La Fiscalía ha solicitado al juez del Supremo, Pablo Llarena, que dicte nuevas órdenes de detención europea dirigidas a Bélgica contra los exconsellers catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, cuya entrega a España fue rechazada ayer por defectos de forma.
La fiscalía coincide con los argumentos esgrimidos por el magistrado español y aclara que, en contra de lo interpretado por las autoridades belgas, el auto de procesamiento constituye título judicial suficiente para fundamentar la emisión de la orden europea de detención y entrega de los tres fugados.
Es decir, que los autos de procesamiento en los que basó las órdenes de entrega Pablo Llarena «satisfacen plenamente las exigencias previstas por los arts. 8 de la Decisión Marco y 36 de la ley 23/2014 en cuanto a su contenido, y es plenamente conforme con la jurisprudencia del TJUE, ya que incluye una relación detallada de los hechos delictivos que se les imputan, los elementos indiciarios en los que se sustenta la imputación, una calificación jurídica mucho más precisa de los hechos» y, por lo tanto no tenía sentido exigir una orden de detención nacional como ha hecho Bélgica.
Es más subraya que «el auto de procesamiento reúne la doble cualidad de auto de prisión u orden detención nacional previa a la OEDE a los efectos de la reclamación y entrega de los imputados que han eludido la acción de la justicia, y por ello cumple sobradamente con los presupuestos que establece el art. 503 de la LECrim, y de auto de imputación formalizada tras el desarrollo de la instrucción, en la medida en que sujeta al proceso de forma mucho más precisa a los investigados».
«No obstante, vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las Autoridades judiciales competentes de Bélgica», solicita a Llarena que «emita orden europea de detención y entrega» de los procesados «que deberá enviarse directamente a las Autoridades judiciales de Bélgica».
