La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denuncia que la Guardia Civil hace “un abuso de utilización del Régimen Disciplinario” y “se atropellan los derechos como ciudadanos de los agentes, a los que se obliga a cumplir la sanción a pesar de estar recurrida en los tribunales”.
Así lo ha manifestado la asociación en un comunicado en el que solicita que deje de aplicarse el actual Régimen Disciplinario “por injusto y desmedido, y no ajustarse a derecho, ya que aplica las sanciones sin que haya finalizado la vía administrativa”.
“El Régimen Disciplinario nos deja indefensos a los guardias civiles y se está utilizando como método de mando”, advierte José Cobo García, secretario nacional de prensa de la AEGC.
Su asociación ha logrado recientemente la anulación de una sanción de un año de empleo y sueldo por una falta muy grave a un agente destinado en la Comandancia de Murcia.
Andres Silvente Gonzalez, abogado de la asociación, ha conseguido que el Ministerio de Defensa la anule dejando el procedimiento sin responsabilidad.
Según ha informado José Cobo, un año de empleo y sueldo es la segunda sanción más dura que la Guardia Civil puede imponer a un agente, sólo superada por expulsión del Cuerpo.
Destaca que el recurso ganado “viene a poner en evidencia” los hechos que denuncian.
Explica de que al agente se le notificó la sanción el pasado febrero, y desde entonces ha estado “seis meses sufriendo las consecuencias económicas y ha perdido el destino”.
A esto se suma, además,de que pese a la nulidad del expediente, “la Dirección General de la Guardia Civil, vía Hacienda, ahora reclama al agente la parte del sueldo correspondiente a los meses de febrero y marzo, incluidos intereses de demora”.
Según la AEGC, este agente fue expedientado al considerar la Guardia Civil que estaba ejerciendo de abogado sin tener la compatibilidad por encontrarse en el despacho de su letrado cuando se llevaba a cabo una inspección de trabajo, “que por cierto no vio ninguna acción punible ni por parte del bufete ni por el agente”.
“Las dos acusaciones en las que se ha sustentado la sanción han quedado demostradas del todo falsas, como ha reconocido la resolución dictada ya que ni estaba ejerciendo la abogacía y sí tenía reconocida por sentencia del 2017 la compatibilidad para ejercer como abogado, estando además dado de alta en el Colegio de Abogados”, argumenta.
Desde la asociación se preguntan quién va a resarcir moralmente al compañero que estando de baja psicológica en el momento de los hechos “ha tenido que soportar este estrés emocional todos estos meses”.
“¿Cómo se cuantifica este daño moral causado al compañero y a su familia? ¿Quién va a responder en la Guardia Civil de este despropósito que decidió expedientar a un funcionario viendo un “delito” donde la misma Inspección de Trabajo no había visto nada?”, lanza José Cobo.
Para la Asociación Española de Guardias Civiles, esta resolución debería llevar al nuevo director general, Félix Azón, juez e hijo de guardia civil, “a plantearse la necesidad de cambiar este Régimen Disciplinario que ya nació rancio y obsoleto”.
