La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales demanda a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de derechos sociales, que convoque urgentemente el Consejo Territorial de Servicios Sociales para impedir el colapso del sistema de dependencia.
Para esta asociación es vital incrementar de inmediato la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado, cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos de 2017.
De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, para estos expertos es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia en, al menos, 1.500 millones de euros, (lo que permitiría atender a la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo).
Además, es imprescindible que el vicepresidente segundo impulse un proceso de modificación de la ley para, entre otras cosas, permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades.
Esta financiación debe comprometer a los gobiernos autonómicos a acometer las reformas de su normativa necesarias para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera.
Es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones,…) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis.
Para estos expertos, al mismo tiempo deben, además, aplicarse medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de nuevos procedimientos.
Para Jose Manuel Ramírez, presidente de esta entidad, la Orden SND/295/2020 por la que se considera a todo el personal de los Servicios Sociales como personal esencial es una consideración que debería extenderse durante todo el tiempo que se mantenga la crisis social generada por el COVID-19.
De la misma manera hay que exigir lo aprobado en los decretos sobre que las Entidades Locales deben invertir el 20% del superávit que autorizo el gobierno de España y que todavía no se ha ejecutado en la inmensa mayoría de los Ayuntamientos.
Parece evidente que hay un problema de financiación importante a corto plazo. Y que de no solventarse en los próximos meses puede suponer el hundimiento de nuestro actual sistema de dependencia, sobre todo cuando se espera que el número de personas atendidas se incremente en los próximos meses.
LOS INDICADORES SIGUEN CAYENDO DE UN MODO ESTREPITOSO
En la estadística de este mes de julio casi todos los indicadores del sistema siguen cayendo estrepitosamente y registran valores muy inferiores a los de inicio de año.
Se imponen medidas urgentes para no abandonar definitivamente a las 392.526 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
A 241.420 se les ha reconocido el derecho a una prestación o servicio y están a la espera de recibirlo, y 151.106 solicitantes a la espera de valoración.
También denuncian que desde primeros de año no se mantiene la tasa de reposición de los beneficiarios.
La lista de espera se reduce debido exclusivamente a los casi 30.000 fallecidos en lo que va de año que murieron sin recibir la prestación o servicio que les correspondía por derecho o sin ni siquiera haber sido valorados.
Analizando las cifras por tipo de prestación o servicio, estos experto revelan que la atención residencial es la que más ha disminuido, con una variación acumulada de -9,3%, con 15.861 residentes menos que a principio de año.
En la ayuda a domicilio la variación acumulada ha sido de -2,6%, con 6.401 personas usuarias menos que en diciembre de 2019, y en los centros de día la variación ha sido de una bajada de 3,1 puntos porcentuales con 3.039 prestaciones menos que a principio de año.
Estos tres datos hacen, por sí solos, que se pierdan casi 11.000 puestos de trabajo.
Todas las nuevas cifras en su conjunto, ponen de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 millones de euros, acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia e impelen a que se tomen medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país.
10 MEDIDAS SIN COSTE ECONÓMICO
Desde este colectivo se propone un batería de diez medidas, que no requieren incremento presupuestario de las Administraciones Públicas pero que son imprescindibles acometer de manera urgente para afrontar la crisis social.
1.- Acometer reformas necesarias en el Sistema de Atención a la Dependencia que agilicen los trámites y simplifiquen los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones) deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento.
2.- Simplificar los procedimientos burocráticos del Ingreso Mínimo Vital y establecer mecanismos de coordinación con las CC.AA. para agilizar la transferencia de las personas beneficiarias de las rentas mínimas de inserción. Garantizando el derecho a la prestación económica y desde los Servicios Sociales el derecho a la Inserción Social.
3.- Es imprescindible la regulación por Decreto-Ley del Gobierno, de las Ayudas de Urgencia Social, individualizadas y no periódicas, de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, reconociendo su naturaleza jurídica específica como Ayudas de Urgencia, con las consiguientes garantías para su aplicación inmediata efectiva: disponibilidad de caja, fiscalidad del gasto a posteriori, crédito ampliable… sin más requisitos que la prescripción del profesional de referencia.
Dicha regulación, incluirá, así mismo, la modificación consecuente del Artículo 2.4., de la Ley 38-2003 de Subvenciones, en el que se establecen los supuestos que “No tienen carácter de subvenciones”, al objeto de incluir entre los mismos las “Ayudas Económicas de Urgencia Social, individualizadas y no periódicas”.
4.- Monitorizar los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento, complementándolo con estudios de centros. Implantando protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención sanitaria de los residentes, especialmente desde la atención primaria.
Además de diseñar corredores seguros para poder establecer los drenajes necesarios en las residencias para atender según gravedad en hospitales o en centros residenciales Covid con servicios coordinados de Servicios Sociales y Sanitarios a las personas que lo requieran.
5.- Reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar con nuevas intervenciones a las personas beneficiarias y/o a otras nuevas usuarias. Implantando la teleasistencia a las personas mayores que vivan solas.
6.- Garantizar proyectos e itinerarios seguros de intervención con los menores y adolescentes en situación de riesgo de acuerdo a la Ley de Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la adolescencia frente la violencia.
7.- Implementar planes integrales en zonas desfavorecidas o barrios vulnerables que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social de sus poblaciones.
8.- Promover la complementariedad de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales.
9.- Establecer un Sistema Estatal de Información de los Servicios Sociales que permita realizar evaluación de la eficacia y la eficiencia del Sistema tanto en su Atención Primaria como Especializada en base a parámetros e indicadores comunes a todas las Comunidades Autónomas.
10.- Incorporar a los equipos asesores de expertos de los gobernantes a profesionales especialistas en la gestión de los Servicios Sociales. Poniendo en la agenda pública los Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Y estas diez medidas se resumen en dos según el propio José Manuel Ramírez: “establecer la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas y dejar hacer a quien sabe hacer”.
Para Ramírez está claro que la responsabilidad de los gobernantes es la “de acometer con rigor e inteligencia las decisiones. De no hacerlo, no podrán decir que no se advirtió y tampoco, que siguieron las indicaciones de los profesionales a los que habitualmente desoyen”.
“Serán responsables, se lo reclamaremos los profesionales, se lo reclamará la sociedad y quedará sobre su conciencia”, comenta este experto.
