La Audiencia Nacional juzga desde hoy a los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y María Dolores Amorós. Cada uno se enfrenta a diez años de cárcel por los supuestos delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas por la venta de deuda subordinada y de preferentes emitidas en el 2009.
Habrían ordenado la comercialización de este producto a más de 5.500 clientes.
El años pasado ya fueron condenados a tres años de cárcel por el falseo de las cuentas de la entidad en 2010 y 2011.
En esta ocasión no ejerce acusación la Fiscalía, sino la Asociación Adicae y otro grupo de particulares.
En sus respectivos escritos, además de las penas de cárcel, solicitan una indemnización conjunta y solidaria de 11 millones de euros.
Piden que respondan como responsables civiles subsidiarios La Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (heredera de la extinta CAM) y como responsable civil directo Seguros Caser.
Según recoge el escrito de las acusaciones particulares, la CAM realizó tres emisiones de participaciones preferentes.
La serie A, emitida en agosto del año 2001 por 300 millones de euros; la B, de agosto de 2002 por 160 millones de euros; y la serie C, emitida el 29 de septiembre de 2009 por importe de 850 millones.
Señala que, en lo que respecta a deuda subordinada, se realizó una emisión en febrero de 2004 por importe de 300 millones de euros.
76,32 MILLONES EN PRODUCTOS NO BENEFICIOSOS
Durante la comercialización de las preferentes serie C a un total de 5.540 clientes, les colocaron productos menos beneficiosos por un importe global de 76,32 millones de euros, recogen las acusaciones.
Apuntan a López Abad y Amorós, en calidad de directivos, de ordenar a los empleados de todas las oficinas a que se colocara una parte de estos productos menos beneficiosos a los preferentistas «con la excusa de diversificar la gestión».
El pasado enero, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela abrió juicio oral contra ambos, aunque fue en marzo de 2016 cuando propuso inicialmente juzgarles debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos.
No ocurrió lo mismo en la investigación que se hizo en una pieza separada de las cuotas participativas emitidas por la entidad.
Archivó la instrucción en varias ocasiones al considerar que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados.
IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA CNMV
En lo que respecta al producto de las preferentes, la División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó «una serie de irregularidades» en su comercialización que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012.
Este indica que la información facilitada al cliente adolecía «deficiencias relevantes».
«La alta confianza que ofrecía en los clientes el crédito irreputacional que las cajas habían acumulado durante el siglo XX y que, como hemos conocido, han dilapidado en los pocos años de vida de este siglo, permiten comprender la facilidad con la que aquellos ‘plazos fijos’ fueron convertidos en preferentes cuando las necesidades de capital se revelaron acuciantes», reza el escrito de una de las acusaciones.
Se refieren los denunciantes a la mala situación financiera que atravesaba entonces la caja extinta.
De hecho, en marzo de 2011, los gestores de entidad, actualmente propiedad del Banco Sabadell -que se la adjudicó por un euro- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros, cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
INTERVENCIÓN EN 2011
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011, y sustituyó a sus administradores.
Recibió una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades supuestamente cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
Por su parte, los ex directores generales reiteran que los datos ofrecidos al público fueron correctos y veraces, y apelaban tanto a la inexistencia de perjuicio para los inversores como a la diligencia en la comercialización, proceso en el que «se observaron todas las exigencias que establecía la legislación y las posibles deficiencias».
Además, cargaban contra el resto de entidades que vendieron estos productos «en igualdad de condiciones». Con información de EP.
