Coincidencia en las asociaciones de abogados en proteger el derecho de defensa frente a escuchas telefónicas
De izquierda a derecha, Manuel Valero, de APRODA; Alberto Cabello de AJA Madrid; Pedro Feced de ALA; e Isidro Moreno, de ALTODO. Carlos Berbell/Confilegal.

Coincidencia en las asociaciones de abogados en proteger el derecho de defensa frente a escuchas telefónicas

4 asociaciones de abogados opinan sobre el caso García-Castellón
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21/7/2018 01:12
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Actualizado: 21/7/2018 09:33
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Cuatro asociaciones de abogados coinciden en proteger el derecho de defensa frente a escuchas telefónicas entre un abogado y su cliente, como ha ocurrido en lo que ya se conoce como el ‘Caso García-Castellón’. Un caso en el que la Guardia Civil grabó 10 horas y media de conversaciones amparadas por el secreto profesional entre el empresario Juan Miguel Villar Mir, de 87 años, imputado en los casos Lezo y Púnica, y su defensa, un letrado del bufete Business & Law. 

Ocurrió entre diciembre de 2017 y el pasado febrero. Las grabaciones se llevaron a cabo por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. La Audiencia Nacional no ha avalado las escuchas. 

Portavoces de las asociaciones Pro Dignidad de la Abogacía (APRODA), la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA-Madrid), y la de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), y un miembro de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) abordan en Confilegal este caso de escuchas en el que el Colegio de Abogados de Madrid ha otorgado el amparo al letrado –decisión que ha apoyado el Colegido de Barcelona–  y ha anunciado que adoptará las medidas que considere oportunas para “la efectividad del amparo colegial”.

APRODA

El ICAM todavía no ha tomado ninguna decisión sobre la posible interposición de una querella contra el magistrado de la Audiencia, como propuso Manuel Valero, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid hasta diciembre de 2017 y presidente ejecutivo de APRODA. 

Los representantes consultados también opinan sobre cuáles deberían ser los pasos a tomar.

Preguntado de nuevo, sin que se conozca aún qué hará el ICAM, Valero recalca tajante que “el Colegio tiene que pringarse” y “hay que cortar esto de raíz, y para hacerlo hay que pedir responsabilidades al juez”.

Acto seguido, añade que “hay responsabilidades bastantes amplias” y señala también a “la Guardia Civil, que está obligada a observar la legalidad”. Y dice que “no estaba haciendo correctamente su trabajo, ya que es consciente de que no se pueden grabar las conversación entre un abogado y su cliente”; apunta, además, a la Fiscalía.

El presidente de APRODA y exvicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Manuel Valero. Carlos Berbell/Confilegal.

“Han guardado silencios clamorosos”, afirma apesadumbrado el exvicedecano del ICAM, y hace hincapié en que “el derecho de defensa precisamente está basado en la confidencialidad”.

Valero recuerda que en la etapa de Antonio Hernández Gil como decano del Colegio de Abogados también se planteó el tema de las escuchas con un letrado de la Gürtel, Baltasar Garzón.

“En la Junta General presionamos al decano para que presentara una querella, pero Hernández Gil se desinfló y entonces tuvieron que ponerla los abogados afectados”, rememora el exvicedecano. Señala que, “precisamente, eso se usó para inhabilitar al juez Garzón”.

A él esta situación le ha dejado mal cuerpo. Dice que hemos conocido dos, pero “han podido ser muchas, no lo sabemos”.

Se siente “decepcionado y desilusionado” ante semejante situación. “Me pueden estar pinchando el teléfono, aunque luego no lo usen. La inseguridad en la abogacía ahora es total”, expresa indignado Valero.

Sobre las medidas que llevará a cabo el ICAM, más allá de dar amparo al abogado, admite que “no” se hace “muchas ilusiones”.

¿Por qué?

“Se andan con mucho tacto y cuidado para ser políticamente correctos”, responde este exvicedecano, que estuvo cinco años en la Junta de Gobierno de Sonia Gumpert, e insiste una vez más en que “hay casos en que los que el Colegio tiene que pringarse”.

“Si se exige la obligatoriedad de colegiación, pagamos unas cuotas, y es nuestra corporación, nos tiene que defender”, sentencia.

AJA Madrid

Alberto Cabello, presidente de AJA Madrid, institución colegial, expresa a Confilegal que desde la Junta de Gobierno de su agrupación se adhieren a las declaraciones y al comunicado de la Junta de Gobierno del ICAM respecto al derecho de defensa.

“Nosotros siempre abogaremos por el derecho de defensa, por una tutela judicial efectiva, y porque la abogacía pueda ejercerse con una libertad amparada en el artículo 24 de nuestra Constitución”, manifiesta.

Alberto Cabello, presidente de AJA Madrid, con Esther Montalvá, diputada del Colegio de Abogados de Madrid representando a su asociación. Carlos Berbell/Confilegal.

ALA

Por su parte, Pedro Feced, miembro de ALA, señala que sin conocer los datos precisos sobre este asunto, salvo lo que se ha publicado en la prensa, “esta situación evidentemente que podría ser un delito y podría llevar a la presentación de una querella contra los responsables”.

