La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un año de cárcel a un abogado por falsificar facturas en nombre de una empresa de cocinas que le reclamaba 38.674 euros por los trabajos realizados en su casa y presentarlas en juicio para librarse del pago de dicha cantidad.
La Audiencia lo considera responsable de un delito de falsedad en documento mercantil y de otro de estafa procesal en grado de tentativa, por los que le impone además el pago de una multa de más de 1.600 euros y un año de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.
El letrado del acusadado, Luis Romero, ya ha anunciado que recurrirá el fallo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La sentencia, avanzada por el diario Huelva Información, considera probado que el acusado en 2008, cuando se encontraba construyendo su casa, solicitó los servicios de una empresa de cocina para que se encargara de los trabajos de carpintería de la vivienda sin que se firmase expresamente presupuesto de los trabajos dado el grado de confianza entre las partes en ese momento.
Como consecuencia de los trabajos iniciales se emitió una factura inicial por parte de la empresa que el acusado abonó mediante dos pagarés y una transferencia bancaria; una vez finalizadas las obras se emitió una segunda factura por importe de 43.674 euros de las que sólo abonó 5.000 euros.
Ante el impago la empresa interpuso demanda contra el acusado, quien en contestación a la demanda ante el Juzgado de Instrucción 4 de Huelva.
Ante eso él, valiéndose de su condición de abogado confeccionó y presentó, «con la intención de perjudicar a la entidad demandante», «dos documentos -una factura y un presupuesto de 30.000 euros, respectivamente- a nombre de la entidad demandante, estampados con un sello similar al utilizado siempre por la demandante, en la que se hacía constar el correspondiente recibí para simular el pago de la cantidad presupuestada».
Sin embargo, según prosigue la resolución judicial, indicando que para confeccionar la factura y el presupuesto, el letrado «se sirvió de un sello falseado a nombre de Cocinas y Muebles Franma». Para ello encargó «a otra persona desconocida» un duplicado del sello, pero no era el original, sino similar. Su realización se llevó a cabo utilizando radioláser sin que se usara el original para fijarse en él como modelo, «simplemente le dieron la descripción del sello».
El objetivo del letrado con su acción era tratar de influir a su favor sobre la voluntad del juzgador de instancia en el proceso civil por medio de dichos documentos falsos, tal y como se constató con la realización de varias periciales.
Sin embargo, el letrado no consiguió su propósito, de ahí que la Audiencia lo condene por un delito de estafa procesal en grado de tentativa, ya que por sentencia de octubre de 2017, el Juzgado estimaba parcialmente la demanda de la empresa y condenaba al acusado a abonarle 37.684 euros, decisión judicial que aún no es firme al haberla recurrido éste.
La condena del procesado conlleva, además, un año de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
