La defensa de Alberto González Amador ha articulado su estrategia de cara al juicio por presunto fraude fiscal en las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales que, a su juicio, se produjeron durante la tramitación del procedimiento a raíz de la revelación de secretos por la que fue condenado el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
Así se recoge en el escrito de defensa presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 19, en el marco de la fase intermedia de la causa por delitos fiscales, en la que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral.
La titular del Juzgado, Carmen Rodríguez-Medel, acordó el pasado mes de septiembre la apertura de juicio oral contra el empresario —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— por un presunto fraude de 350.000 euros correspondiente a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como por una supuesta pertenencia a grupo criminal.
El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado solicitan para González Amador tres años y nueve meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con falsedad documental.
Por su parte, la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid eleva la petición a cinco años de cárcel al añadir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.
La filtración como eje de la defensa
En el arranque del escrito, los letrados sostienen que el procedimiento penal estuvo precedido “antes de existir” por la actuación delictiva del exfiscal general del Estado, desarrollada —afirman— “con ocasión de la función jurisdiccional de la institución” y que dio lugar a su condena por revelación de secretos a una pena de multa y dos años de inhabilitación.
La defensa mantiene que la causa ha estado marcada desde su origen por “una acumulación de vulneraciones de derechos fundamentales”, en especial del derecho de defensa y de la presunción de inocencia.
El núcleo de su estrategia se centra en la filtración del correo electrónico que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía para explorar un posible acuerdo de conformidad penal.
Según los letrados, ese mensaje fue difundido a medios de comunicación, lo que habría quebrantado el deber de confidencialidad propio de las negociaciones previas a un eventual pacto con el Ministerio Público.
Subrayan además que la divulgación se produjo incluso antes de que existiera formalmente un procedimiento penal, lo que, a su juicio, impidió garantizar un proceso justo desde su inicio.
A partir de ahí, sostienen que la filtración y las actuaciones posteriores han “pervertido” los mecanismos de garantía del proceso penal hasta convertir el caso “en la negación misma de un procedimiento justo en un Estado de derecho”.
Niegan la existencia de delito por parte de González Amador
En el escrito, la defensa afirma que los hechos atribuidos a su cliente “no son constitutivos de delito alguno”, ni contra la Hacienda Pública, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de pertenencia a grupo criminal, como sostiene la acusación popular.
Asimismo, niegan que exista deuda tributaria pendiente por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, S.L.
Respecto al fondo de la imputación, los abogados sostienen que la documentación obrante en la causa “evidencia la realidad de la operación”. En este sentido, destacan que la Agencia Tributaria considera reales tanto los ingresos derivados de la expansión en Latinoamérica de Quirón Prevención como los gastos de desplazamiento a México vinculados a ese proyecto.
No obstante, según recoge el escrito, la AEAT cuestiona la realidad de los servicios de intermediación de MBE Manufactoring, que habrían permitido el contacto con el vicepresidente del Senado de México, la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Para la defensa, los soportes documentales aportados son “literosuficientes” y la propia aceptación de ingresos y gastos por parte de la Agencia Tributaria acreditaría la realidad de los servicios y la inexistencia de falsedad.
Los letrados de González Amador añaden que, incluso en el escenario hipotético de aplicar los ajustes propuestos por la AEAT en su Liquidación Vinculada a Delito, la práctica de otros cuatro ajustes que consideran necesarios reduciría la base imponible hasta situar la cuota por debajo del umbral del delito fiscal en ambos ejercicios.
En concreto, sostienen que la cuota resultante sería inferior a 120.000 euros tanto en 2020 como en 2021.
Según la defensa, esta circunstancia “se habría podido confirmar en fase de instrucción” si se hubiera permitido practicar la diligencia solicitada relativa a un informe pericial.