Subraya el abogado que, “en general, cualquier escucha acordada por un juez entre conversaciones de un abogado y su cliente es absolutamente ilegal, desproporcionada y vulneradora del derecho de defensa” y “conduciría a la nulidad de esas actuaciones y de esas conversaciones”.

“Luego, evidentemente eso habría que ponerlo en relación con la actuación de investigación que se pueda estar llevando a cabo”, añade el portavoz de ALA.

Pedro Feced con Luz Elena Jara Vera, candidata a decana por ALA en las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio que se celebraron el pasado mes de diciembre. Carlos Berbell/Confilegal.

Dice que “habría que estar a las circunstancias completas del caso porque, por ejemplo, estaría fuera de ese ámbito de prospección de las conversaciones un supuesto extremo como que el cliente y el abogado estén concertados para la comisión de un delito o cualquier otra actividad que se pueda estar investigando”.

Evidentemente, este extremo al que hace referencia sólo estaría justificado en el caso de que abogado y cliente sean cómplices.

Feced indica que “hay que tener en cuenta que estas actualizaciones de escuchas estarán acordadas por un auto motivado del juzgado de la Audiencia, y habrá que estar a la motivación o falta de motivación que pueda existir en esta resolución judicial para saber si se ha hecho una investigación absolutamente desprovista de motivación o está motivada, y si esa motivación sería simplemente una cuestión discutible en derecho por la vía de los recursos y no que pudiera dar lugar a la imputación de algún tipo de delito”.

ALTODO

Isidro Moreno, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), de la que fue presidente Manuel Valero durante cinco años, también denuncia que estamos ante un caso “muy grave”, “un ataque directo al derecho de defensa, que lo altera completamente”.

Considera que “el Colegio de Abogados de Madrid debe querellarse” y que “se deben pedir responsabilidades a ese juez porque no se ha respetado el derecho de defensa en su integridad, ya que esas escuchas parece ser que no estaban autorizadas”.

Isidro Moreno, presidente de ALTODO. Yolanda Rodríguez/Confilegal.

Del hecho de que la Guardia Civil, la Fiscalía y el juez instructor tengan acceso a las conversaciones entre el abogado y su cliente, dice que “supone que no hay una defensa efectiva por parte del letrado hacia su cliente porque toda su estrategia está siendo conocida previamente”.

Y Moreno subraya que “las comunicaciones entre el cliente y el letrado son absolutamente sagradas”.

Celebra que el Colegio de Abogados haya concedido el amparo colegial al compañero, cree que el ICAM “está actuando con la firmeza y la contundencia que requiere el asunto”, y ahora espera que el Colegio se querelle o se presente como acusación popular.

Juan Gonzalo Ospina, diputado de Comunicación del ICAM

También se ha pronunciado sobre el ‘Caso García-Castellón’ Juan Gonzalo Ospina, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM y responsable de Comunicación del Colegio.

Él fue uno de los que votaron a favor de conceder el amparo del Colegio al abogado del despacho Business & Law.

Lo sucedido es “muy grave”.

Ospina destaca que “el derecho de defensa es un pilar fundamental del Estado de derecho” y que “cualquier intromisión, venga de donde venga, y más de un poder público, tiene que ser investigada y exigirse las responsabilidades oportunas”.

Juan Gonzalo Ospina, diputado del ICAM, miembro de la Junta de Gobierno que otorgó el amparo al abogado, y responsable de Comunicación del Colegio. Carlos Berbell/Confilegal.

El diputado del ICAM hace hincapié en que el Colegio de Abogados “es una institución conservadora y muy meticulosa en su análisis”, y que por regla general no concede los amparos que le solicitan, sino todo lo contrario.

“O hay una vulneración fragante al ejercicio profesional y a la independencia del abogado o se desestiman”, explica.

Revela que, en este caso, han visto muy clara la vulneración del derecho de defensa. El amparo se aprobó por unanimidad tras el informe de los servicios jurídicos.

Cabe recordar que el letrado de Villar Mir envió un escrito a la Junta de Gobierno de esta corporación de derecho público, que fue estudiado a fondo por los servicios jurídicos, que certificaron que efectivamente “se había producido la vulneración del derecho de defensa”.

“Sobre consecuencias posteriores, no somos nosotros como institución quienes tenemos que llevar la voz cantante, sino que tienen que ser el justiciable y sus abogados los que determinen si en primer lugar van a solicitar que se anulen esas escuchas, y si se tendrá que pedir algún tipo de responsabilidad, vía disciplinaria o administrativa a través del Consejo General del Poder Judicial o inclusive si entienden que es muy grave, a través de la jurisdicción”, manifiesta.

Respecto a si el ICAM ya está estudiando cuál será el siguiente paso, señala que desde que se otorgó el amparo al letrado todavía no se ha celebrado una Junta de Gobierno, y no han podido despachar ni dilucidar cuáles serán las actuaciones que llevarán a cabo.

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