Miguel Ángel Durán Abad se ganaba la vida en Brasil como vigilante jurado y como luchador del "vale tudo", una disciplina de lucha que, como su nombre indica, permite todo tipo de golpes.
El supuesto asesino del abogado Díaz Moñux trata de invalidar la prueba de cargo del posicionamiento telefónico
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11/4/2018 06:17
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Actualizado: 11/4/2018 09:20
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De acuerdo con los hechos probados en el juicio con jurado, celebrado el 12 de noviembre de 2015 en la Audiencia Provincial de Madrid, en torno a las 21.30 horas del 18 de diciembre de 2008, Javier González Hernáiz y Miguel Ángel Durán Abad “se aproximaron con la cara tapada o embozada por la parte izquierda del vehículo” que conducía el abogado Alfonso Díaz Moñux, cuando se encontraba en la rampa del garaje de su domicilio y “de forma súbita e inopinada, sin darle oportunidad alguna de defenderse, uno de ellos efectuó dos disparos con una pistola semiautomática del calibre 9 mm corto, que impactaron en la cabeza de la víctima, ocasionándole la muerte al día siguiente”.
Hechos probados que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en funciones de apelación, y después el Tribunal Supremo, en casación.
Javier González Hernáiz fue condenado a 23 años de prisión como autor de un delito de asesinato alevoso mediante precio, con la agravante de disfraz y la atenuante de dilaciones indebidas y a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de tenencia ilícita del arma con la que se perpetró el asesinato.
También el resto de los implicados: Fernando González Hernáiz, hermano del anterior, fue condenado a 21 años de prisión como autor del mismo delito con la misma atenuante pero sin la agravante; Francisco González Álvarez, padre de los anteriores, a 12 años de prisión como cómplice del asesinato alevoso mediante precio, con la misma atenuante (aumentada a 20 años por el Supremo); Jonny-Alexander Echeverri Olmos, a 11 años de prisión como conspirador del asesinato, con la misma atenuante (el Supremo la aumentó a 20 años); Ibrahim Arteaga Astudillo y Jhon Edwards Montoya Flores fueron condenados a 6 años de prisión como conspiradores del asesinato, con la misma atenuante (elevada a 10 años por el Supremo), y José Alexander Arenas Arango recibió como castigo una pena a 3 años y 7 meses de prisión como conspirador con la atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia y con la misma atenuante aplicada a los demás acusados.
MIGUEL ÁNGEL DURÁN ABAD NO FUE JUZGADO EN 2015
Miguel Ángel Durán Abad no pudo ser juzgado con todos ellos al haber huido de España a Brasil. Hasta el pasado mes de octubre, cuando fue detenido en Río de Janeiro, donde residía bajo una identidad falsa, trabajando de vigilante de seguridad y habiéndose casado con una brasileña.
Su fuga se produjo en septiembre de 2014. Durán Abad y el resto habían sido condenados por un jurado popular presidido por el entonces magistrado Eduardo Cruz Torres que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en funciones de apelación, por irregularidades y quebrantamiento de las garantías procesales, hechos achacables en exclusiva al juez.
A consecuencia de aquella decisión, los condenados fueron puestos en libertad al haber superado el plazo máximo de prisión provisional, que es de 4 años. Durán aprovechó para desaparecer.
OBJETIVO: INVALIDAR LA PRUEBA DE SU TELÉFONO
Duran fue ubicado en el lugar del crimen gracias al geoposicionamiento -triangulación- de su teléfono móvil, equipado con una tarjeta de prepago. Para determinar que le pertenecía, la Policía analizó la procedencia de las llamadas entrantes y salientes. Llamadas que hacía a su padre y a su hermana y que le colocaban, la mayor parte del tiempo, en Galapagar, donde vivía.
Esa es, precisamente, la principal prueba de cargo. Y Durán lo sabía, por lo que dijo que el teléfono no era suyo sino de un tal Johan, un colombiano que dijo conocer en 2008 en un locutorio de Galapagar.
«No soy un fumeta, pero como hago combates me lesiono y un amigo me dijo que la marihuana ayudaba y Johan me pasaba», declaró ante el tribunal.
A pesar de haber tenido tiempo para armar una explicación, sin embargo, Durán no supo explicar cómo era su supuesto amigo, por lo que su explicación adoleció de base. Eso sí, aseguró que el tal Johan vivía cerca de él, en Galapagar, de ahí que el geoposicionamiento coincidiera con su propio domicilio.
