La Sección territorial de Madrid de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha emitido un comunicado denunciando en que pide la «depuración de responsabilidades del fracasado proyecto de construcción del Campus de la Justicia que embarga el futuro de la Justicia en nuestra Comunidad y pedimos la adecuada dotación presupuestaria para la inminente entrada en funcionamiento de los Juzgados creados en el 2017, absolutamente necesarios para mejorar la respuesta judicial».
Así de contundente se muestra esta asociación de jueces ante las «graves irregularidades contables y una aparente falta de control financiero por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid» en el Campus de la Justicia, detectada en un informe de la auditoria de la Cámara de Cuentas, y que podría suponer «quebranto patrimonial» de más de 130 millones de euros a las arcas públicas.
Unos hechos que han motivado que los tres grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) hayan presentado ante la Fiscalía un informe con las «irregularidades» detectadas en la Ciudad de la Justicia.
La dispersión, un problema crónico
A la vista de todo lo aparecido en los medios de comunicación sobre este asunto y basándose en su experiencia del día a día desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), subrayan que aunque «la Comunidad de Madrid gasta más de dos millones de euros mensuales en el alquiler de edificios donde se ubican los órganos judiciales», sus «infraestructuras constituyen para quienes trabajan en ellas y para quienes las utilizan un problema crónico».
Recuerdan que la dispersión de sedes, el deterioro de las instalaciones, el agotamiento del espacio, la ausencia de una arquitectura judicial que permita el cumplimiento de las leyes de cara a la protección de las víctimas, la falta de un mantenimiento adecuado son quejas que se reflejan sistemáticamente en las Memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Madrid es la tercera Comunidad con mayor número de entrada de asuntos
En la actualidad, y según los datos del Consejo General del Poder Judicial, Madrid es la tercera Comunidad con mayor número de entrada de asuntos (por detrás de Andalucía y Cataluña), siendo necesaria según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia la creación de 87 órganos judiciales unipersonales en nuestra Comunidad para poder dar una respuesta judicial adecuada a los asuntos que se registran. El Real Decreto 902/2017 de 13 de octubre creó 10 nuevos juzgados en Madrid y dos nuevas plazas en la Audiencia Provincial. En la Orden Ministerial de 22 de diciembre, publicada en el BOE de 26 de diciembre de 2017, la puesta en funcionamiento de 6 de los nuevos juzgados ha quedado condenada, sin previsión de fecha.
Falta de presupuesto para nuevos juzgados
Desde JJpD también señalan que del escaso número de nuevos juzgados creado, no hay fecha de entrada en funcionamiento por falta de presupuesto de los juzgados números 102 y 103 de Primera Instancia de Madrid, Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Alcobendas, Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Móstoles, Juzgados números 13 y 14 de lo Mercantil.
