Catedráticos y profesores de universidades públicas han firmado un documento en el que expresan su posición crítica ante la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, e inciden en que les parece «discutible la estrategia de silencio» de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Y es que, los docentes consideran que la «llamativa discreción» de la CRUE pueda ser confundida «con corporativismo o solidaridad con quienes se entregan a malas prácticas y corruptelas, donde quiera que esto ocurra».
Además, en el documento inciden en que «es obligación básica de los rectores y sus equipos, de los decanos y de los directores de departamento velar por la integridad de los comportamientos y la legalidad de los procedimientos y poner en marcha cualesquiera medidas jurídicamente válidas para la sanción de las acciones indebidas».
Consideran que la «absurda y estéril burocratización del sistema universitario español ha llevado a la abundancia de fiscalizaciones puramente aparentes por parte de agencias y entidades de evaluación que, en lo que a los títulos universitarios se refiere, a menudo no sirven más que para disfrazar el desgobierno y la arbitrariedad».
«OSCUROS NEGOCIOS Y CHIRINGUITOS»
Para los catedráticos y profesores, junto a una mayoría de títulos y estudios de alto nivel y elevada exigencia, «se han colado en el sistema universitario otros que no son sino oscuros negocios y chiringuitos descarados es prueba más que concluyente de la ineficiencia de los actuales sistemas de evaluación y fiscalización de las enseñanzas universitarias».
Pese a ello, creen que «incidentes graves como el que actualmente afecta a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y a determinado máster de ella dependiente no deben usarse para la crítica genérica e indiscriminada de las universidades públicas españolas y de los estudios que ofrecen».
«Somos los docentes de las universidades públicas los más interesados en un control estricto de la enseñanza y los títulos, tanto en las universidades públicas como, por supuesto, en las privadas. La inquietud actual ha de ser acicate para un análisis riguroso de cómo se organizan y se gestionan los títulos, especialmente los de segundo y tercer ciclo, en todas las universidades, con particular atención a algunas universidades privadas», han recogido en el texto.
Por ello, instan a las autoridades estatales y autonómicas, a los rectores y a los responsables universitarios en general a incrementar el esfuerzo y los medios para que haya «efectivo control y verdadera inspección de la calidad y la seriedad de todos y cada uno de los títulos universitarios«.
Confían en que universidades públicas entiendan que su objetivo es científico y docente, «y no económico o político», y que las universidades privadas comprendan que «su legítimo afán de lucro e influencia social no ha de estar reñido con el servicio que prestan, único factor que social y jurídicamente justifica su existencia». (EP)
