El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, reveló ayer lunes que el Gobierno pondrá en marcha «de inmediato» la Fiscalía de Sala Especializada en Personas con Discapacidad, «en cuanto se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE)».
Será la décima especialidad implantada a corto plazo.
Lo avanzó durante la clausura de la Asamblea de Representantes del CERMI Estatal, celebradaen el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, y durante la que se han abordado las principales cuestiones de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias.
La Asamblea también contó con la participación de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, acompañada de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz.
Hay que recordar que hace más de dos años el ministro de Justicia saliente, Rafael Catalá daba a conocer esta iniciativa en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde compareció para dar cuenta de los objetivos de su departamento para los próximos cuatro años.
En lo que se refiere a la discapacidad, el exministro de Justicia destacaba que se iba «a trabajar para la creación, dentro de la Fiscalía General del Estado, de una Fiscalía Especial para la Discapacidad y para la Diversidad Funcional».
Desde CERMI dicha reivindicación ha estado presente en los últimos años.
Este coletivo ha insistido que laa creación de dicho órgano debería ir acompañado de los «medios y recursos suficientes» para que desempeñe una defensa activa de estos derechos.
También reclamaban que existiera así como de «fiscalías especializadas en todos los tribunales y las demarcaciones territoriales del Ministerio Fiscal que lo aconsejen, tanto por el volumen de asuntos como por la población y la situación de los derechos de las personas con discapacidad de esa área», según la organización.
Reivindicación histórica
Desde el CERMI se insiste que se trata de una reivindicación que viene haciendo «desde hace mucho tiempo» y cree que es «más necesaria que nunca» debido a la situación de «precariedad» por la que, a su juicio, atraviesan las personas con discapacidad en materia de Derechos Humanos.
«Las vulneraciones permanentes y estructurales que se siguen produciendo, y el deber de cumplir los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hacen más necesaria que nunca la creación de esta unidad especializada en la estructura del Ministerio Fiscal», subrayó el nuevo secretario de Estado .
Dolz comentó que los Presupuestos del ejecutivo anterior «ya preveían la creación da Fiscalía órgano, por lo que procederemos de forma inmediata» y ha explicado que dicho órgano se dedicará de forma prioritaria a la coordinación de los fiscales en todos aquellos asuntos judiciales que tengan que ver con los derechos de las personas con discapacidad.
Aunque el Gobierno debe autorizar su creación, dependerá de la Fiscalía General del Estado, y buscará «procurar más recursos para que la igualdad de este grupo social sea un hecho y no un mero derecho”, indicó el secretario de Estado sobre este organismo, que fue una demanda planteada al anterior Ejecutivo por el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI).
Por otro lado, Dolz se mostró partidario de reformar la Constitución para eliminar el concepto de “disminuidos” como forma de hacer referencia a las personas con discapacidad, aunque advirtió de las “dificultades” existentes para reformar la Carta Magna, “por lo que no puedo prometer que esta modificación se haga efectiva en la presente legislatura, aunque sí está en nuestro horizonte”.
Además, destacó su voluntad de dialogar con el movimiento asociativo de la discapacidad para llegar a soluciones respecto a temas que «sé que os preocupan» como el internamiento forzoso, la restricción del derecho al voto o las esterilizaciones forzadas.
Hay que seguir avanzando en temas de discapacidad
Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, transmitió la gratitud de las personas con discapacidad al secretario de Estado por asistir a la clausura de esta Asamblea de Representantes y enumerar algunos de los avances que se han conseguido en los últimos años, como la reforma de la Ley del Jurado para acabar con la exclusión de las personas con discapacidad para formar parte de este tipo de tribunales. ´
También ha puesto en valor que se hayan eliminado las barreras existentes a la hora de contraer matrimonio por razón de discapacidad.
Entre las cuestiones pendientes, el presidente del CERMI lamenta que España siga sin cumplir la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en ámbitos como la supresión de la capacidad jurídica.
Así, también recordó que este tratado internacional prohíbe a los Estados parte mantener este modelo, debiendo sustituirse por otro en el que se brinden los apoyos humanos y materiales necesarios para que sea la persona con discapacidad quien tome sus propias decisiones.
Asimismo, reclamó, que se eliminen las barreras existentes en los tribunales, “no solo físicas, sino cognitivas o sensoriales”, para garantizar la igualdad a la hora de acceder a la justicia. “Esto es fundamental, porque estamos hablando de que en muchas ocasiones uno se juega su libertad o los derechos civiles”.
Previamente, durante el desarrollo de la Asamblea de Representantes, que ha contado con una nutrida representación del movimiento de la discapacidad en España con responsables de decenas de organizaciones y de los CERMIS Autonómicos, se abordaron cuestiones de funcionamiento de la entidad, como la aprobación de sus cuentas y la memoria de 2017 y el presupuesto de este año y las principales acciones que la entidad llevará a cabo en los próximos meses.
Por último, se abordaron cuestiones relacionadas con las mujeres y niñas con discapacidad, y se felicitó a Ana Peláez Narváez, comisionada de Género del CERMI y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, por su nombramiento como nueva integrante del Comité de la CEDAW de la ONU, de forma que se ha convertido en la primera mujer con discapacidad en formar parte de este organismo internacional, desde donde se dará voz a las reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad.
