Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que realizaron las escuchas telefónicas autorizadas por el magistrado Manuel García-Castellón al empresario Juan Miguel Villar Mir, imputado en los casos Lezo y Púnica, y sus abogados defensores, hicieron referencias claras y directas en los oficios al magistrado de que estaban «analizando» lo que estos hablaban.
«El análisis de las conversaciones mantenidas entre los investigados y sus abogados que traten sobre cuestiones relacionadas con su defensa procesal se realizará en oficio aparte», dice la UCO en el oficio número 21 de fecha 11 de enero de 2018, informando a García Castellón del estado de las investigaciones y solicitando una prórroga de las escuchas.
Dicho oficio, incorporado a la pieza del tomo 8, folios 2.510 a 2589, reconoce abiertamente que no sólo se estaba escuchando al cliente y a sus abogados sino que, además, se estaba analizando lo que decían sobre la estrategia de defensa a desarrollar para Villar Mir.
En el oficio de informe final de intervenciones telefónicas, que lleva número 206 y fecha 14 de marzo de 2018, la UCO señala respecto de las escuchas practicas a Villar Mir entre el 8 de enero de 2018 y el 15 de febrero de 2018 que «las llamadas de mayor interés para la investigación respecto de esta persona han sido interceptadas entre él y su abogado designado».
Un hecho que ya adelantó Confilegal.
El pasado martes, el Colegio de Abogados de Madrid amparó públicamente a los abogados de Business and Law, el despacho que representa a Villar Mir en ambas causas citadas. El Colegio de Abogados de Barcelona mostró su apoyo el pasado viernes. Y cuatro asociaciones de abogados también dieron un paso al frente reivindicando la protección del derecho de defensa.
El desaparecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por su parte, fue muy contundente en 2017 ordenando desechar las “investigaciones prospectivas”, tal como quedó reflejado en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada en el acto de apertura de tribunales, a la que asistió el Rey Felipe VI.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, que está siguiendo este asunto muy de cerca, ayer expresó su opinión a través de su cuenta de twitter:
La confidencialidad de las conversaciones con nuestros clientes es SAGRADA. Solo así se garantiza el #Derechodedefensa #24Constitución Exigimos #respeto y #garantías en el ejercicio de nuestro trabajo @Abogacia_es
— Victoria Ortega (@_OrtegaVictoria) July 21, 2018
