nuestra denuncia, la Generalidad maneja los millones de datos de los ciudadanos catalanes que habrían sido tratados de manera arbitraria, según palabras el exsenador Santiago Vidal, hacia un interés claramente rupturista con el marco constitucional».
«La gravedad exigía una inspección minuciosa y de gran calado para dirimir responsabilidades por el quebrantamiento de derechos fundamentales. No obstante, VOX seguirá supervisando todo el procedimiento en defensa de los derechos fundamentales de los españoles», concluye.
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