El juicio por la salida a bolsa de Bankia arrancará en noviembre cuando empiecen a desfilar los abogados de los 35 acusados, para dirimir cuestiones previas, aunque no será hasta enero de 2019 cuando comience efectivamente el juicio oral, como indica el documento, que suscriben los magistrados Ángela Murillo (que será la ponente), Carmen González y Juan Francisco Martel.
Según una providencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fechada el pasado 10 de mayo que indica que se debe disponer para tal fin de la sede judicial de San Fernando de Henares durante todo el primer semestre del próximo año.
El calendario previsto se ha adelantado, indica el documento, al haberse constatado que el procedimiento abreviado que estaba señalado para noviembre y diciembre tiene previsto finalizar en octubre.
Después de cinco años de instrucción, el juez Fernando Andreu abrió juicio oral el pasado 17 de noviembre al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y otras 34 personas, entre ellas el exvicepresidente José Luis Olivas, así como la propia entidad, su matriz y la firma auditora Deloitte, como cooperadora necesaria.
Se les juzgará por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años (art. 290 del Código Penal) y delito de fraude de inversores (art. 282 y 288 del C.P.) por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a bolsa de la entidad financiera.
Además, el Ministerio Público pide que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a los inversores minoristas personados en el procedimiento en el importe total de su inversión, con exclusión de quienes hayan sido indemnizados por Bankia, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de esta última.
Además de Rato y Olivas, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas de la Fiscalía -cinco y cuatro años de cárcel-, figuran el exconsejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el ex consejero delegado Francisco Verdú -dos años y siete meses-, por fraude a inversores.
Solicitudes que aumentan hasta los doce años de cárcel en el caso de las acusaciones particulares y populares, que atribuyen a los 35 un presunto delito de falsedad contable.
