En primer término Sofía, la hija de la doctora Victoria Lliso, que aparece detrás manifestándose ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde tiene que verse su recurso.
La doctora Victoria Lliso se manifiesta frente a los Juzgados de Valencia reclamando justicia y la devolución de su farmacia
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25/5/2018 06:15
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Actualizado: 26/5/2018 00:02
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Victoria Lliso Roig, doctora en Farmacia, su hija Sofía -ambas ataviadas con la tradicional bata blanca del gremio-y más de 20 personas se manifestaron ayer frente a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia reclamando justicia y la devolución de la Farmacia que tenía en la Avenida del Puerto de Valencia.
Una farmacia que se vio obligada a vender por debajo de su precio de mercado, apremiada por Bankia, y sin que nadie le explicara que podía haber planteado un concurso voluntario de acreedores. De haberlo hecho, con toda probabilidad podría haber salvado su Farmacia de la venta.
En España, cuando una empresa no puede solventar los problemas de liquidez, lo normal es que su dirección formule un concurso voluntario de acreedores.
Es una figura que sustituyó a las quiebras y suspensiones de pagos tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, reformada por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo y por la reciente Ley 38/2011, de 10 de 0ctubre, que entró en vigor el 1 de enero de 2012.
En este caso, fue la propia Bankia la que le buscó un comprador y el 25 de octubre de 2012 vendió la farmacia y el edificio por 2 millones de euros.
Además, Bankia le hizo hipotecar la casa de sus padres.
Sin embargo, Bankia no era la única acreedora. Estaban Centro Farmacéutico, S.L., Cofares y Borgino, S.A.U. y la Federación Farmacéutica SCCL. Juntas sumaban una deuda de 5.630.000 euros más.
La Federación Farmacéutica presentó, ante los tribunales, una demanda de concurso necesario sobre la farmacia de Lliso dos días antes de su venta, el 23 de octubre de 2012.
“La administradora concursal lo vio claro. La venta de mi farmacia, del fondo de comercio, de todo, fue en prejuicio del resto de mis acreedores. Lo decía en su escrito –y lee-: ‘Enajenó todo su activo empresarial por un precio muy inferior al valor de mercado y aumentó su masa pasiva solicitando un nuevo préstamo de 600.000 euros’. Y ‘todo ello para saldar la deuda que tenía con uno de sus acreedores, Bankia, en detrimento de los demás”, explicó a Confilegal la doctora Lliso.
CONTRA TODO PRONÓSTICO, EL JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 FALLÓ EN CONTRA
“Cuando se declara un concurso de acreedores existe lo que se denomina ‘periodo de sospecha’ que tiene una duración de dos años. Antes se llamaba periodo de retroacción. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las operaciones que se pueden haber realizado durante ese tiempo están bajo sospecha porque pueden haber sido llevadas a cabo con la intención de descapitalizar a la empresa”, relató a Confilegal Fernando Presencia, quien fue, durante 9 años, titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia.
Este, según varias fuentes del sector consultadas por este diario, era un «caso de libro» para aplicar la retroacción.
Sin embargo, contra todo pronóstico, la actual magistrada del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia, Montserrat Molina, falló en contra, mediante sentencia de fecha 11 de julio de 2017.
Para la magistrada, en el juicio no quedó probado que hubiera existido “perjuicio patrimonial” para Centro Farmacéutico, S.L., Cofares y Borgino, S.A.U. y la Federación Farmacéutica SCCL en las operaciones de venta de la doctora Lliso de su farmacia, por sí misma y a través de su empresa, Galaspanien, que beneficiaron sólo a Bankia.
PENDIENTE DE LA SENTENCIA DE APELACIÓN
Una sentencia que, según ha podido consultar Confilegal, va contracorriente.
Lliso, en consecuencia, presentó un recurso de apelación, que cayó en la Sección Novena de lo Mercantil de la Audiencia Provincial de Valencia, ante la que ayer se manifestó junto con su hija, un sacerdote y un grupo de amigos.
La doctora Lliso, la segunda por la izquierda, junto a un amigo, Gabriel, a su derecha, y el padre Juan Carlos, a su izquierda; en el extremo derecho Sofía, la hija de la farmacéutica.
Ahora le toca a este tribunal de apelación dar una respuesta final a un caso que ha tomado un cariz nacional y mediático indudable.
De izquierda a derecha, Gabriel, un amigo de la farmacéutica, la doctora Victoria Lliso, el padre Juan Carlos, y Sofía hija de Lliso.Entre los carteles que ayer, durante la manifestación se podían leer frases como «Los recursos y las altas instancias deben corregir los abusos y errores. Confiamos y esperamos que los magistrados jueces sean profesionales, honrados e imparciales y que apliquen la ley», o «Los bancos y poderosos económicamente no deben de tener privilegios ni trato preferente frente a la justicia. Debe primar la aplicación de la ley».
También «¿Por que se protege aún a Bankia?», «Nos sentimos desprotegidos por la justicia porque algunos jueces no aplican la ley» y «Que las resoluciones judiciales no primen la defensa de los poderosos y dejen en indefensión a particulares perjudicando injustamente».
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