El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sanción de 20 días de arresto en establecimiento disciplinario militar a un soldado de la UME por participar en fiestas con chicas y alcohol. Tuvieron lugar en el edificio en el que dormían mientras se encontraban en una misión de apoyo en las Islas Baleares para luchar contra los incendios.
En el caso también estuvieron implicados otro soldado y un cabo, que fueron condenados por el Tribunal Militar Central a 20 y 25 días de arresto respectivamente. Formaban parte del batallón de la base Jaime I de Bétera (Valencia) y fueron destinados a Ibiza en el verano de 2020.
El Jefe de la UME le sancionó por cometer faltas graves consistentes en “agredir, promover o participar en riñas o altercados con compañeros que puedan deteriorar la convivencia en la unidad o en alteraciones del buen orden en el curso de actividades militares o en instalaciones militares”.
Está tipificado en el artículo 7 de la Ley Orgánica 8/2014 de 4 de diciembre del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Se alojaban en unas instalaciones cedidas por el Consell de Ibiza de la UME
Esta sentencia, que es la 74/2023 de 11 de octubre, ha sido dictada por los magistrados de la Sala de lo Militar Jacobo Barja de Quiroga (presidente), José Alberto Fernández Rodera (ponente), Clara Martínez de Careaga, Fernando Marín Castán y Ricardo Cuesta del Castillo.
Según se consideró probado, los tres implicados se alojaban y desempeñaban sus cometidos en unas instalaciones que habían sido cedidas por el Consell de Ibiza de la UME en virtud de un convenio con el Ministerio de Defensa.
El cometido principal era la de facilitar la constitución de los elementos de intervención por incendio forestal en esa zona, así como el transporte de vehículos asignados a otra isla si fuese necesario. Tenían que tener una disponibilidad total y el tiempo máximo para incorporarse al servicio era de una hora.
Sin embargo, durante ese periodo de tiempo, accedieron al edificio sin autorización mujeres para montar fiestas hasta altas horas de la noche, lo que provocó quejas debido al ruido de la música de las relaciones sexuales por parte del personal del Centro de Menores Padre Morey, que se encontraba a escasos metros de estas instalaciones.
Asimismo, bebían alcohol sin tener autorización, lo que les impedía estar en condiciones de conducir los vehículos de servicios. Además, uno de los vigilantes de seguridad observó al soldado orinar en la puerta de entrada al edifico.
Por otro lado, el personal civil hacía uso del “token” que los encargados de seguridad habían facilitado a los militares de la UME para acceder a las instalaciones, algo que era personal e intransferible.
El Tribunal Militar Central condenó al soldado -y a sus otros dos compañeros- por estos hechos el 29 de noviembre de 2022. Pero recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo al considerar que se había vulnerado el derecho a la defensa y su inocencia.
Una gran cantidad de testigos
Pero diversas pruebas desmontaban sus argumentos. Para los magistrados del Alto Tribunal, «la convicción de que los hechos han sucedido en la forma relatada se desprenden, de un lado, del propio expediente disciplinario” y, también, por los testigos de personal civil.
Por ejemplo, la Jefa de la Sección del Departamento de Presidencia del Consell de Ibiza y del Parque insular de Servicios Públicos declaró que transmitió una queja al teniente coronel del BIEM III por el comportamiento del personal militar.
Asimismo, comentó que vio salir a dos o tres chicas de las instalaciones entre las 9:00 y 10:00 de la mañana y que, posteriormente, las volvió a ver entrar con bolsas de la compra. También confirmó que orinaron en la entrada del edificio y que se tambaleaban debido al estado de embriaguez en el que se encontraban.
La jefa de sección de dirección del centro de menores declaró que los ruidos y voces femeninas “perturbaban la buena armonía” e integración de los niños, no siendo un buen ejemplo.
El vigilante de seguridad del centro de menores explicó que también les vio “haciendo corrillo” fumando y que hubo menores que llegaron a preguntar si había actos sexuales. Además, había un pendrive con las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Por lo que para los magistrados, había pruebas suficientes como para condenarle.
