Los representantes de las cuatro asociaciones de jueces en una foto tomada en el Congreso de los Diputados. De izquierda a derecha: Concepción Rodríguez, de FJI; Ignacio González Vega, de JJpD; Raimundo Prado, de AJFV; Manuel Almenar, de APM.(Yolanda Rodríguez/Confilegal)
Las asociaciones de jueces reprochan al CGPJ que todavía no haya definido las cargas de trabajo
Contestando al Informe de Evaluación de Riesgos Psicosociales de la Carrera Judicial presentado ayer
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26/6/2018 00:41
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Actualizado: 26/6/2018 09:52
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Las cuatro asociaciones de jueces reprochan al CGPJ que a 6 meses del final de su mandato, y después de 4 años y medio, no hayan sido capaces de elaborar las cargas de trabajo de entrada que han venido reclamando y por las que, incluso, llevaron a juicio al órgano de gobierno de la carrera ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
Y critican que ahora presenten un informe de evaluación de riesgos psicosociales de la carrera judicial, elaborado por el CGPJ para el desarrollo del Plan de Riesgos, en el que reconocen que contiene lo que ya sabían.
«Al final de su mandato, este Consejo General del Poder Judicial ha reconocido que estamos muy mal. Que la carga de trabajo que soportamos es un factor de riesgo muy elevado. Lo que las asociaciones habíamos venido afirmando. Pero lo que no han hecho ha sido definir las cargas de trabajo para impedir que eso ocurra. Está en su cometido y en cuatro años y medio no lo han hecho. ¡Qué gran contradicción!», explica Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
«La principal información que contiene este informe no es noticia. Porque ya sabíamos, desde marzo de 2017, que el 84 por ciento de la carrera judicial se encontraba en la zona de riesgo ‘muy elevado’ en el factor de riesgo de carga de trabajo. El dato venía contenido en el informe preliminar de evaluación de riesgos psicosociales», apunta Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente.
«Desde el comienzo de su mandato el CGPJ ha tenido tiempo para hacer sus deberes, elaborando las cargas de trabajo de entrada. Es el punto 13 de las 14 propuestas básicas para mejorar la justicia que presentamos las 14 asociaciones de jueces el año pasado ante el Congreso y el Senado: Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales. Y eso no ha ocurrido», señala Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.
«El diagnóstico es muy bueno», afirma Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), «pero es eso, un diagnóstico. Porque en el CGPJ no han hecho nada para definir esas cargas de trabajo de excesivas, de entrada, que son malas para la salud y que impedirían precisamente esos riesgos que ahora identifican y denuncian en su informe».
Los cuatro líderes asociativos recuerdan que presentaron una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra el órgano de gobierno de los jueces precisamente por eso, por no definir las cargas de trabajo.
Y aunque el tribunal consideró que adolecía de jurisdicción para resolverla, la sentencia, del pasado mes de febrero, les dio la razón sobre el hecho central: le corresponde al CGPJ determinar la carga de trabajo de todos y cada uno de los jueces y que no lo ha hecho.
El informe en cuestión
El informe del CGPJ, presentado ante la Comisión Permanente por los vocales Juan Martínez Moya y Concepcion Sáez, se ha realizado a partir de los cuestionarios cumplimentados por 2.478 jueces y magistrados –el 47,8 por ciento de la Carrera- y de 78 entrevistas personales.
Y dice «que el 84 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial se sitúan en la zona de riesgo ‘muy elevado’ en cuanto a carga de trabajo -definida como ‘el nivel de demanda de trabajo a la que el juez o magistrado ha de hacer frente’-, aunque los resultados varían cuando se tienen en cuenta las variables de género, antigüedad y destino»
También explica que el porcentaje mujeres que administran justicia es un 7 por ciento más elevado que el de hombres; un 87 por ciento frente a un 80 por ciento.
De la misma manera, el factor de riesgo es de un 86 por ciento para jueces con un antigüedad entre 3 y 10 años, y de un 76 por ciento para aquellos que ingresaron en la carrera judicial hace 25 años.
Por órganos judiciales, la carga de trabajo como factor de riesgo “muy elevado” alcanza el 88 por ciento entre los jueces y magistrados destinados en Juzgados unipersonales; mientras que entre los de órganos colegiados el porcentaje es del 69 por ciento.
Entre los órganos unipersonales, además, la puntuación más negativa es para los Juzgados de lo Mercantil (94 por ciento) y la más positiva para los Registros Civiles Exclusivos (40 por ciento) y los Juzgados de Menores (45 por ciento).
«El Consejo ya ha fijado las cargas de trabajo»
El pasado miércoles, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, reconoció que las cargas de trabajo «tienen una gran importancia para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia porque nos permiten dimensionar la planta judicial. Es decir, qué puede hacer un juez, y partiendo de ese dato objetivo, de qué capacidad tiene de resolución. Así podemos determinar cuántos jueces necesitamos, partiendo del volumen total de asuntos».
«Es un dato de gran importancia para la buena organización de la Administración de Justicia. Pero no sólo eso. Es bueno también para establecer la responsabilidad disciplinaria de los jueces. Para saber si un juez trabaja poco tenemos que saber cuál es la medición de su carga de trabajo. Es importante también para la salud laboral de los jueces», añadió.
«Este Consejo aprobó el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la carrera judicial. Y ahí se contemplaba la carga de trabajo en relación con la salud. Y añadiré más. Tiene importancia para las propias retribuciones variables de los jueces», indicó.
«El Consejo ya ha fijado las cargas de trabajo. En este momento se han entregado a las asociaciones para que emitan su opinión sobre estas cargas que han sido establecidas. Pero no las podemos aprobar solos. Las tenemos que aprobar de común acuerdo con el Ministerio de Justicia», remachó.
Las asociaciones no coinciden
«Lo que nos ha enviado es el anteproyecto de Reglamento de Retribuciones Variables, que determina el trabajo que puede sacar un juez, o una juez, a efectos de la retribución, y otras son las cargas de trabajo de entrada, a efectos de salud», explica González Vega.
Un punto en el que coinciden el resto de los representantes asociativos.
Todos ellos opinan que aquí se ha tratado de mezclar «churras con merinas».
«El CGPJ no ha querido fijar la cargas de trabajo de entrada. Y va a terminar su mandato sin haber hecho sus deberes. Ciertamente esto también será parte de su legado: la inacción, aunque propagandísticamente se quiera vender otra cosa. Tampoco tiene sentido que, ahora, después de todo lo que ha pasado, quieran ponerse a la cabeza de la manifestación. No tiene sentido», concluyen todos al unísono.
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