Manuel Pardos, presidente de la entidad, critica la actitud de la Fiscalía ante el que califica “el mayor fraude realizado a los consumidores españoles hasta este momento”.
“Que la Audiencia Nacional archivase hace cuarenta y ocho horas este juicio penal tras retirarse las acusaciones particulares la causa abierta contra los dos ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad y María Dolores Amorós, procesados por la presunta estafa en la venta de preferentes, no evita la sensación de que hay una justicia de dos velocidades”, añade.
La propia acusación popular de este caso, representada por la Asociacion de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ( Adicae), dejaba claro por declaraciones de su presidente Manuel Pardos que el invento de la justicia española con la denominada doctrina Botín, que solo busca favorecer a los acusados y debilitar a la acusación popular, ha servido de excusa para archivar este gran fraude.
Las preferentes son un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una rentabilidad supeditada a la obtención de beneficios y cuya duración es indefinida, aunque el emisor se suele reservar el derecho de cancelación a partir del quinto año.
En total, unos 700.000 pequeños inversores adquirieron preferentes desde el inicio de su comercialización en España, y gran parte de ellos se acogieron al sistema de canjes por acciones y al proceso de recompra y arbitraje.
La nomenclatura de estos valores tiene su origen en la traducción del concepto «preference shares», aunque omitiendo el término acción, ya que no tienen esa calificación jurídica.
Haciendo un recordatorio a nuestros lectores, la denominada ‘doctrina Botín’ que estableció el Tribunal Supremo determina que si en una causa solo existe la acusación popular y no la de la fiscalía u otras particulares, la imputación puede llegar a archivarse.
La ley establece que un ciudadano puede personarse en un proceso sin necesidad de haber sufrido daños directos por una acción o tener un interés personal, y basta con la simple defensa de la legalidad o el interés público. Esa es la conocida como acusación popular, vía generalmente utilizada por organizaciones sociales en casos de corrupción.
La ‘doctrina Botín’ y la ‘doctrina Atutxa’ se han convertido en la vía para establecer excepciones en los procesos legales impulsados solo por acusación popular.
La primera la estableció el Supremo cuando exoneró al banquero Emilio Botín, de ser juzgado en un caso de cesiones de créditos, porque no existía ni acusación del fiscal ni de acusación particular alguna. El Supremo volvió a aplicar la ‘doctrina Botín’, de manera matizada, en un caso posterior.
El expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa fue condenado por el Supremo por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.
El Supremo estableció entonces, en el 2008, que la doctrina Botín solo es aplicable con delitos que dañan a alguien concreto (que no denuncia). Como en el caso de Atutxa era un caso de desobediencia, éste se entendió contra los intereses colectivos, por lo que podía prosperar aunque solo fuera con la acusación popular. Esa es la ‘doctrina Atutxa’.
La valoración que hace Pardos de este archivo es también claro: “Esto no quiere decir que no haya delitos, sino que no nos dejan juzgarlos si no está presente la acusación particular o la fiscalía”.
También matiza que la aplicación de la doctrina no quiere decir que ADICAE sea ilegítima, como “maliciosamente” aseguraba la Fiscalía. Y espera que el propio Tribunal Supremo revise dicha doctrina Botín porque favorece a los corruptos.
Un juicio penal frustrado
Pocos días después de que, en 2013, la Audiencia Nacional admitiera a trámite, como pieza separada de la causa sobre Bankia, una querella de UPyD, interpuesta por el abogado Andrés Herzog y miembro de esta formación poltica por la comercialización de preferentes, Anticorrupción pidió que no se investigara, criterio que desde entonces no ha variado.
Y ello pese a que la CNMV había abierto expediente a 17 de las 19 entidades que habían emitido preferentes, prácticamente todas con excepción de los grandes bancos; en la mayoría de los casos, se llevaron a cabo canjes por acciones de la propia entidad, o los afectados acudieron a la vía civil, donde de forma mayoritaria los tribunales les dieron la razón.
Tres posibles delitos
En el propio escrito de acusación de esta asociación de consumidores se hablaba de la comisión de tres posibles delitos: delito de estafa, delito de publicidad engañosa y por último el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas “Solo con este delito advertimos que se aleja del delito patrimonial y afecta a los intereses generales de la población que ADICAE está legitimada a defender”, explicaba Francisco Llanos, director de los servicios jurídicos de esta entidad.
Desde esta asociación se indica que se recurrirá esta auto de la Audiencia Nacional porque realmente “ lo que está en peligro es la legitimación de asociaciones como la nuestra en defensa de los consumidores como indica el articulo 51 de la Constitución”; añade
Para Pardos, las preferentes son un “inmenso fraude” no conocido ni en España ni en Europa hasta este caso. “Afortunadamente hemos conseguido que, poco a poco, y aún quedan damnificados, poco a poco, hayan tenido que devolver el dinero. Un dinero defraudado, por no decir robado. Lo han tenido que devolver.”, ha declarado en su última comparecencia en la Audiencia Nacional.
El presidente, en rueda de prensa, criticó a la fiscalía por su vergonzosa actuación, como ya ocurrió en otros casos como las cajas gallegas, CCM o Bankia, en la que no se ha pedido reproche penal para este gran fraude.
“La fiscalía no ha querido ni nos ha dejado investigar los indicios claros de oscuras maniobras organizadas que grupos han sido condenados en este fraude”.
“El caso de las preferentes es un fraude organizado e intencionado para salvar los lamentables balances de estas cajas que se encontraban en quiebra”, explicaba Pardos, quien anunció el recurso de casación para velar por el interés de los ciudadanos y los consumidores.
Frente a la vergonzosa actitud del ministerio fiscal, alineado claramente con los acusados, ADICAE acudirá al Supremo, y hasta donde sea necesario, para defender un interés social que legitimaría la acusación popular. “Vamos a llegar hasta el final, hasta donde haya que llegar, incluso Europa. Se trata de una clara vulneración del derecho de defensa legítima de las asociaciones de consumidores y usuarios”.
Desde ADICAE se insiste en que los delitos están ahí y que hay que defender el interés social. Por eso ve lamentable que se haya tenido que suspender el procedimiento en el juicio de las preferentes de la CAM. Creen que la sociedad española, ante este fraude, merecía y merece una explicación. De ahí la importancia que tiene el juicio que empezaba y ha quedado suspendido “sine die” hoy.
