La Asociación Atenes de Juristas por los Derechos Civiles ha presentado una querella contra el Gobierno que lideraba el expresidente Mariano Rajoy y contra el Tribunal Constitucional (TC).
Según ha explicado el portavoz del colectivo, Jordi Ferrés, los acusan de «haber vulnerado derechos civiles que están constitucionalmente protegidos» al haber impedido al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont volver a ser investido.
La registraron ayer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Piden que se investiguen las llamadas del Ejecutivo entre el 24 y el 27 de enero y que se imponga una fianza mínima, según ha informado Rac1.
Según Ferrés, esta fianza solidaria de 4.392.891 euros es simbólica y representa «un euro por cada una de las personas que vieron vulnerados sus derechos fundamentales» tras participar en las elecciones del 21 de diciembre.
El acceso a las llamadas obedece a que «miembros destacados del Gobierno llamaron a miembros del Constitucional pidiendo, por el interés de España, que dictaran medidas que no podían dictar», ha afirmado.
Al Constitucional lo acusan de «prevaricación judicial» por haber dictado unas medidas cautelares «impidiendo que una persona pudiera acceder a un derecho fundamental».
El tribunal de garantías dictaminó que no se podían celebrar plenos de investidura que no fueran presenciales y que el candidato no podía presentarse al Parlamento catalán sin autorización judicial.
Desde Atenes esgrimen que JxCat, la candidatura de Puigdemont, había concurrido legalmente a las elecciones sin oposición alguna ante la Junta Electoral Central por parte del Gobierno ni de ninguna otra formación, y que tampoco se impugnaron los resultados electorales.
Y añaden que el Consejo de Estado aprobó un dictamen en el que no veía motivos para considerar contraria a la Constitución la convocatoria de una sesión de investidura de Puigdemont.
