Jesús Sánchez Lambás, en su despacho de la calle Almagro. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Sánchez Lambás: «Valladolid ha perdido una oportunidad de progreso por culpa de unos modelos ideológicos pasados»
Es socio director de A25 Abogados y Economistas y uno de los grandes expertos en el ciclo del agua
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19/7/2018 06:15
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Actualizado: 20/2/2019 18:26
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Jesús Sánchez Lambás nació en Medina del Campo, Valladolid, hace 60 años y tiene casa en la capital del Pisuerga. Siente la ciudad muy suya, aunque viva en Madrid. Y lamenta la gran oportunidad que el Ayuntamiento de coalición del PSOE en esa ciudad, liderado por el alcalde, Óscar Puente, con el apoyo de las formaciones Valladolid toma la palabra y Sí se puede Valladolid, ambas a su izquierda, ha dejado pasar para la ciudad internalizando la gestión del agua de la ciudad, como habían propugnado dichas formaciones.
«Lo que se vendió en las últimas elecciones municipales, la recuperación de la gestión directa por el Ayuntamiento del agua, después de que finalizara la concesión de Aguas de Valladolid, filial del Grupo Agbar, el 30 de junio de 2017, ha resultado un fiasco. Porque en vez de gestionarla directamente se ha multiprivatizado el servicio», explica Sánchez Lambás, uno de los grandes expertos en la gestión del agua de nuestro país, coautor del libro «Remunicipalizacion, ¿ciudades sin futuro?».
«Valladolid ha perdido una oportunidad de progreso por culpa de la aplicación de unos modelos ideológicos pasados y trasnochados», afirma. «La modernidad está hoy en sistemas de cooperación entre ayuntamientos y empresas privadas para la prestación de servicios públicos y no en justamente lo contrario».
Este jurista hace referencia al informe elaborado por el Instituto Coordenadas, un centro independiente de estudio y análisis del diseño e implementación de las políticas públicas y económicas, cuyo contenido se hizo público recientemente.
Dice que en 2018 Aquavall, la empresa creada por el Ayuntamiento para gestionar directamente el agua de Valladolid, iba a licitar más de 40 contratos, por valor de 23,5 millones de euros para diferentes aguas de gestión.
La sustitución de la gestión indirecta del agua por el ente administrativo público se ha convertido «en una operación perniciosa para los balances municipales y repercute negativamente en la prestación del servicio, especialmente si lo que se pretende es mantener las mismas condiciones de calidad”, dice el informe del citado instituto, del que Sánchez Lambás es vicepresidente ejecutivo.
Sánchez Lambás en el sillón cheslong que preside su despacho. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Quién tiene la culpa de que se haya perdido esa oportunidad de progreso para la ciudad, según usted?
Mi reproche es para el PSOE de Valladolid. Comprendo que el Ayuntamiento lo conforma un gobierno de coalición. Pero, ¿cómo no tuvieron la capacidad de convencer a la gente de Podemos de que la recuperación de la gestión directa del agua no era el camino?
Porque esa visión de la gestión directa, de la internalización o remunicipalización, como también se la denomina, se basa en la visión maniquea que tienen los grupos de izquierda radical de que lo público es bueno y lo privado es malo. También es el discurso clientelar directo. Si tienes presupuesto tienes poder, porque puedes contratar. Valladolid tiene un presupuesto de 335 millones de euros anuales.
Ha faltado visión, desde mi punto de vista.
¿A qué se refiere?
Lo que los ciudadanos quieren es que el gua de su grifo y de su ducha tenga la misma calidad que el agua embotellada. ¿Por qué asumir la gestión directa del agua de Valladolid cuando tenían la empresa más eficiente de toda España, dato publicado por la revista Economía Aplicada?
El canon del agua de Valladolid que la empresa concesionaria pagaba al Ayuntamiento antes de la internalización era de 6 millones de euros anuales. Ese canon, en una subasta, hoy día podía haberse puesto fácil en los 10 millones, y si no en más. Porque hay competencia.
