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El caso iDental: se inició en Andalucía y ya está en la Audiencia Nacional como una macrocausa

Las víctimas de estas clínicas 'low cost', sin dientes y sin dineroSobre estas líneas, afectados por iDental en Sevilla. EP.
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La red de consultas iDental se publicitaba como “dentistas con corazón”, como proyecto de “responsabilidad social”, manifestando que su política era acercar la odontología a quienes tuvieran dificultades para acceder al dentista.

Cuando se solicitaba un presupuesto para un tratamiento dental, el precio final se inflaba aunque ellos alegaban que eran “según mercado” para ofrecer una ayuda-subvención de rebaja de un porcentaje que podía llegar hasta el 80%, aludiendo a que procedía de la Administración Pública.

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Entre abril y junio de esta año, sin previo aviso, se cerraron sus 24 macroclínicas odontológicas en toda España dejando a los afectados con tratamientos a medio terminar pero que habían pagado íntegramente por adelantado con un sistema de financiación a través de entidades bancarias y no bancarias. Usuarios que como ya ha señalado alguno de ellos se quedaron “sin dientes y sin dinero” porque, además, cuando firmaban estos contratos creían que se trataba de la firma de documentos para tramitar la ayuda económica que les prometían como gancho.

La última hora judicial

En los tribunales, la actualización de este caso de presunto fraude masivo que podría afectar a decenas de miles de personas pasa por el anuncio hecho público ayer viernes de que el  Consejo General de Dentistas se va a personar como acusación popular.

Un día antes se conocía que la investigación la ha asumido la Audiencia Nacional debido al gran volumen que ha adquirido esta causa.

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Hasta ahora al menos once juzgados se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional debido al “volumen extraordinario” de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la “complejidad” de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 con José de la Mata de titular ha abierto diligencias previas y será el que investigue si estos hechos son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, según expone el magistrado en el auto en el que recoge que la investigación se inició a raíz de una denuncia de afectados de esta cadena en Andalucía.

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El Consejo General de Dentistas, presidido por el Óscar Castro Reino, se ha personado en las diligencias previas como parte acusadora, con el fin de ejercitar las acciones penales y civiles que procedan contra los denunciados. “Pedimos que se nos dé vista de lo actuado hasta la fecha, así como la posibilidad de intervenir en todas las demás diligencias del procedimiento”, ha solicitado el organismo.

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Evitar el caos procesal

De la Mata ha admitido que por el momento se desconoce el número total de perjudicados pero existen referencias sólidas de que se trata de miles, si no decenas de miles de víctimas, con decenas de procedimientos judiciales incoados, “habiendo comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar, evitando una situación de caos procesal que cause notables perjuicios a los perjudicados y a las propias potenciales personas investigadas”.

El juez ha añadido las investigaciones administrativas que han incoado distintas comunidades autónomas y colegios profesionales. Como ejemplo, lo que ha sucedido en Canarias con las historias clínicas.

El caso de Canarias

El juzgado de Primera Instancia número dos de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido que por su “indudable interés público” se difunda que los cerca de 21.000 expedientes de historiales clínico dentales que la policía judicial recogió en el deshaucio a la clínica iDental en esta localidad se encuentran desde el pasado 19 de julio en poder del Servicio Canario de Salud, en la sede del edificio Tamarco (calle Jerónimo Falcón no 24).

Ese día la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local de la ciudad asistió a la Comisión Judicial en el acto del lanzamiento como consecuencia de la sentencia en la que se declaraba la resolución del contrato de arrendamiento del local donde estaba instalada la clínica de iDental y realizó la intervención y precinto de la documentación relativa a historias clínicas. Trasladó la documentación al Servicio Canario de Salud para su custodia.

Esto formaba parte de un escrito presentado por el Gobierno de Canarias (Servicio Canario de Salud) al juzgado informando de que había historias clínicas de los pacientes atendidos en las instalaciones del local objeto de lanzamiento. Posteriormente, el propio Gobierno Canario recurre la resolución que provee el escrito presentado alegando “indefensión” y que “los guardianes de las historias clínicas son los propios profesionales facultativos, personal sanitario del propio centro privado” y, por extensión el Colegio de Dentistas.

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Para el juzgado de Primera Instancia número dos de Las Palmas de Gran Canaria que ha desestimado el recurso de reposición, no hubo ni desconocimiento por parte del Servicio Canario de Salud, que fue quien emitió el escrito avisando de la existencia de historias clínicas ni tampoco defecto formal.

Además, dice el Auto, que, teniendo en cuenta que “estamos en presencia de una mercantil dedicada
al ámbito sanitario, pero no de un dentista persona física, o una sociedad profesional, no resulta posible defender que la ejecutada en este procedimiento tenga la consideración de dentista”.

En el recurso se quiere fundamentar que sea el Colegio de Dentistas el encargado de custodiar las historias clínicas, pero los argumentos “están pensados para supuestos diametralmente diferentes al presente supuesto, ínicamente se pueden aplicar cuando hablemos de dentistas, bien persona física, bien sociedad profesional, pero no en el presente supuesto que estamos en presencia de una empresa mercantil que no tiene relación con el Colegio Profesional”, añade el juzgado.

Única causa

El juez De la Mata presagia que, debido al tamaño de la estructura organizativa, su despliegue territorial y su modelo de negocio, se trata de una investigación compleja que requiere de la participación de Unidades Centrales de Investigación “bajo una lógica y dirección únicas”, resultando absolutamente incompatible con un manejo fragmentario y asistemático, como ocurriría en caso de desarrollar la investigación por distintas unidades bajo la dirección de decenas de juzgados de instrucción”.

El auto recuerda el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fija la competencia de la Audiencia Nacional en el caso de grandes defraudaciones “que puedan causar una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

Plataforma de afectados 

FACUA, que también ha anunciado que solicitará su personación en la causa que instruye la Audiencia Nacional, informará a los usuarios que forman parte de su plataforma de damnificados por el cierre de la red de clínicas sobre cómo podrán personarse en el procedimiento judicial bajo la representación de su equipo jurídico.

Según señala la asociación, ya reúnen a casi 4.000 víctimas de esta presunta estafa. Aquellos interesados en sumarse solo tienen que visitar la web FACUA.org/idental.

Estrategia coordinada desde el Ministerio de Sanidad

El Ministerio de Sanidad convocó hace unas semanas una reunión con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y responsables de las CCAA en materia de consumo para analizar las medidas adoptadas por las diferentes autoridades y desarrollar una estrategia común en la que como puntos fundamentales, se aprobaron:

  • Envío centralizado desde la AECOSAN de toda la documentación remitida por las Comunidades autónomas sobre los pacientes de iDental a la Fiscalía General del Estado para que esta investigue si existe ilícito penal
  • Recordar a las entidades financieras y no financieras que procedan a dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos de Créditos al Consumo, y dejen de seguir cobrando los créditos vinculados a los pacientes a los que iDental ha interrumpido los tratamientos.