Sobre Fernando González Herráiz, Durán, un miembro de la trama de sicarios, declaró que lo había conocido cuando él trabajaba de portero en la discoteca Fabrik y él de camarero.
«Un día me dijo que tenía unos cobros que hacer y necesitaba a gente, que si me interesaba. Mucha gente que trabajaba en la noche se dedicaba al tema de las extorsiones en aquella época. Yo no me quería ensuciar y le contesté que no, pero le dije que le buscaba a alguien», afirmó.
Durán, que había sido paracaidista entre 1999 y 2001, era conocedor de manejo de las armas. Tenía, por lo tanto, el conocimiento, el motivo y la oportunidad, si bien negó ser el autor de los disparos.
Durante la deposición, que pasó por momentos muy tensos en el interrogatorio que le hizo el fiscal, por lo que le reprendió el magistrado presidente, Durán relató que se marchó de España huyendo de «llamadas telefónicas amenazantes» que recibió después de ver la libertad, tras la anulación del primer juicio.
Y explicó que no había contado hasta ahora «la verdad» porque el abogado tenía en 2013, y que compartía con Fernando, le «dio a entender» que era peligroso para él y su familia que declarara lo que sabía.
UN ASESINATO A SANGRE FRÍA
Alfonso Díaz Moñux fue alcanzado en el cuello y en la cara cuando salía por la rampa del garaje de su casa, en el número 12 de la calle Antonio Rodríguez Villa, de Madrid, conduciendo su Mercedes Benz E320 de color azul oscuro, en compañía de su novia, Tania Varela.
Eran las 21.30. de la noche. De acuerdo con varios testigos, dos individuos de aparente origen sudamericano, vistiendo ropa oscura y uno de ellos con una gorra de color blanco, subieron por la calle a paso ligero. Minutos después escucharon dos detonaciones y vieron salir corriendo a los dos individuos en dirección a la calle Velázquez.
Su novia, Tania Varela, a la que no alcanzó ninguno de los disparos, salió pidiendo ayuda.
Horas después, Díaz Moñux, que fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón donde después murió.
Investigaciones posteriores, apuntaron a que la persona que supuestamente había ordenado el asesinato del abogado había sido David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña, a quien Díaz Moñux le había quitado la novia.
Informaciones recabadas del despacho del abogado establecieron que Pérez Lago había sido cliente de Díaz Moñux y que éste conoció a Tania Varela, novia de Pérez Lago, a raíz de la detención de éste.
Mientras Pérez Lago permanecía en prisión por un delito contra la salud pública, Díaz Moñux se enamoró perdidamente de Varela, hasta el punto de que rompió su matrimonio y se fue a vivir con la mujer.
A raíz de esta situación, el 3 de septiembre de 2007 Díaz Moñux recibió 4 llamadas, tres a su móvil y una al fijo.
El interlocutor le dijo con acento sudamericano que «en 48 horas te envío un sicario para matarte, hijo de puta, te voy a trinchar como a un pollo, abogado de mierda, hijo de puta». Amenazas que después continuaron a lo largo de las semanas y meses posteriores.
Díaz Moñux, a la vista de la situación, presento una denuncia el 19 de septiembre de 2008 en las dependencias de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central de la Policía Nacional.
Denuncia que recayó después al Juzgado de Instrucción 27 de Madrid donde repite la denuncia.
La propia Tania Varela apuntó después, frente a la policía, a Pérez Lago como el instigador del asesinato de Díaz Moñux.
«Moñux conocía la estrategia legal de Pérez Lago de implicar falsamente a altos mandos policiales en la causa por la que está preso en su beneficio», declaró Varela ante los investigadores.
Jamás se pudo probar que Pérez Lago hubiera tenido nada que ver con el asesinato de Díaz Moñux.
Precisamente, Tania Varela tendrá que declarar en este juicio.
Varela fue detenida hace unos días por los Mossos d’Esquadra después del huir, en 2014, tras ser condenada a 7 años de cárcel por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los delitos de blanqueo de capitales y contra la salud pública -un alijo de más de dos toneladas incautado en Corme, A Coruña, en 2006.
Antes de ingresar en prisión se fugó.
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