El gasto social en España aún no recuperó sus ratios antes de la crisis iniciada en nuestro país en el 2009. El año 2013 registró el nivel más bajo en cuanto a gasto en servicios esenciales en el conjunto de las Comunidades Autónomas, con algo menos de 100.000 millones de euros (99.978).
Desde esa fecha y hasta 2017, se ha recuperado paulatinamente, registrando un incremento del 8,6%, hasta alcanzar 108.596 millones de euros.
Aún para llegar a niveles de 2009 faltan aún 8.255 millones de euros, explica un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Centros Sociales.
Según dicho análisis, el gasto social por habitante fue 2.343 € en 2017, un 7,6% inferior al de 2009, que fue 2.535 €.
De la misma manera, el porcentaje del presupuesto destinado a protección social, que en 2009 era el 69,9%, en 2017 ha sido 8,5 puntos menos (61,4%).
José Manuel Ramírez portavoz de esta asociación destaca que 7 Comunidades han conseguido superar en 2017 el gasto social por habitante que tenían en 2009: Asturias; Baleares; Cantabria, Castilla y León, Navarra; País Vasco y Valencia.
Por el contrario, dos Comunidades acumulan una disminución cercana al 20% en su gasto social respecto a 2009: Castilla-La Mancha, con un 18,8% y Cataluña, con el 20%.
Para este experto, se perfila un gasto en deuda creciente hasta 2014, una drástica reducción del resto de políticas de gasto y una severa contención del gasto social. Este dibujo es el que se repite en la totalidad de los territorios, si bien hay algunos en los que el recorte del gasto social fue más drástico que en otras al igual que la recuperación del mismo no está teniendo el mismo ritmo.
Otro dato que destaca es que al margen del crecimiento espectacular del gasto en deuda (casi el 300%), respecto a 2009, únicamente el gasto en servicios sociales ha recuperado el nivel previo a los recortes.
Y advierte que “puede haber dos razones que lo expliquen: la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009 y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis, lo que supuso incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción, si bien este ha sido, a todas luces, insuficiente si atendemos a los datos de incremento de la pobreza”.
La deuda impide la normal recuperación de las políticas sociales
Considerando además la debilidad estructural del sistema de financiación autonómica (deficitario a todas luces) el esfuerzo que deben realizar las comunidades autónomas para recuperar unos niveles aceptables de inversión social tiene actualmente un freno fundamental: la deuda contraída y sus costes como una de las más indeseables herencias de la crisis. El incremento exponencial de gasto presupuestario en deuda se aprecia desde 2009.
La deuda viva total de las Administraciones Autonómicas se incrementó entre 2008 y 2017 un 287% pasando de 74.500 millones de euros a 290.000 millones de euros.
Si en 2017, las Comunidades Autonómicas en su conjunto gastaron de media 588 € por habitante en deuda, al finalizar ese mismo año, el importe de la deuda viva autonómica ya ascendía a 6.215 € por habitante.
Sobre dichos recortes, Ramírez señala a CONFILEGAL que “es evidente que recortar en políticas sociales como en el resto de inversiones públicas también ha tenido efectos negativos en la economía y que la deuda no ha estado causada por el gasto público. Lo que sí se debe afirmar es que los recortes fueron más allá de lo necesario y han sido fruto de la imposición especulativa de los acreedores y no de la racionalidad de la gestión pública”-
Al final destaca que “Habiendo gastado mucho menos…, debemos cada vez más”.
Hubo diferencias entre comunidades en su gestión de la crisis y en el gasto social
Para este experto , la tónica general ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda.
“No obstante la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y otros gobiernos no ha sido la misma. Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha sido paradigma de los recortes más brutales entre 2011 y 2016. Cataluña ha sido ejemplo de mantenimiento de un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios esenciales”, advierte nuestro interlocutor
Ramírez también señala que “existen por otra parte diferencias interterritoriales importantes en el gasto social por habitante entre unas y otras comunidades autónomas; así tanto País Vasco como Navarra superan los 3.000 € anuales, mientras que en las comunidades de Régimen Común, esta cifra oscila entre los 2.000 y los 2.500 euros”.
Y añade que «bien es cierto que el gasto por habitante es un dato excesivamente grueso que no considera cuestiones esenciales como las diferencias del coste de la prestación de servicios por territorios. Comunidades como Asturias, Castilla y León o Murcia, dedican más de las dos terceras partes de su presupuesto a gasto social, mientras que otras no llegan al 60%».
