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El problema de las macrogranjas, a raíz de la nueva normativa que llega sobre explotaciones porcinas

Imagen de una macrogranja situada en Castilla-la Mancha. EP.
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El próximo 3 de agosto finalizará la consulta pública del proyecto de Real Decreto en el que se establecerán las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas, que sustituirá a la normativa actualmente en vigor constituida por el Real Decreto 324/2000, de 10 marzo en el que se regulan los requisitos generales que tienen que cumplir las explotaciones de ganado porcino.

La situación del sector en España ha variado notablemente en el transcurso de los últimos años, de forma que nos hemos convertido en el cuarto productor mundial de carne de cerdo con un censo de animales que ocupa el tercer lugar a nivel mundial.

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Por ello, no quiero dejar pasar la ocasión, de llamar la atención sobre la importancia de esta futura normativa, con la que se debería dar una respuesta adecuada tanto a cuestiones de índole sanitaria, como de la protección del medio ambiente, y que determinara si en definitiva se quiere continuar con esta ingente producción. Los precios actuales son irrisorios y va dirigida principalmente a China, que es el principal y más voraz consumidor de carne de cerdo del mundo.

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La nueva disposición tendrá que regular distancias de ubicación de las explotaciones, estableciendo unos límites mínimos tanto entre las distintas macro granjas y otros establecimientos de similares características, como con los núcleos urbanos con carácter uniforme para toda España. La Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y de protección de la atmósfera, derogó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres Nocivas y Peligrosas aprobado por Real Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que establecía una distancia mínima a efectos de emplazamiento de 2 km. a contar del núcleo de población afectada.

Actualmente, por tanto, hay que estar a las normas urbanísticas y Ordenanzas de cada municipio, y a las disposiciones de cada Comunidad autónoma para conocer si es posible la ubicación en un lugar concreto. Pero esta falta de una regulación común está en la base de que en algunas comunidades haya una autentica eclosión de macro granjas, cuando la incidencia sobre el medio ambiente es una cuestión de índole técnica y científica.

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En este sentido me referiré a Castilla-La Mancha, donde existe una enorme problemática que tiene revolucionado al mundo rural que se opone a nuevas instalaciones.

Además de la cuestión de la distancia, que solo depende del municipio en cuestión, ello es debido a que el gobierno autonómico ha tenido la brillante idea, con el pretexto de fijar población y crear empleo de incentivar este sector con la creación de una línea de subvenciones millonarias.

MACROGRANJAS EN CASTILLA-LA MANCHA

Por ello se ha producido un desplazamiento hacia esta comunidad de un sinfín de macro granjas, algunas de ellas de gran magnitud. Y otras muchas que están en trámite, y que como si de una plaga se tratase se pretenden instalarse en todas las provincias de Castilla-La Mancha.

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Las macro-granjas son actividades que producen una enorme contaminación, que afecta tanto al suelo, al agua como a la atmósfera. Para ser más ilustrativa, indicaré que una cerda con lechones hasta destete, produce alrededor de 13,97 litros de purines por día que hay que gestionar en balsas, y precisan grandes superficies de vertido.

Los purines, además de contaminar el agua, y los acuíferos producen emisiones de amoniaco y precisan un consumo masivo de agua, que limita y condiciona el desarrollo de otras producciones. Las zonas próximas sufren olores nauseabundos y si las emisiones a la atmósfera no están debidamente controladas, pueden perjudicar a la salud de los habitantes    

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Pero esta enorme expansión del sector, producida por la carencia de una visión global e integradora, en la que a la hora de considerar un proyecto se ha  valorado como un hecho aislado, olvidando sus efectos acumulativos sobre el medio ambiente, esconde también otra oscura realidad.

En la que   se pueden observar un sinfín de irregularidades, e incumplimientos de la normativa medio ambiental y urbanística, que es compleja y difícil y cuya aplicación y efectividad, se distribuye entre las distintas administraciones.

De esta forma las poderosas empresas cárnicas, que acaparan el negocio, surfeando entre los órganos competentes, con frecuencia transforman la normativa en papel mojado incorporando y modificando las instalaciones por la vía de los hechos o fraccionan las instalaciones en una misma zona en los límites del número de ejemplares para no someterse a los necesarios controles.

En el mejor de los casos el proyecto técnico es adecuado, pero la realidad es bien distinta, pues las medidas que incorporan no son efectivas para evitar la contaminación, o debido a su costo no las cumplen

En principio los ayuntamientos son los competentes para la concesión de la licencia de obras, y de instalación y funcionamiento y por lo tanto con potestades de inspección y control.

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La autorización, de   estas licencias precisa de otras autorizaciones de carácter sectorial a cargo de la Comunidad autónoma, como la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada, en los que debe estar incorporado el informe de la Confederación Hidrográfica, administración nacional.

Todos estos trámites enrevesados y complejos se dilatan en el tiempo. Y es por ello, por lo que, las actividades empiezan a funcionar con carácter previo, y sin las necesarias comprobaciones.

Al tratarse además de Ayuntamientos pequeños que tienen que atender un sinfín de necesidades y que, con frecuencia, carecen de los recursos humanos y técnicos necesarios, las comprobaciones no llegan. Además, la proximidad y el conocimiento de los habitantes representan una enorme dificultad, para llevar a cabo un control objetivo y frecuente.

Otra realidad es que debido a esta falta de control una vez instaladas las macro granjas, se van transformando y ampliando sucesivamente por la vía de la comunicación no sustancial de la autorización ambiental integrada.

Así se obvian los trámites de evaluación ambiental y las necesarias publicaciones. Este es el caso, de la granja INGAPOR de BONETE, además inexplicablemente situada en una zona de especial protección de aves (ZEPA)

Por lo que esperemos, que esta norma cuya actualización es tan necesaria, pueda contribuir al control de un sector, poniendo coto a una expansión que no se puede permitir a cualquier precio

Es totalmente necesario evitar una sobrecarga del medio y mantener la sostenibilidad ambiental del entorno donde se quieren colocar estas instalaciones. La expansión de las explotaciones porcinas no puede, ni debe hacerse en detrimento de otras formas de desarrollo menos contaminantes y con mayor aporte tecnológico.