España ha producido media docena de compañías que están exportando este modelo de gestión por todo el mundo.
Cualquiera de ellas podría haber ido a abonar al Ayuntamiento 10, 11, quizá 12 millones de euros anuales. Eso, a mi Consistorio le hubiese podido solucionar un grave problema de Valladolid que es la cicatriz monstruosa que supone el ferrocarril, en el centro de la ciudad, que divide la ciudad en dos, creando una frontera física.
Lo que pasó en Barcelona. El ferrocarril impedía el acceso al mar.
Lo mismo. Con las Olimpiadas se pudieron quitar las vías. Y, de repente, la cabeza de la ciudad giró y empezó a mirar al mar. Se suprimió esa zona deprimida.
¿En Valladolid ocurre lo mismo?
Lo mismo. Fue un gran acierto del gobierno autonómico de Castilla-León, del PP y del PSOE, hacer que el ferrocarril llegara al centro. A la estación histórica. Pero con ese atraso decimonónico de las vías, los pobres han quedado a un lado y los ricos al otro.
¿Está sugiriendo que se podría haber soterrado? ¿Con qué financiación?
Con el canon del agua. Las vías se podrían haber soterrado dejando una superficie fabulosa, con solares para desarrollar, jardines. Lo lógico habría sido tener una mirada pragmática desde el Ayuntamiento. Voy a maximizar el precio obtenido por la gestión del agua y voy a enterrar las vías de una vez por todas. Habría transformado la ciudad. El negocio inmobiliario habría sido espectacular. 3 kilómetros de superficie a 8 minutos de la Plaza Mayor.
Lo tuvieron en la mano. Tuvieron el apoyo de la Junta, del Ministerio, todo.
Y sólo tenían que haber puesto un canon de 10 millones al año y haber pedido un adelanto a la empresa concesionaria, sin costo financiero, de tres o cuatro años. Entre esas tres instituciones, y los 40 millones de euros, lo habrían financiado.
Habrían pasado a la historia.
El jurista y economista asegura que la idea de que todo lo público es bueno y lo privado malo es un concepto maniqueo. Carlos Berbell/Confilegal.
Sin olvidar el control de la gestión del agua.
Por supuesto. Porque parte del dinero del canon podrían haberlo invertido en desarrollar unos sistemas de vigilancia feroces. A la primera que se resbalen en la eficiencia del servicio de la calidad del agua, zas. Voy a llevar un control exhaustivo, para asegurarme de que el agua llega a las poblaciones más periféricas, que todos los sistemas de saneamiento sean magníficos, que estemos con las últimas tecnologías, con bombas más eficientes y la electrónica más avanzada.
Se han equivocado en la decisión de levantar la pancarta con el lema «el agua es de todos». Naturalmente que el agua es de todos. Lo dicen las Directivas comunitarias, la Ley de Aguas de 1984, que la hizo el PSOE, la Constitución Española. Pero, ¿de qué estamos hablando?
España es campeona en Europa en empresas de gestión de los servicios públicos que se han convertido en multinacionales que operan en países tan alejados como Australia. Es lógico pensar que si un Ayuntamiento no dispone de empresas que tengan solvencia para llevar a cabo un servicio público, no quedará más remedio que prestarlo de forma directa.
Estamos hablando de servicios esenciales como el agua, las funerarias, el mantenimiento de parques y jardines, las señales semafóricas. Pero es que no es el caso.
La Unión Europea se construyó sobre la idea de la competencia.
La internalización del agua de Valladolid no se basó ni en informes ni en estudios; al año se ha demostrado que no es sostenible ni eficiente y ha tenido irregularidades severas
¿Qué tres modelos de gestión contempla la Unión Europea?
La gestión directa, la concesión o la sociedad mixta. La elección de un modelo u otro depende de la situación del mercado. Quizá el futuro esté en las sociedades mixtas. Lo que no tiene sentido, en el siglo XXI, que se vea al mercado por un lado y por otra al Estado, como si fueran enemigos y adversarios.
