Una veintena de los 28 Estados miembros de la UE -entre los que se encuentra España, Alemania, Francia e Italia- participarán en la Fiscalía Antifraude Europea (EPPO por sus siglas en inglés, European Public Prosecutor’s Office) que entrará en funcionamiento entre el 2020 y el 2021 .
Como un paso más hacia el espacio judicial europeo, y en estrecha colaboración con Eurojust, la Fiscalía se encargará de investigar y perseguir el fraude y otros delitos que perjudiquen a los intereses financieros del bloque comunitario.
Y es que su finalidad es que se convierta en un organismo “sólido” e “independiente” que investigue, procese y lleve ante los tribunales de los Estados miembros a los responsables de delitos de corrupción y fraude que afecten a las arcas comunitarias o a casos transfronterizos de fraude del IVA.
También se pretende aumentar la capacidad de recuperar fondos desviados y se podría ampliar en el futuro la lista de delitos graves bajo su jurisdicción hasta incluir el terrorismo y su financiación.
La EPPO permitirá un intercambio rápido de información, investigaciones policiales coordinadas, congelación rápida y confiscación de activos, así como arrestos transfronterizos de sospechosos.
Sede en Luxemburgo
Dirigida por un Fiscal Europeo, tendrá una oficina central en Luxemburgo –sede del Tribunal de Justicia de la Unión– en la que cada Estado miembro participante tendrá un representante. Se completa con los fiscales delegados en los estados miembros, personal nacional que aplicará el Derecho del país. Sus acciones las coordinará el Fiscal jefe.
Con esta estructura se quiere mantener un enfoque uniforme y un alto nivel de coordinación que facilite las investigaciones transfronterizas, al tiempo que garantizar el acceso al conocimiento de los sistemas jurídicos y medios de investigación nacionales.
No se crearán tribunales penales europeos ya que los acusados serán llevados ante las jurisdicciones nacionales.
Completar el enfoque penal
La EPPO y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF trabajarán en estrecha colaboración para garantizar que se utilizan todos los medios disponibles para luchar contra el fraude y proteger el dinero de los contribuyentes.
En los Estados miembros que participan en la Fiscalía Europea, las investigaciones de la OLAF se centrarán en facilitar la recuperación administrativa y evitar daños ulteriores con sanciones administrativas.
Cuando descubra la existencia de posibles delitos, informará a la Fiscalía y apoyará sus investigaciones.
La OLAF seguirá también investigando en todos los Estados miembros las irregularidades no fraudulentas que escapan a la competencia de la Fiscalía.
5 años de discordia
La propuesta original fue presentada por Bruselas en el 2013, pero encalló rápidamente debido a las fuertes reticencias de países que finalmente se han quedado fuera como Reino Unido, Holanda, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Polonia, Hungría y Malta.
El 12 de octubre de 2017, el Reglamento por el que se crea la EPPO fue adoptado por los Estados miembros que forman parte de la cooperación reforzada para su creación.
