El grupo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que llevó a cabo las escuchas telefónicas a los cuatro teléfonos intervenidos a José Miguel Villar Mir, imputado en los casos Lezo y Púnica, realizó informes sobre las estrategias de defensa que su abogado, perteneciente al bufete Business & Law, y el empresario, de las que hablaron, en lo que se suponía que era total confidencialidad, a lo largo de 10 horas y media, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018.
Uno de dichos informes, firmado por el «sargento», lleva por título «Oficio Policial nº 11».
Corresponde a una conversación fechada el 6 de febrero de 2018. Ese día Villar Mir prestó declaración como investigado en el caso Púnica ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellon, y el ministerio fiscal, Ana Cuenca.
Es un informe policial «ajeno a cualquier control judicial que pone de manifiesto que la fuerza actuante se está prevaliendo en su investigación de estas conversaciones entre cliente-letrado no habiéndolas sometido al oportuno control judicial; a este informe le siguen otras transcripciones en las páginas 16, 17, 18 19, 20, 21 y 22», denuncia el abogado del empresario en su recurso de apelación.
En el curso de esas grabaciones telefónicas no sólo se habría vulnerado el derecho de defensa, contemplado en el artículo 24 de la Constitución, y en el 118.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este artículo dice «Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial». Y añade: «Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones».
Un hecho que no ha ocurrido. Todo lo contrario. Su transcripción e incorporación al sumario ha permitido a investigadores, fiscalía y juez de instrucción conocer la estrategia de defensa desarrollada a lo largo de esas conversaciones.
Las grabaciones también podrían haber vulnerado el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad, al haber recogido las conversaciones de Villar Mir con su médico personal, también protegido por el secreto profesional.
El letrado del empresario presentó sendos escritos, el 27 de febrero y el 19 de marzo pasados, denunciado la violación del derecho de defensa y la confidencialidad de las comunicaciones.
Se solicitó a García-Castellón que les permitiera el acceso a las transcripciones de las conversaciones, así como de las grabaciones; la eliminación y expulsión de la causa de todas las conversaciones entre el letrado y el empresario y que se declarara la nulidad de las intervenciones en las que hayan conversado abogado y cliente así como la nulidad de todas las pruebas obtenidas a partir de esas informaciones.
El magistrado no decidió nada y, a día de hoy, las transcripciones siguen incorporadas al sumario.
«Hasta la fecha no hemos tenido acceso a estas grabaciones pese a haberse aportado desde hace varios meses los oportunos discos duros», dice el letrado en su recurso de apelación. «En consecuencia el contenido exacto de las grabaciones de las conversaciones interceptadas al señor Villar Mir con su letrado y con el resto de las personas siguen siendo para nosotros una incógnita».
El Colegio de Abogados de Madrid, tras estudiar todo el caso ha fondo, ha dado su amparo al abogado del empresario y ha anunciado que adoptará “las medidas que juzgue adecuadas para la efectividad del amparo colegial”, sin especificar cuáles, como por ejemplo, la interposición de una querella, como proponía hoy el exvicedecano del Colegio, Manuel Valero.
