La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), presidida por Gloria Poyatos, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha exigido hoy una composición paritaria para todos los organismos implicados en los cambios legislativos y que se forme en «la perspectiva de género» a magistrados, fiscales, policías, abogados y forenses.
A través de un comunicado, la AMJE valora el debate abierto sobre la adecuación de la respuesta legal y judicial ante delitos con una clara significación patriarcal a raíz de la sentencia de La Manada, y exige que se haga una «reflexión serena y profunda» de nuestro sistema judicial.
«Una actuación de los poderes públicos que pretenda simplemente parchear la situación y dar una respuesta meramente formal y aparente no hace sino profundizar en la brecha que ya existe. La desigualdad y discriminación de la mujer no es una anécdota que requiera de meras correcciones, es sistémica, general y estructural», advierte.
Como prueba de ello, recuerda que el órgano al que el Ministerio de Justicia ha encargado estudiar cómo están regulados en el Código Penal los delitos contra la libertad sexual, la Comisión General de Codificación, está conformado en la actualidad solo por hombres.
La AMJE califica de «corrección anecdótica» que, en vista de esa composición 100 % masculina, se haya «invitado a colaborar» en esa tarea a seis mujeres expertas en esta materia.
Subrayan que «Las mujeres no somos invitadas de la historia, sino protagonistas de la misma y es un deber moral y legal que ocupemos el lugar que nos corresponde. Un organismo asesor del Estado en materia legislativa formado únicamente por hombres y sin ninguna representación femenina carece simplemente de cualquier legitimidad».
A su juicio, no es posible encomendar ninguna tarea a un organismo público de esa composición «hasta que no se produzcan cambios fundamentales en su organización y estructura que incluyan la presencia igualitaria de hombres y mujeres en todos su órganos de forma permanente», sin que quepa sortear ese problema con «operaciones de mero maquillaje» o invitando «a quien tiene derecho a estar allí por méritos propios».
Las juezas españolas exigen abordar «desde la raíz» este tipo de problemas y establecer «la perspectiva de género como principio básico» de su actividad, que deberá estar presente en «toda» su trayectoria profesional «mediante una formación obligatoria, continua y desde una orientación transversal y multidisciplinar».
Por ello, exigen una «composición paritaria de todos los organismos e instituciones y, especialmente, aquellos que tienen que ver con las reformas legislativas en nuestro país, de acuerdo con la obligación prevista en los artículos 54 y 16 de la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres».
También demandan que reciban «formación con perspectiva de género transversal y multidisciplinar» de manera «obligatoria y continua los miembros de las «fuerzas y cuerpos de seguridad, la judicatura, la fiscalía, la abogacía y la medicina forense» , en particular «aquellas personas que se relacionan con delitos de violencia de género y delitos contra la libertad sexual».
Recuerdan que «es fundamental arbitrar medidas eficaces de protección a las víctimas y asumir responsabilidades en este ámbito. La filtración de los datos personales de quien ha sufrido un delito de enorme gravedad y tras él a un duro proceso penal resulta intolerable y nos obliga a analizar que ha fallado y que mecanismos deben ser modificados para evitar que esto pueda ocurrir en el futuro».
«Se trata de una cuestión esencial pues si no somos capaces de contener los daños que con ocasión del proceso se causa a las víctimas este deja de tener sentido y ningún orden, bien jurídico ni Justicia puede ser restaurada», puntualizan..
Por último, reclaman que se cumpla el Estatuto de la Víctima, «evitando su culpabilización y revictimización, así como respetando el derecho a su intimidad».