El mundo es capitalista y no lo vamos a cambiar. Podemos tener ilusiones y fantasías de muchos colores. Pero la función del Estado, de las Administraciones autonómicas o locales no es la de ser empresarios.
Su papel es el de fiscalizar, controlar, y también de impulsar ideas y destinos.
¿Qué ve de malo a las Administraciones públicas a la hora de funcionar?
Que son altamente ineficientes. Como no pueden contratar directamente tienen que hacerlo mediante concursos, lo que supone un aumento de la burocracia. Un reciente informe del BBVA habla de una pérdida de 20 puntos de eficiencia de las Administraciones Públicas sobre las empresas privadas.
Hoy son tan complejos temas como los CIE de los tratamientos de agua en las ciudades, en alta y en baja, que se llevan una parte importante de bioquímica.
¿Uno cree que un Ayuntamiento está capacitado para desarrollar eso? Para lo que sí está capacitado es para comprar esas tecnologías en el mercado. ¿No tiene más sentido llegar a una concesión, usted se va a ocupar de esto…?
¿A su juicio, el proceso de internalización de la gestión del agua de Valladolid se ha hecho bien?
No puedo decir eso, en absoluto. Porque no es verdad que lo hayan internalizado. Han creado un armatoste jurídico formal y subcontratan. Han contratado dos tipos de gente, los empleados de la concesionaria anterior, y además gente de confianza.
En ámbitos locales esas son estructuras de poder. A partir de ese momento construyes tus sistemas de fidelidades. Antes tenían una concesionaria. Ahora 28 miniconcesionarias.
Se ha construido un clientelismo político.
El problema es que aquí, nuestra ley, nuestro marco legal, no permite una decisión ideológica, como la que se ha tomado. Obliga a que la decisión sea técnica sobre dos parámetros: eficiencia y sostenibilidad.
¿Cómo valora usted la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, condenando al Ayuntamiento por el cobro del agua de 2017?
Lo que ha dicho el TSJCL es que las tasas que cobra la empresa municipal del agua no se ajustan a la ley y ha anulado la ordenanza fiscal sobre la que se basaban dichos cobros, además de condenar a Aquavall a pagar las costas del pleito.
La norma con la que han cobrado el dinero es nula.
La decisión que tomaron de internalizar no se basó ni en informes ni en estudios. Y al año se ha demostrado que no es sostenible ni eficiente y ha tenido irregularidades severas. ¿No es esa una resolución injusta tomada con pleno conocimiento? ¿Podría tener trascendencia penal? Son preguntas muy graves y muy serias.
La sentencia del TSJCL podría provocar es que despachos como Arriaga se ofrezcan como servicio a los ciudadanos para recuperar el dinero desembolsado ilegalmente, presentando acciones de clase ante los tribunales y reclamando las costas.
La internalización de la gestión del agua de Valladolid desde su punto de vista ha sido, por lo tanto, ideológica.
Mire, a principios de la década de 2.000, la Universidad Central holandesa hizo un trabajo de campo demoledor sobre la gestión de los servicios públicos en los Ayuntamientos. Fueron contrato por contrato, adjudicación por adjudicación de todos y cada uno de los 500 ayuntamientos de ese país. Llegaron a la conclusión que sólo había una causa para pasar de la gestión privada a la gestión directa: la ideológica.
Es un trabajo de referencia.
Aquellos ayuntamientos que habían optado por la gestión directa los servicios que prestaban se habían hecho más ineficientes; se habían degradado. En tres o cuatro años regresaron a la gestión mixta.
La izquierda puede gobernar perfectamente sobre los principios de eficiencia y sostenibilidad. El PSOE lo ha demostrado desde el comienzo de la democracia, porque la ha aplicado con éxito en los ayuntamientos que ha gobernado.
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