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El abogado de Puigdemont pide a Sánchez que ‘desactive’ a VOX

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.
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Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, ha pedido públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “desactive” a VOX como acusación popular en el Tribunal Supremo en el juicio contra los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre.

Hizo estas declaraciones ayer, en los micrófonos de la emisora Rac1.

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La vía propuesta por la defensa pasa por abrir “investigaciones” contra VOX porque, a su juicio, el Ejecutivo tiene “mecanismos” para ello.

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“Es el Gobierno el que domina los mecanismos del Estado y puede hacer muchas cosas”, llegó a afirmar.

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De esta forma, Cuevillas estaría sugieriendo al presidente del Gobierno que actúe de forma ilícita contra VOX, similar a la que los independentistas denunciaron bajo el Gobierno de Rajoy, que denominaron ‘Operación Cataluña’.

Cuevillas no explicó qué conducta ilícita ha podido cometer VOX.

Se da la circunstancia de que quien hace tales declaraciones ha sido decano del Colegio de Abogados de Barcelona.

EL ‘GOVERN’ TAMBIÉN PIDE LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO

El vicepresidente del Gobierno autonómico, Pere Aragonés (ERC), también ha defendido hoy la intervención del Ejecutivo para sacar el proceso independentista de los tribunales y derivarlo a una mesa de negociación política.

En una rueda de prensa tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que en reiteradas ocasiones han planteado al Ejecutivo que use los instrumentos de los que dispone para “aligerar esta situación”, en alusión a la investigación judicial que mantiene en prisión preventiva o huidos en el extranjero a los responsables políticos del ‘procés’.

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El planteamiento de Aragonés es, a estas alturas del caso judicial, imposible. El Ejecutivo no tiene ninguna capacidad para paralizar o suspender la instrucción del ‘Caso procés’ en el Tribunal Supremo, que acaba de entrar en la fase intermedia.

Una vez que se haya producido una sentencia condenatoria, el Gobierno sí tendría la potestad de hacer uso de la capacidad de indultar a los condenados. Sólo cuando el caso haya sido cerrado y las partes no hayan apelado, por supuesta vulneración de derechos fundamentales, ante el Tribunal Constitucional.

‘DESCARO MAFIOSO’

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha replicado así:

Abascal ha anunciado que su formación “no cederá ante ningún chantaje ni ante ningún montaje”.

“Cumpliremos con nuestro misión como acusación popular y nuestro objetivo será siempre el mismo: todos los golpistas a prisión“, ha sentenciado.

Las declaraciones de Cuevillas ya han desatado una cascadas de reacciones en Twitter.

Esta es una muestra:

EXTRADICIÓN DE PUIGDEMONT SÓLO POR MALVERSACIÓN 

Un tribunal alemán ha autorizado hoy la extradición del expresidente autonómico de Cataluña Carles Puigdemont a España por presunta malversación de fondos públicos, pero no por un supuesto delito de rebelión. 

La extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana.

Además, el tribunal ha resuelto que Puigdemont, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad.

El Ministerio Público, siguiendo la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión del político separatista como su extradición a España.

en caso de que el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del proceso separatista, Pablo Llarena, aceptara su entrega sólo por el delito de malversación, Puigdemont se enfrentaría a una condena de un máximo de 12 años de prisión.

Puigdemont ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional alemán para evitar su entrega a España.

En declaraciones a TV3, Jaume Alonso-Cuevillas, ha valorado la decisión “de 8 sobre 10 porque el cargo más grave que había era el de rebelión”.

Ha indicado que antes de acudir al Alto Tribunal deberán hacer un recurso de reforma para agotar la vía interna, que es un trámite, y acudirán al Tribunal Constitucional por “la falta de garantías para un juicio justo” y, respeto a la malversación, porque la argumentación tiene contradicciones, según asegura.