El exasesor de Urbanismo de Marbella (Málaga) y principal condenado en el caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, volvió ayer a poner en escena la «estrategia del muerto», que consiste en echar las culpas a la persona desaparecida.
En este caso a achacar es el fallecido alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, a quien achaca el control urbanístico. De esa forma, descarga todas las responsabilidades en alguien que no puede responder. Es un recurso conocido y muy socorrido que, por otra parte, no suele dar buenos resultados, por regla general.
Según Roca, Gil y Gil diseñaba las obras, conocía perfectamente la ciudad y «corregía» los convenios, negando que la intención de éstos fuera perjudicar al Ayuntamiento.
«Existía un ánimo de financiar las arcas públicas con el urbanismo. Esa era la encomienda del alcalde», ha dicho.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga continuó ayer con este juicio, en el que además de Roca, están acusados el exalcalde Julián Muñoz, dos empresarios y seis exediles -que han llegado a un acuerdo con las acusaciones- por convenios firmados entre el Ayuntamiento y tres empresas relacionadas con esos promotores que habrían causado un perjuicio al Consistorio de al menos 14,3 millones.
Así, Roca, que acude por primera vez a un juicio en régimen penitenciario de semilibertad -tercer grado-, aseguró que Gil «se paseaba permanentemente por la ciudad, conocía Marbella mejor que muchos de nosotros», además de que todas las obras que se hicieron fueron dirigidas y casi diseñadas por él, que se reunía con los técnicos municipales de urbanismo y les decía cómo había que hacerlas.
«No piensen que Gil era una persona desconocedora del urbanismo. Era promotor 20 años antes de llegar a Marbella», aseguró Roca, quien apuntó que por ley quienes tenían las competencias sobre el modelo de ciudad era la Corporación y el alcalde, apuntando que eso «fue lo que hizo, podrá gustar o no».
Negó que él o Muñoz se beneficiaran con estos convenios y afirmó que no habló con éste ni con los concejales sobre los mismos.
En este punto, señaló que hablaba de estos asuntos con Gil, que «nunca delegó la Concejalía de Urbanismo», por lo que ejercía «de alcalde y de edil» de dicha materia y hablaba personalmente con los funcionarios.
Además, señaló que antes de los borradores Gil ya conocía el sentido de los convenios «y a veces los corregía», para luego remitírselos al alcalde accidental que «él decía que lo iba a firmar», calculando que el exregidor sólo firmaría 10 o 12.
Roca hizo hincapié en que tanto el interventor como el alcalde «conocían perfectamente de la singularidad y de los entresijos» de los convenios analizados en esta causa, que explicó y detalló; negando lo que se dijo en la sesión del juicio del pasado martes de que los acuerdos urbanísticos «se hacían escondiéndolos».
Explicó que el origen de las operaciones de esta causa es que había un edificio «y Gil me dice un día esto hay que tirarlo, es una aberración, un disparate, no es la ciudad que yo quiero», precisando que primero hubo que obtener el inmueble y luego buscar un promotor «que hiciera lo que el alcalde quería hacer», que era al principio un edificio y una plaza, aunque luego Gil dijo que quería un hotel, por lo que se cambió el uso.
Reveló que «de los más 800 convenios que se firmaron en Marbella en esa época, que yo habré negociado 700, el Ayuntamiento hoy en día debe más de 40 millones de euros a promotores por compromisos que no ha podido dar», incidiendo en que con la transmisión de los aprovechamientos el Consistorio «estaba vendiendo algo que no poseía, que no formaba parte de su patrimonio», por lo que estas tasaciones de terrenos «futuribles» no se pueden comparar con las de viviendas ya construidas.
En este sentido, declaró que los ayuntamientos «tienen que hacer sus valoraciones regladamente» y que los entes públicos no pueden intervenir en si luego se venden «por más».
En aquella época, expresó, había muchas operaciones de compraventa.
Cuestionado por si existía especulación entre particulares, se sinceró: era «brutal». EP.
